La iniciativa propone que una parte de las multas
administrativas vaya al bolsillo de los denunciantes en lugar de las arcas
estatales
A la hora de proteger sus derechos, muchas veces los
consumidores no se quejan formalmente contra los comercios que incumplen
ofertas, garantías u otras disposiciones legales. Esto ocurre porque las multas
están desactualizadas y, sobre todo, porque se requiere mucha paciencia para
iniciar una denuncia administrativa y continuar el trámite hasta su
finalización.
En ese sentido, el panorama podría cambiar pronto. La
comisión de Defensa del Consumidor y la Competencia de la Cámara de Diputados
debatió un proyecto para que las sanciones económicas contra las empresas
denunciadas ante organismos gubernamentales por incumplimientos a la Ley 24.240
se eleven. Además, parte de las multas irían al bolsillo de las personas
denunciantes.
En la actualidad, cuando se concurre a sede administrativa
no hay costo alguno para el consumidor, ya que no se paga por la denuncia ni
por las notificaciones que deban realizarse.
Pero muchas veces eso conlleva tiempo y el presunto
damnificado no tiene una motivación concreta para efectuar la queja. Es que, en
caso de que la firma sea sancionada, el dinero no va se transforma en un
incremento patrimonial para el denunciante sino que va a las arcas del Estado.
El objetivo de estas sanciones es evitar que se reiteren
prácticas ilícitas. Sin embargo, en el contexto actual son pocos los usuarios
que se quejan.
Por ese motivo, en la cámara baja se analiza el proyecto del
legislador mendocino José Luis Ramón, que toma nuevos parámetros para calcular
el monto de las multas y genera incentivos para efectuar la denuncia ante los
organismos competentes.
En concreto, el proyecto -que también deberá contar con el
aval de la comisión de Legislación General- busca sustituir el artículo 47º de
la Ley 24.240.
Fuente: Abogados Tucumán
