Luego del rechazo del Senado al proyecto de ley que buscaba
la legalización del aborto en la Argentina, el Poder Ejecutivo de la Nación
confirmó que incluirá la despenalización de la práctica en la reforma del
Código Penal.
Luego del rechazo por mayoría en el Senado de la ley de
Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el Poder Ejecutivo adelantó hoy que
antes de fin de mes se presentará el proyecto de reforma al Código Penal, que
incluirá un capítulo sobre la despenalización del aborto.
Marcos Peña explicó que el próximo 21 de agosto se
presentará en el Congreso el proyecto de reforma, elaborado por una comisión
especial, presidida el camarista de Casación Penal Mariano Borinsky, y señaló
que “hace casi 100 años que no se actualiza integralmente” esta legislación, lo
cual consideró “es algo necesario y que va generar lógicamente muchas
discusiones”.
El anteproyecto propone que la despenalización de la mujer
que se somete a un aborto quede a criterio de un juez, aunque la asistencia
médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de
violación y riesgo de vida de la mujer, como la actual legislación.
Por su parte, el ministro de justicia, Germán Garavano, para
evitar la discusión alrededor de la discrecionalidad de los jueces, propuso
directamente levantar el castigo a las mujeres que desean acceder a esta
práctica.
Los magistrados que trabajaron en la propuesta de la
despenalización del aborto buscaron un equilibrio que contemple todos los
derechos constitucionales en juego, como el derecho a la vida y el derecho a la
libre disponibilidad del cuerpo de la mujer y a su autonomía personal.
De esta manera, en caso que se apruebe por el Congreso de la
Nación, el aborto continuaría siendo un delito, pero con más excepciones que en
la actualidad. La modificación central es declarar no punible a la mujer que
cause su propio aborto o consienta que otro se lo practique.
Si bien continuará siendo delito, no se podrá encarcelar a
las mujeres por la práctica del aborto y se introducirá otra modificación
central que establece que cualquier mujer puede interrumpir su embarazo en caso
de que este provenga de un abuso sexual.
Según las cifras oficiales del Ministerio de Justicia y
Derechos Humanos de la Nación, entre 2007 y 2016 fueron condenadas 63 personas
por distintos tipos de delitos relacionados con el aborto.
El anteproyecto propone que la despenalización de la mujer
que se somete a un aborto quede a criterio de un juez, aunque la asistencia
médica garantizada por parte del Estado quedaría limitada a los casos de
violación y riesgo de vida de la mujer, como la actual legislación.
Fuente: Diario Judicial