El Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura de la ONU
expresó su preocupación ante la situación carcelaria del país y alertó respecto
a los niveles de sobrepoblación. También advirtió sobre las consecuencias del
proyecto de reforma de la Ley de Ejecución Penal, que imposibilita el acceso a
salidas anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos.
El Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura (CAT)
mostró preocupación sobre la situación carcelaria de la Argentina y reclamó
medidas urgentes del Estado para "detener e investigar" las denuncias
por tortura y maltrato.
En un informe de 11 páginas, el Comité de la ONU instó a
“tomar medidas urgentes para evaluar las prácticas de tortura y maltrato en los
centros de detención a nivel federal y provincial”, con el fin de “desarrollar
las políticas de prevención necesarias y dispositivos de control internos y
externos”.
En ese sentido, destacó la necesidad de "supervisar los
procedimientos de registro personales y garantizar” para que “no sean
degradantes para los detenidos o para los visitantes a los centros”. Además
solicitó adoptar las medidas necesarias para “transformar el servicio
penitenciario en un modelo institucional de naturaleza civil”, mediante su
“profesionalización y transparencia en su actuación y separando de manera
efectiva las funciones de seguridad y tratamiento de reclusos”.
El Comité también mostró su preocupación ante las denuncias
por “violencia y arbitrariedad de las fuerzas de seguridad en detenciones
policiales sin orden judicial”, tales como las detenciones por averiguación de
identidad y otras detenciones no vinculadas a conducta delictiva. Al mismo
tiempo alertó sobre el elevado número de muertes en detención.
En cuanto a la población penitenciaria, el Comité señaló el
"aumento sostenido" en los últimos años y consideró que “agrava los
niveles de sobrepoblación ya existentes en varias provincias” y pone “en el
estado de emergencia penitenciaria la provincia de Buenos Aires”. También
alertó sobre la “degradación de las condiciones sanitarias, la deficiente
alimentación y acceso a la atención médica y en la falta de separación entre
personas condenadas y procesadas”.
Asimismo, el Comité advirtió respecto a la práctica de
alojar a personas detenidas de forma prolongada en dependencias policiales.
Puntualmente, el organismo de la ONU recordó el incendio ocurrido en marzo 2017
en la Comisaria 1 de Pergamino, Buenos Aires, en el que murieron 7 detenidos.
El documento resaltó el “elevado número de detenidos en
prisión preventiva”, y mostró su “preocupación” ante el proyecto de reforma de
la Ley de Ejecución Penal (24.660), que imposibilita el acceso a salidas
anticipadas a un número amplio de condenados, incluso por delitos no violentos.
Según el organismo, la iniciativa “impide la reinserción social e impacta en la
sobrepoblación penitenciaria ya existente”.
Específicamente, el Comité de la ONU recomendó “evitar
adoptar reformas legislativas que desnaturalicen el principio de progresividad
en que se basa la reinserción social de los condenados, conforme a las normas
internacionales”.
Fuente: DJ