La Cámara Federal ratificó el procesamiento de la ex
mandataria y, de esta manera, la deja a las puertas de un próximo juicio oral
La sala I de la Cámara Federal confirmó este lunes el
procesamiento de la ex presidenta Cristina Kirchner y de sus hijos, Máximo y
Florencia Kirchner, por lavado de dinero a través del alquiler de plazas
hoteleras de la firma Hotesur.
Fuentes judiciales informaron que el Tribunal ratificó el
procesamiento y así dejó a la ex mandataria a las puertas del juicio oral.
En el fallo, los camaristas Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens
y Leopoldo Bruglia también confirmaron los embargos de 800 millones de pesos
sobre cada uno de los acusados.
Según la sospecha de los investigadores, el dinero que el
empresario Lázaro Báez aportaba por el alquiler de plazas hoteleras era parte
de retornos por ganar las licitaciones de obra pública durante el kirchnerismo.
A las puertas del juicio por Hotesur también quedaron Martín
Báez; Víctor Manzanares, contador de los Kirchner; la sobrina de la ex
presidenta, Romina Mercado; y Osvaldo Sanfelice, quien administraba los
negocios inmobiliarios de la familia.
La acusación detalla la supuesta maniobra a través de la
cual los Kirchner se hicieron de los fondos para comprar los hoteles y luego
administrarlos, tarea que había sido cedida a una de las firmas de Báez, Valle
Mitre SRL.
La hipótesis de la investigación señala que fue Báez quien
les prestó dinero para comprar los hoteles y también pagó mensualmente un
alquiler para que Valle Mitre los explotara, como mecanismo para blanquear
dinero proveniente del delito originado en la adjudicación de obra pública a
favor del empresario, detenido en la cárcel de Ezeiza desde abril de 2016.
Según se estableció en la causa, fueron un total de 86 los
millones que desembolsó Valle Mitre a Hotesur por el pago de cánones de
alquiler de habitaciones de los distintos hoteles del matrimonio Kirchner: Alto
Calafate, Las Dunas y La Aldea.
La empresa Valle Mitre "sin contar con capacidad
económica ni experiencia en el rubro, administró el hotel Alto Calafate y la
hostería Las Dunas -propiedad de la familia Kirchner- y abonó mensualmente en
concepto de cánones locativos, sumas de dinero que finalmente se introdujeron
en el patrimonio de aquellos, todo con miras a ocultar la fuente real de los
fondos y a otorgarles apariencia de lícitos".
De esta forma, Cristina Kirchner recibe un panorama
complicado en material judicial para el 2019: en febrero ya tiene fijada para
el 26 el comienzo del juicio oral y público por fraude en la obra pública, en
tanto que ese mismo año podría darse inicio al debate por el caso "Los
Sauces".
Fuente: Abogados Tucumán