Roberto Sánchez (UCR) presentó una demanda formal ante el fiscal federal general para que investigue la posible comisión de delitos. El ex jefe municipal Osvaldo Morelli refutó los dichos del radical. “Está todo certificado y auditado por la Provincia y la Nación”, manifestó.
El intendente de Concepción, Roberto Sánchez (UCR),
llevó a la Justicia Federal una denuncia mediante la cual informó al fiscal
federal general Antonio Gustavo Gómez sobre la posible comisión de delitos
durante la gestión de su antecesor, Osvaldo Morelli (FPV), actual legislador
del bloque oficialista Tucumán Crece.
La presunta maniobra detallada por Sánchez y por su
secretario de Gobierno, Julio César Herrera, involucró el pago supuestamente
irregular de unos $ 20 millones a la cooperativa de trabajo Miguel Lillo, en el
marco del programa federal “Más Cerca”.
Morelli, en diálogo telefónico con LA GACETA,
refutó las aseveraciones de su sucesor. “No hubo ninguna irregularidad. Se
trata de una red cloacal de 15 kilómetros de extensión. Se hizo todo como
corresponde, y así está certificado y auditado por la Provincia y la Nación”,
señaló el hoy legislador, quien no estaba al tanto de la denuncia.
Informe
técnico
Según el resultado de una auditoría ordenada por
Sánchez sobre los períodos 2014 y 2015, la firma en cuestión está integrada por
empleados del municipio, quienes al parecer llevaron adelante los proyectos de
obra con recursos del propio Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) de
Concepción. “En teoría, las obras eran realizadas por la cooperativa, pero en
concreto quien las hacía era el municipio, con su personal, sus maquinarias y
sus materiales de construcción”, expresa la presentación judicial, a la que
accedió LA GACETA. En el escrito, Sánchez le solicitó al fiscal federal general
el inicio de una pesquisa preliminar para constatar si hubo delitos.
La denuncia expresa que la cooperativa de trabajo
Miguel Lillo contaba en su consejo administrativo con varios empleados del DEM.
“Esas personas no pueden ser proveedoras del municipio, ni por sí ni por
interpósita persona, de acuerdo al Estatuto del Empleado Municipal, la
ordenanza de Contabilidad (de Concepción) y la ley de Contabilidad de la
Provincia”, detalla el escrito. Señala además una serie de aparentes
irregularidades administrativas en la constitución de la cooperativa, como la
falta de estados contables y del certificado de normal funcionamiento que
expide el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym).
El radical Sánchez expresó que el hijo de Morelli,
el arquitecto Franco Morelli (candidato a jefe municipal de Concepción por el
oficialismo en los últimos comicios) participó en la presunta maniobra
denunciada. “Él era el responsable técnico encargado de la emisión de los
certificados de obra”, señala la presentación judicial. Y suma cuestionamientos
sobre la figura de Morelli (h). “Quien entrega ‘dichas obras’ -las comillas
pertenecen al original- en nombre de la cooperativa era el hijo del entonces
intendente. Quien las recibía en nombre del municipio era el socio (de Morelli
-h-) en algunas certificaciones y en otras el propio intendente, es decir, su
padre. ¿Cómo pagaba? Mediante órdenes de pago sin firma alguna o a veces
firmadas sólo por uno de los tres funcionarios que debían hacerlo, sin facturas
por parte de la cooperativa, y siempre mediante cheques que no debían superar
la suma de $ 50.000 para facilitar su cobro directamente por cajero del banco”,
relata la demanda. Y agrega que esos cheques “jamás fueron emitidos a favor de
quien debía legítimamente cobrar; es decir, (la firma) Miguel Lillo”. Sin
embargo, aclara la denuncia, las órdenes de pago sí estaban a nombre de la
cooperativa de trabajo. “¿Por qué los cheques no lo estaban? Simplemente porque
era el final del fraude, luego de caminado el círculo por el cual el dinero
salía y retornaba íntegramente”, señala el escrito. Y añade: “los montos por
los que se contrató a la cooperativa solamente durante los últimos tres años
superó los $ 20 millones”. Sánchez ofreció como prueba las copias de la
auditoría interna y de tres rendiciones de cuentas realizadas por funcionarios
de la Secretaría del Interior de la Provincia que intervenían en el programa
Más Cerca. “Solicito que, una vez practicada la investigación, oportunamente se
condene a los responsables”, finaliza la denuncia.
Morelli descartó que se haya cometido algún delito
en la ejecución de las obras. Y aclaró que su hijo firmaba sólo como
representante técnico del municipio. “Los vecinos ya cuentan con esas redes de
cloaca. Aquí no se tocaron fondos ni nada que no correspondiera. Analizaré la
cuestión con mis abogados”, afirmó el legislador.
Fuente: http://m.lagaceta.com.ar/nota/683570/politica/intendente-denuncia-antecesor-pago-20-millones-cooperativa-irregular.html