La diferencia es de casi medio millón de chicos. Hace dos
años permanece en el Congreso un proyecto para su obligatoriedad.
En el diagnóstico todos parecen estar de acuerdo. Pocas
inversiones son tan importantes como apostar a la primera infancia. Fue una
bandera del oficialismo: a poco de asumir el gobierno (en marzo de 2016), el
presidente Macri envió al Congreso un proyecto de ley para hacer obligatoria la
sala de 3 años. La iniciativa, que venía con el consenso de los 24 ministros de
educación provinciales, se basa en diversos estudios que muestran que cuantos
más años cursan en jardín mejores resultados obtienen los alumnos en la
secundaria. Además hay consenso en que la universalización del nivel inicial es
una las principales herramientas para lograr igualdad de oportunidades.
Pero pasaron más de dos años, el proyecto sigue en el
Congreso y el acceso no a la sala de 3 no mejora sensiblemente. Hoy en la
Argentina hay 294.001 chicos de esa edad en la escuela, son 60% menos que los
734.138 que van al preescolar (sala de 5), de acuerdo a nuevos datos oficiales.
La cobertura de la sala de 3 apenas llega al 40%, según surge de un trabajo de
Unicef y Cippec.
Un nuevo estudio del Observatorio Argentinos por la
Educación muestra que entre 2011 y 2016 el jardín de infantes (en su conjunto)
incorporó 202.392 alumnos, lo que implica un incremento del 12,9%. Pero lo que
más creció fue la sala de 4, que agregó 104.799 chicos. En el mismo lapso, la
sala de 3 sumó a 36.972 alumnos.
“Más importante que
la discusión por la obligatoriedad es que las familias tengan acceso a las
salas de tres años. La normativa que está vigente plantea su universalidad, es
decir, que el Estado es responsable brindar vacantes a todos los niños de 3
años que quieran ocuparlas. Este punto no es menor, ya que la brecha entre las
vacantes existentes y las que se necesitan es enorme”, dijo a Clarín Alejandra
Cardini, directora del programa de Educación de Cippec.
Cristina Tacchi, presidenta de la Organización Mundial para
la Educación Preescolar (OMEP) Argentina, hace otra observación a la ley que
está en el Congreso. Para ellos, la obligación debería recaer sólo sobre el
Estado y no en las familias.
La ley enviada por Macri tiene media sanción de Diputados y
permanece en el Senado desde noviembre de 2016. El senador Esteban Bullrich,
uno de los principales impulsores, le dijo a Clarín que sigue en la Comisión de
Educación de la Cámara Alta y que el tiene “alguna resistencia de provincias
por el financiamiento”.
El diputado José Luis Riccardo preside la comisión de
Educación en Diputados, donde se debatió originalmente este proyecto. Le dijo a
Clarín que va “a insistir para que se mueva”. “Es definitivamente una política
concreta para achicar las desigualdades de origen”, afirmó.
Fuente: Especial AT
