Urge recuperar la confianza de los latinoamericanos en las instituciones públicas, pues se está poniendo en riesgo la cohesión social y debilitando el contrato social.
Así lo concluyó Perspectivas Económicas de América Latina 2018 "Repensando las Instituciones para el Desarrollo" elaborado por el Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de las Naciones Unidas (CEPAL), y CAF - Banco de Desarrollo de América Latina, en colaboración con la Comisión Europea.
El informe -lanzado ayer en Bruselas- enfatizó la necesidad de reconectar a las instituciones con los ciudadanos, respondiendo de mejor manera a sus demandas y aspiraciones para fortalecer un modelo de crecimiento inclusivo y sostenible en América Latina y el Caribe (ALC).
La región está en una senda de recuperación suave, luego de cinco años de ralentización económica y una recesión de dos años (2015-2016). Para 2018, el documento estimó un crecimiento del PIB entre 2 y 2,5%, después de haber crecido en un 1,3% en 2017.
El debilitamiento del desempeño económico ha tenido un impacto en los niveles de vida y podría poner en peligro el notable progreso socioeconómico de las décadas anteriores.
Hoy, el 23% de los latinoamericanos aún vive por debajo del umbral de la pobreza, y alrededor del 40% pertenece a la clase media vulnerable.
No obstante reconoce la rápida expansión de la clase media como una de las principales transformaciones socioeconómicas de los últimos tiempos en ALC. El 34,5% de la población se podría considerar como clase media consolidada en 2015, por encima del 21% en 2001. Si se utilizan medidas subjetivas de pertenencia a clases sociales, incluso más latinoamericanos se consideran a sí mismos como "clase media", aunque su nivel de ingresos los ubicaría en la categoría de ingresos más bajos. La influencia de la clase media en la agenda política, impulsada por aspiraciones más altas, expectativas crecientes y demandas cambiantes, puede ser incluso mayor de lo que sugieren las estadísticas y explicar la creciente insatisfacción con la calidad de los servicios públicos.
El informe subraya que la confianza en las instituciones, así como la satisfacción con los servicios públicos, se ha deteriorado, debilitando así el contrato social en la región. La proporción de población satisfecha con los servicios de salud pasó de 57% en 2006 a 41% en 2016, ubicándose muy por debajo de los niveles de la OCDE -70%. La satisfacción con el sistema educativo cayó de 63% a 56% para ese periodo. Esto contribuye al descontento social y a la poca disposición de los ciudadanos a pagar impuestos, también llamada "moral tributaria". En 2015, el 52% de los latinoamericanos, 6 puntos porcentuales más que en 2011, aseguró estar dispuesto a evadir impuestos si tuvieran la ocasión de hacerlo. El descontento social con los servicios públicos es aún mayor para la población pobre y vulnerable pues no pueden acceder a otros servicios de mejor calidad provistos por el sector privado.
Ante este cuadro, el informe recomendó instituciones más sólidas para superar la trampa del ingreso medio aumentando la productividad a través de inversión en infraestructura, habilidades, tecnología e investigación y desarrollo para estimular la innovación, la competencia y mejores empleos. La región necesita diversificar su estructura de producción e incrementar su valor agregado. Una mayor integración regional y mundial es clave.
Segundo, renovar el contrato social en ALC, lo que exige reforzar la credibilidad y la capacidad de los Estados para luchar contra la corrupción, prestar mejores servicios y responder a las demandas de los ciudadanos. Junto a ello, promover una cultura de integridad en todos los niveles del gobierno y mejorar los marcos regulatorios para fomentar un mayor nivel de responsabilidad.
Finalmente, el uso de nuevas tecnologías para impulsar la innovación en el sector público puede ayudar a reconectar el Estado con los ciudadanos y a prepararse a los desafíos futuros.
Por ejemplo, involucrarse más con la sociedad civil a través de nuevas plataformas tecnológicas, promover las políticas de gobierno abierto y utilizar de manera más extensa los análisis de grande data en el diseño de políticas públicas.
Fuente: Tucumánhoy.com
