Las tecnologías de vigilancia aérea que usan las fuerzas de
seguridad impactan en los derechos de las personas. ¿En qué medida pueden ser
utilizadas en el monitoreo de protestas y movilizaciones sociales, así como en
búsquedas judiciales, sin afectar la privacidad de las personas?
En la Argentina es cada vez más común que las fuerzas de
seguridad emitan comunicados en los que se hace referencia al uso de
tecnologías de vigilancia como drones en diversos tipos de operativos.
Por ejemplo, el Gobierno porteño anunció este año el uso de
globos de vigilancia de origen israelí. Sin embargo, es poco transparente el
uso que se les da a estos artefactos, así como con qué medios cuenta cada
fuerza.
¿Cuál es el impacto en los derechos humanos que tiene el uso
de las tecnologías de vigilancia aérea? ¿En qué medida pueden ser utilizados en
el monitoreo de protestas y movilizaciones sociales, así como en búsquedas
judiciales, sin afectar la privacidad de las personas?
La Asociación por los Derechos Civiles (ADC), una
organización no gubernamental especializada en áreas como privacidad y libertad
de expresión, fue la organizadora del encuentro “Tecnologías de vigilancia
aérea: Estado, legislación y desafíos”, que se llevó a cabo en la Facultad de Derecho
de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
El municipio de Tigre, en el norte del Gran Buenos Aires,
fue uno de los primeros en anunciar el uso de drones en actividades de control
policial y con el paso del tiempo su uso se extendió a fuerzas de otros
distritos del país.
Entre otros casos de uso de vigilancia aérea en operativos
policiales, el año pasado se conoció que la Policía porteña usó dos drones en
un allanamiento en la casa de un estudiante de la Universidad Argentina de la
Empresa (UADE) que supuestamente había ingresado en la red informática de la
universidad para cambiar calificaciones.
Fuente: At
