Uno de los ejes del debate pasará por la posibilidad de modificar la Carta Magna provincial. La ley de Ética, en agenda La comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales le dio dictamen por unanimidad al proyecto para crear un comité especial.
Oficialistas y opositores de la comisión de Asuntos
Constitucionales e Institucionales de la Legislatura llegaron a un acuerdo, en
términos generales, y avalaron el proyecto de resolución que se tratará en la
sesión de mañana, mediante el cual se concretará la creación de un comité
especial para la reforma electoral y política de la provincia.
Ahora, la disputa política pasará por los alcances
de la modificación normativa, que comenzará a regir de forma íntegra en los
comicios provinciales de 2019.
La reunión de ayer llegó días después del anuncio
del fin del cuestionado sistema de ayudas sociales a personas de la Cámara, y
permitió vislumbrar algunos anticipos de lo que será ese debate. Marcelo
Caponio, titular de Asuntos Constitucionales e Institucionales, abrió el
encuentro anticipando que está a favor de una revisión total de las leyes que
regulan el sistema político, institucional y electoral en Tucumán. Incluso,
advirtió que, en su opinión, se deben modificar varios puntos de la Constitución
provincial, vigente desde 2006. Su postura no tuvo eco total entre los
opositores José Canelada (UCR), Stella Maris Córdoba (Peronismo del
Bicentenario) y Eduardo Bourlé (Trabajo y Dignidad). Sin embargo, todos ellos
(incluido el oficialista Luis Morghenstein, que también forma parte del comité)
se mostraron a favor de iniciar el debate. Está previsto que participen los
partidos con representación legislativa en una primera etapa; luego, los
movimientos y organizaciones que no ocupan bancas; y por último, entidades
civiles y profesionales.
Caponio instó a revisar la Junta Electoral
Provincial, la Ley de Partidos Políticos, la división territorial del
electorado y el Jury de Enjuiciamiento, entre otros institutos y leyes. “La
creación de esta comisión especial para la reforma política y electoral es
necesaria. El jueves (mañana) se tratará en sesión”, indicó Caponio. Bourlé
luego pidió por la participación de abogados colegiados y otras entidades
civiles. “Esto tiene que ver con la comunidad en su conjunto”, señaló el
referente de la Bancaria. La peronista disidente Córdoba indicó luego que son
muchos los temas a debatir. “Me parece muy bien. Hay que consultar todas las
ideas, pero somos los legisladores quienes votaremos”, aclaró la ex diputada,
mientras llegaban los pocillos de café a la mesa de trabajo. Caponio aclaró que
serán los integrantes de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la
Cámara quienes le darán dictamen al anteproyecto final. “Se puede revisar la
duración del mandato de los jueces. También las tasas municipales, que implican
un cobro excesivo para los ciudadanos; hoy son un impuesto distorsivo. Otro
tema es el Jury de Enjuiciamiento, que volvió a ser frenado por una cautelar.
El Poder Judicial no tiene hoy un órgano que lo controle”, dijo. Bourlé asintió
con la cabeza, pero aclaró que “quizás (esos asuntos) no sean prioridad” en la
agenda de los tucumanos. “Hoy los ciudadanos hablan de inseguridad, de trabajo,
de la salud... Pero es bueno que contemos con tiempo para trabajar”, afirmó.
Los miembros de la comisión firmaron luego el
proyecto de resolución, que quedó listo para ser debatido en el recinto. A
continuación, Caponio avisó que en la próxima reunión de trabajo se avanzará
con los proyectos de ley de Ética Pública y Ética Judicial. Córdoba le reclamó
que hace semanas solicita que se analice el reglamento interno del Poder
Legislativo, y puso como ejemplo la normativa de Diputados de la Nación. “Es
mucho más democrático que el nuestro”, aseveró.
Tras acordar ese temario, los legisladores se
pusieron de pie y se despidieron. Mañana, en el recinto, el debate
probablemente no sea tan calmo.
"Es momento de hablar menos y de hacer
más", retrucó Jaldo
El anuncio de la eliminación del sistema de ayudas
sociales a personas (o gastos sociales) de la Legislatura generó diversos
cruces. Uno de los más tensos es el que mantienen el vicegobernador y titular
de la Cámara, Osvaldo Jaldo (PJ), y el intendente de la Capital, Germán Alfaro
(ApB).
