Propietarios de la pick-up
reportaron problemas con el filtro de partículas diésel y se presentaron en
concesionarios de todo el país. Mientras marca analiza los casos, los usuarios
necesitan asesoramiento legal para que sus
reclamos sean correctamente atendidos.
Abogados Tucumán tomó nota del
caso que, como ocurrió con otras marcas presentes en el mercado, estas
situaciones ameritan el correcto asesoramiento de un letrado para proteger el
capital de los consumidores.
Recordamos que la automotriz Fiat
Chrysler Automobiles (FCA) emitió un comunicado para informar que "tomó
conocimiento" de casos de usuarios que realizaron reclamos por problemas
en la calidad del aceite en una de las versiones del modelo Fiat Toro con caja
manual.
Sin embargo, en foros online
vinculados con el rubro automotor, crecieron las quejas de propietarios que
apuntan a que se trata de una alerta que se origina en el filtro de partículas
diésel (DPF).
El abogado, Federico Díaz, fue
consultado por un periodista de AT y explicó que es necesario conocer
acabadamente cuál es la falla técnica que sufre el vehículo: “Siempre es bueno
consultar con un especialista para conocer el alcance del daño. Este tipo de
fallas en los vehículos ocurre muy seguido y tiene que primar la solidaridad
entre el concesionario y el cliente, para que ellos tomen conocimiento de la
situación y el auto ingrese al taller para hacer un diagnóstico, en el que
conste la orden de trabajo”.
Luego de esta consulta, las
alternativas son varias. La Ley de Defensa del Consumidor interpreta que un
automóvil es un producto complejo, en el que puede reemplazarse una parte o en
conjunto para que vuelva a su condición de óptimo.
“Cuando uno compra un auto,
compra un producto cero kilómetro, con toda la seguridad que ello representa. En
el caso de que haya sido reemplazada una parte del vehículo, algo que el
empresario puede hacer, el desperfecto puede acarrear otros daños. En el caso
de la Fiat Toro, el modelo ya perdió su valor
de mercado porque trascendió colectivamente la falla que tiene un origen en
fábrica”, explicó.
En el caso de que el automóvil
ingrese al taller, el concesionario entrega un vehículo muleto que en muchos
casos no tienen las mismas prestaciones que el adquirido, y puede acarrear un
daño moral, al atravesar por esta situación.
La Ley contempla la posibilidad
de reclamar por daño punitorio, como una especia de sanción al fabricante y al concesionario.
“Pero si el empresario se comporta en términos concretos, respondiendo con su
atención al afectado. Se puede valorar este gesto”, dijo.
Sin embargo advirtió que cuando
la reparación no satisface al cliente y el vehículo acarrea otras fallas, puede
darse inclusive el cambio, por ejemplo, de un motor o directamente de la
unidad.
“Siempre hay instancias
intermedias para reclamar gratuitamente a través de la Dirección de Comercio
Interior. Pero también, bajo la asistencia de un abogado, y en el marco de un
posible proceso, se insta a una mediación entre partes para resolver la
cuestión”, dijo Díaz.
Fuente: Abogados Tucumán
