Instaló una escombrera en 52,8 hectáreas de San Juan. Estuvo cuatro años sin ser detectada. Destruyó lagos, secó vegas y podría contaminar el río San Juan. Exigen que intervenga el Congreso.
Una minera chilena instalada a pocos kilómetros de
la frontera con Argentina creó una escombrera de material potencialmente
contaminante en territorio sanjuanino, en el que arrojó unas 55 millones de
toneladas de residuos peligrosos entre 2007 y 2012. Son casi más de 52
hectáreas, que un estudio privado concluyó que ya arrasó con algunas lagunas,
secó vegas y va camino a contaminar un curso de agua que alimenta al río San
Juan. El gobierno provincial firmó un acuerdo para que la zona sea aislada,
pero el botadero no será removido y la compañía chilena sólo será responsable
por la calidad de la obra durante 10 años. Exigen la intervención del Congreso
nacional, ya que involucra el movimiento transfronterizo de desechos tóxicos.
La historia empezó en 2004, cuando el gobierno
chileno autorizó a la firma Antofagasta Minerals la instalación de la
escombrera Cerro Amarillo, al norte del yacimiento Los Pelambres, la séptima
mina de cobre más grande del mundo. El botadero se usó, por lo menos, entre
fines de 2007 y 2012. Allí arrojaron todos los deshechos de la mina: desde
neumáticos hasta rocas sin valor comercial por el bajo o nulo contenido de los
minerales buscados, pero capaces de provocar drenaje ácido, una forma de
contaminación.
La escombrera mide 105 hectáreas, lejos de las 88
que le habían autorizado, y tiene unos 70 metros de altura. Recién en 2011
salió a la luz que la mitad –algo así como 70 canchas de River Plate– está
ubicado del lado argentino de la frontera, en terrenos de otra minera, el
proyecto El Pachón, ubicado en el departamento sanjuanino de Calingasta,
actualmente en manos de la minera suiza Glencore.
Las primeras quejas fueron informales. Los
propietarios de El Pachón le pidieron a sus colegas chilenos que retiren la
escombrera, pero del otro lado hicieron oídos sordos. Glencore se encontró con
un peso pesado de la megaminería: Antofagasta Minerals, controlada por el Grupo
Luksic –uno de los más poderosos de Chile– y un consorcio japonés, que se
reparten la empresa en un 60 y 40 por ciento, respectivamente.
En 2014, Glencore presentó una demanda civil, en la
que reclamó la "mudanza" del botadero a Chile, la remediación
ambiental y el pago de un "canon" en concepto de alquiler. Les
respondieron que el reclamo era "oportunista".
El fundamento legal de la defensa de Antofagasta
Minerals es que el propio gobierno chileno autorizó el botadero en base a una
serie de mapas publicados por el Instituto Geográfico Militar de Chile a
mediados de la década del 80, que ubicaban la zona de la escombrera al otro
lado de Los Andes, y que la frontera fue modificada en 2012. Pero ese año lo
único que ocurrió es que se agregaron hitos en la frontera. O sea que se
reforzaron los límites, pero no se cambiaron. Es una zona que pertenece a
Argentina y sobre la que nunca hubo diferencias entre los dos países.
Ante la falta de avances judiciales, Glencore
presentó en marzo del año pasado una denuncia penal contra los últimos tres
gerentes generales de la firma: Ignacio Cruz Zabala, Alberto Cerdá Mery y
Robert Andrew Mayne-Nicholls. ¿Los supuestos delitos? Usurpación, usurpación de
aguas, contrabando y violación a le ley de residuos peligrosos. La Fiscalía
consideró que había que llamarlos a indagatoria, pero el juez Leopoldo Rago
Gallo no avanzó.
Ayuda estatal y renuncia
Poco antes de que Glencore presentara la denuncia
penal, el 8 de abril de 2015, el abogado contratado por Los Pelambras, Andrés
Jana, le envió dos cartas a la ministra de Minería chilena, Aurora Williams,
que antes de asumir trabajaba como gerente de Antofagasta Terminal
Internacional, una firma controlada por el Grupo Luksic. Las dos misivas tenían
pedidos a los que no debería haber accedido.
