El presidente de la
Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, autorizó la apertura de un juicio
político con fines de destitución contra la presidenta brasileña, Dilma
Rousseff, tras considerar procedente una acusación contra la mandataria por
irregularidades fiscales ocurridas en 2015.
Cunha anunció su decisión en una rueda de prensa
en la que aclaró que no encontró ninguna objeción para rechazar la acusación y
en la que dijo lamentar dar inicio a un proceso que será responsabilidad de la
Cámara de Diputados y que, en su opinión, el país necesitaba enfrentar en algún
momento.
"No hago esto por motivación política y la
rechazaría (la acusación) si no estuviese de acuerdo con la ley", afirmó el presidente de la Cámara baja, un dirigente del
oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) que en
septiembre pasado se declaró "independiente" y que desde entonces
viene apoyando causas defendidas por la oposición.
El presidente de los Diputados dijo que hasta
ahora había rechazado 27 de 34 peticiones que recibió para autorizar el inicio
de un juicio político contra la presidenta por considerarlas en desacuerdo con
la ley o referirse a hechos ocurridos en el primer cuatrienio de Rousseff, que
asumió su segundo mandato de cuatro años en enero pasado.
"Rechacé todas las peticiones que se
referían a hechos ocurridos en el mandato anterior para respetar la
Constitución pero tengo que aceptar esta solicitud porque su argumentación es
correcta, no tiene errores formales y acusa a la mandataria de crímenes de
responsabilidad ocurridos este año", aseguró.
La Constitución brasileña prevé la celebración de
juicios políticos contra un jefe de Estado siempre y cuando se comprueben razones
jurídicas o los denominados "delitos de responsabilidad", lo que
atañe a los manejos irregulares de las finanzas públicas.
La petición aceptada por Cunha argumenta que
Rousseff incurrió en ese tipo de delitos al avalar una serie de maniobras
irregulares que permitieron maquillar los resultados fiscales del año pasado y
que, según los órganos de contraloría, podrían haberse repetido este año.
Cunha admitió que la petición presentada por
varios juristas, entre los cuales Helio Bicudo, uno de los fundadores
del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), se refería a maniobras
fiscales del año pasado, pero que sus autores presentaron un anexo para incluir
en la acusación irregularidades supuestamente ocurridas este año.
"Mi responsabilidad es únicamente autorizar
la apertura del proceso pero no la de proferir juicio de mérito sobre la
acusación", aclaró Cunha.
Agregó que el inicio oficial del juicio contra el
jefe de Estado depende de que una comisión que la Cámara de Diputados creará
esta misma semana se pronuncie sobre el mérito de la acusación.
Según el reglamento del Congreso, una vez acogida
la acusación, la Cámara tiene un plazo de diez sesiones legislativas para
notificar al jefe de Estado de la acusación y para crear una Comisión Especial
de diputados que tendrá que emitir un parecer sobre si acepta o rechaza el
inicio del proceso.
El presidente de los Diputados lamentó su propia
decisión y dijo que no consiguió ningún argumento técnico para desmontar la
acusación presentada contra la mandataria.
"No lo hago con felicidad, incluso porque se
trata de una decisión delicada en momentos en que el país atraviesa una
situación difícil, con la economía en crisis y una crisis política",
afirmó.
Cunha dijo que el juicio político es un proceso que
de cualquier forma tenía que ser enfrentado por el país, que no podía aplazarse
por más tiempo, y destacó que Brasil cuenta con un Congreso
"soberano" para hacerse cargo.
"Lamento profundamente lo que está ocurriendo
y no tengo ninguna felicidad con el acto que estoy practicando. Espero que el
país pase por este proceso", aseguró.
El presidente de la Cámara de Diputados anunció su
decisión precisamente el día en que el PT, el partido de Rousseff, informó de
que apoyará la apertura de un proceso en el Consejo de Ética que puede despojar
al legislador de su mandato.
Cunha enfrenta varias acusaciones en el marco del escándalo de corrupción descubierto en Petrobras y recientemente la Fiscalía le abrió un proceso por unas cuentas bancarias nunca declaradas que le descubrió en el exterior y que al parecer recibieron depósitos de recursos desviados de la petrolera estatal.
Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=818391