Días atrás, el jefe municipal había instado al cuerpo
colegiado a reducir su presupuesto a modo de “gesto”. Ayer, en un recorrido por
la fábrica Imerys Perlitas, en Banda del Río Salí, Jaldo fue consultado sobre
esa “recomendación”. “Creo que es momento de hablar menos y hacer más”, retrucó
el vicegobernador. Y agregó: “tenemos que trabajar todos unidos para tratar los
flagelos que golpean a la gente; por eso sugiero a todos aquellos que tienen un
cargo institucional, que llegaron por la voluntad popular, que hablen menos y
que hagan más para que las soluciones lleguen a los tucumanos. Hay que trabajar
de forma seria, y por eso es que desde la Legislatura ya dimos el primer paso
importante en la reforma política en la provincia”, manifestó el tranqueño.
Avisó además que en la sesión de mañana se tratará la ampliación
presupuestaria, que llevará a unos $ 45.000 millones los recursos del año en
curso. “Estamos haciendo un manejo responsable de las finanzas públicas”,
aseguró el titular de la Legislatura.
Alfaro, mientras tanto, supervisó obras de
repavimentación en calle Mendoza al 200, donde insistió con su postura hacia el
cuerpo colegiado. “Es necesaria la reforma política; en la medida que sea hecha
con mucha seriedad va a ayudar a la transparencia, a la institucionalidad”,
sostuvo el jefe municipal. Además, se mostró en contra de que se modifique la
Carta Magna. “Se pueden hacer las cosas sin reforma constitucional. Eso de
volver a meter a la gente en un proceso de reforma constitucional no tiene
sentido. No tenemos que acostumbrarnos a hacer reformas cada 10 años. Son
modificaciones que tienen que mantenerse en el tiempo”, consideró el ex
secretario de Gobierno de Domingo Amaya. “No creo que haya reforma de la
Constitución porque, lo que significa el arco opositor, no estamos de acuerdo”,
concluyó.
Sólo tres
legisladores cumplieron con Feput
Tres legisladores, un ex legislador y
representantes de colegios profesionales y de otras organizaciones participaron
ayer de la convocatoria de la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Tucumán (Feput), que llamó a una reunión para impulsar el
tratamiento de un proyecto de ley provincial de Ética Pública.
El encuentro se llevó a cabo en la sede de calle
Crisóstomo Álvarez al 500, y estuvo encabezado por la titular de la entidad, la
contadora Patricia Manso.
“En el año 2013 (a través del entonces legislador
José Manuel Páez, de la Democracia Cristiana), presentamos un proyecto de ley
de Ética Pública que aún no ha perdido estado parlamentario. Por lo tanto,
convocamos a legisladores para que lo pongan en agenda y sea tratado en el
recinto”, afirmó Manso, en diálogo con LA GACETA.
Aceptaron la invitación de los profesionales los
legisladores José María Canelada y Luis González (UCR), y el macrista Luis
Brodersen. También estuvo Páez, además de representantes de diferentes
colegios.
Los presentes tomaron con agrado el anuncio de que
la comisión de Asuntos Constitucionales e Institucionales de la Legislatura
comenzará a analizar en reuniones de trabajo las diferentes iniciativas. “Nos
alegramos (por esa decisión). Lo que queremos es que salga una norma para toda
la comunidad”, indicó la titular de Feput. Advirtió que pidieron una audiencia
además para exponer su postura. “(La iniciativa) implica que todas las
autoridades que tenemos en la provincia presenten su declaración jurada de
bienes y rindan cuentas de lo que hacen ante una comisión controladora.
Consideramos que también deben ser incluidos los titulares de asociaciones
profesionales y gremiales. Así, todos estaríamos obligados (a presentar el
patrimonio)”, resumió.
Aseveró que esa normativa es clave para lograr un
manejo claro de los recursos públicos. “Como se dijo durante la reunión: creo
que la ética pública, la transparencia y la lucha contra la corrupción no
funcionan como una pastilla, que se toma y cambia todo. Pero sí podemos poner
límites y legislar para que mejore (el nivel de transparencia)”, manifestó
Manso.
Los profesionales esperan ser recibidos el 15 de
septiembre en la sede de la Legislatura.
Fuente: http://m.lagaceta.com.ar/nota/696888/politica/reforma-politica-llega-manana-al-recinto.html