Primero, le pidió un certificado que reconozca que
Minera Los Pelambres actuó de buena fe. El documento fue emitido dos semanas
después con membrete oficial del Ministerio de Minería y la firma del jefe de
Gabinete de la cartera, Adolfo Galindo. Se trató de un trámite irregular por
varias cuestiones, entre ellas, que el Gobierno no tiene atribuciones para
garantizar la buena fe de una empresa y que la Cancillería ya había definido el
conflicto como "un tema entre empresas particulares".
En segundo lugar, le solicitó los resultados de un
peritaje técnico que se realizó en las aguas de alrededor de la escombrera. Ese
estudio probaba, supuestamente, que no había contaminación en la zona, lo que
reforzaba el argumento de Antofagasta Minerals de que trasladar la escombrera,
además de costar unos 200 millones de dólares, provocaría más contaminación. El
problema es que las muestras habían sido analizadas por la consultora SGS,
contratada por Los Pelambres. Y fue la propia minera la que le entregó los
resultados al Gobierno. Aún así, el jefe de Gabinete se los dio al abogado Jana
con el timbre oficial y su firma. Fue una maniobra para hacer aparentar al
estudio como un peritaje estatal.
Todo terminó con un sumario interno y la salida del
jefe de Gabinete ministerial. Al poco tiempo volvió como asesor de la ministra
y finalmente fue sancionado en diciembre a pagar una multa equivalente al 10%
de su sueldo. La sacó barata.
Contaminación
Lejos de los análisis elaborados por SGS, en mayo
del año pasado se conoció otro estudio que confirmó que la escombrera contaminó
el suelo argentino y que los análisis de Antofagasta Minerals habían sido
hechos en una laguna alejada, ubicada a 2 kilómetros de la escombrera, que si
bien no presentaba agua ácida, sí tenía agua alcalina.
Este nuevo trabajo que confirmó el daño ambiental
lo elaboró la consultora URS AECOM por pedido de Glencore. Concluyó que
desaparecieron algunas lagunas que fueron cubiertas con escombros, que otras
van camino a extinguirse, que el volumen de agua en la zona cayó, que las vegas
se están secando, que la escombrera produjo una alteración en el normal
escurrimiento de las aguas hacia abajo, y que si no se hace nada, se va a
terminar contaminando el río Carnicería, que alimenta al río San Juan.
Los investigadores también localizaron 470
neumáticos gigantes del lado argentino, que con el tiempo experimentarán una
peligrosa descomposición parcial que liberará tóxicos muy peligrosos. El
informe aclaró que la escombrera ni siquiera cumple con su propio plan de
manejo de residuos, que exige, entre otras cosas, la colocación de material
aislante bajo las gomas, en concreto, "polietileno de 0,03 milímetros de
espesor entre dos capas de arena y una superior de gravilla".
Lo más grave tiene que ver con la capacidad del
material estéril para generar drenaje ácido. Mientras el Estudio de Impacto
Ambiental de Cerro Amarillo –hecho antes de que se autorizara la escombrera–
aseguró que no iba a haber impacto ambiental, la investigación arrojó que
"casi todo el material depositado tiene un potencial neto de acidez y va a
producir aguas ácidas".
En efecto, cuando se midió el volumen de acidez de
la laguna LC4, ubicada a menos de 200 metros del botadero, del lado argentino,
se encontró "un pH de 4,4, lo cual corresponde a aguas ácidas, muy
probablemente debido a drenajes provenientes de la escombrera". También se
notó que "presenta altos valores de conductividad, y altas concentraciones
de sulfato, nitrato y cobre, entre otros parámetros, al igual que la laguna
LC5, actualmente semicubierta por la escombrera". Y que en la zona hay
"contaminación por nitrato como nutriente limitante".
Esto muestra que el agua es de baja calidad, cuando
la propia minera sostuvo en su Estudio de Impacto Ambiental que en la zona hay
"sistemas con agua de buena calidad" con "una biomasa
considerable de flora acuática y macroinvertebrados".
URS AECOM también descubrió "vegas muertas, en
una franja paralela a la escombrera, probablemente generada por las aguas
ácidas provenientes de la escombrera".
