Fernando Sebastián Medina y otro recluso denunciaron en septiembre la venta de estupefacientes ante Roberto Guyot, juez de Ejecución de Sentencia. El magistrado envió las actuaciones al fiscal Camuña.
Por pedido del fiscal federal Pablo Camuña, 14
guardiacárceles fueron separados provisoriamente del servicio penitenciario por
estar mencionados en la denuncia que investiga en la causa por tráfico de
drogas en el penal de Villa Urquiza.
Ahora, con el crimen consumado, el fiscal federal recibió
nuevas denuncias en contra de los miembros del servicio penitenciario. Además,
está trabajando en conjunto con la fiscala provincial Adriana Giannoni, que le
enviará todos los elementos que haya reunido sobre el tráfico de drogas, ya que
ella, por una cuestión de competencia, sólo puede investigar las circunstancias
en la que se produjo el homicidio de Medina.
En Tribunales de la avenida Sarmiento, en base a la
declaración de varios testigos, se sumaron una serie de indicios para elaborar
una teoría sobre cómo era el tráfico de drogas en la cárcel. Siempre según esa
hipótesis, los estupefacientes eran ingresados al penal por los guardias que se
los entregaban a reclusos para que los vendieran a sus compañeros de encierro.
También los investigadores habrían establecido que los días de visita, un
transa del penal podría recaudar entre $15.000 y $18.000 por la venta de
marihuana, cocaína y psicofármacos.
Guillermo Snaider, señaló que desde el Gobierno se dieron
precisas instrucciones para que se brinde toda la colaboración a la Justicia
para que se desarrolle esta investigación. “Estamos respondiendo toda la
información que nos requiere la Justicia, tanto provincial como federal.
Paralelamente estamos en pleno desarrollo de un sumario administrativo para
saber si alguno de nuestros hombres tuvo algún tipo de responsabilidad en estos
casos”, comentó.
El funcionario confirmó que el personal permanecerá separado
del cuerpo hasta que culmine la investigación. En caso de que los
guardiacárceles sean absueltos, volverán a sus tareas.
Fuente: La Gaceta