A la hora de analizar las imágenes satelitales, el
informe halló que entre 2006 y 2014 las lagunas pasaron de ocupar 18,5 a 13,2
hectáreas, y que las vegas cayeron de 13 hectáreas a 4,3 entre 2006 y 2010.
Por otra parte, se hallaron "errores" e
"inconsistencias" en el Estudio de Impacto Ambiental de la
escombrera, cuyo mapa extrañamente se presentó sin una traza de la frontera, lo
que habría delatado que casi la mitad está ubicada del lado argentino.
Ese estudio de la minera chilena reconoce que hay
drenaje superficial de aguas hacia el territorio argentino, pero el plan de
manejo del agua elaborado para Los Pelambres fue diseñado para aguas que fluyen
hacia el rajo abierto de la mina, del lado chileno, por lo que está mal hecho.
De hecho, en una visita de campo, los investigadores de URS AECOM vieron que
buena parte de las lagunas chilenas se secaron, lo que indica que el flujo se dirige
al lado argentino.
Por último, el informe subrayó la falta de
actividades de monitoreo en la zona, o, dicho en criollo, la ausencia absoluta
de control, tanto estatal como privado.
Acuerdo
En mayo del año pasado, el juez Miguel Ángel
Gálvez, titular del Juzgado Federal 1 de San Juan, ordenó –como medida
cautelar– el aislamiento absoluto de la escombrera hasta tanto decida si debe
ser retirada o no. Pero la minera chilena no acató.
Al mes siguiente, el 17 de junio, el abogado
sanjuanino Diego Seguí le envió una carta al ministro de Minería provincial,
Felipe Saavedra, exigiéndole que intervenga. Finalmente, el fiscal de Estado
Guillermo De Sanctis se presentó en el expediente 40 días después. Fue ese
funcionario quien el 10 de agosto acordó durante una audiencia de conciliación
con los abogados de la minera el "aislamiento ambiental y
sustentable" de la escombrera. No pidió ningún tipo de indemnización.
Luego de una serie de pasos formales, el 28 de
abril pasado el gobierno provincial firmó un acuerdo con Los Pelambres, que en
realidad es una materialización de la medida cautelar, ya que establece más o
menos lo mismo: que la escombrera no será removida, sino aislada; todo,
financiado por Antofagasta Minerals y bajo el control del Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), un organismo completamente
desprestigiado entre los ambientalistas, ya que es el mismo que debía auditar
lo que ocurría en la mina Veladero, donde en septiembre del año pasado se
derramaron millones de litros de agua cianurada al río Potrerillos, en San
Juan. Pero con un agregado: Los Pelambres sólo será responsable de la calidad
de la obra por 10 años.
Los ambientalistas cuestionan cuatro aspectos de
ese acuerdo:
Uno: la minera chilena se ahorrará 200 millones de
dólares y no pagará ningún tipo de indemnización.
Dos: no es la mejor solución. Apenas unos meses
antes, en agosto de 2015, el Diario de Cuyo consultó a cuatro expertos del
sector minero que coincidieron en que "es más conveniente retirar la
escombrera que remediarla para que no tenga efectos contaminantes".
Opinaron cuatro defensores de la actividad, incluido el titular de la Cámara
Minera de San Juan, Jaime Bergé, quien pidió la semana pasada la derogación de
la ley de glaciares.
Tres: el acuerdo debería pasar por el Congreso.
"Un convenio que tiene por objeto la remedición de un daño ambiental
causado dentro del territorio nacional (San Juan) por un sujeto extranjero
(Antofagasta Minerals) desde otro país (Chile) exige ser tratado por el
Congreso en virtud de la Constitución Nacional. Es una cuestión federal",
explicó a Infobae el abogado Diego Seguí. Y aclaró que el material arrojado a
la escombrera se ajusta a la definición de desechos peligrosos descripta en el
Convenio de Basilea, ratificado por la ley 23.922.
Cuarto: es inconstitucional. El artículo 41 de la Carta Magna es muy claro al respecto, ya que prohíbe "el ingreso al territorio de residuos actual o potencialmente peligrosos".
Fuente: http://www.infobae.com/politica/2016/06/15/una-empresa-chilena-creo-un-megabasurero-de-residuos-mineros-en-suelo-argentino/