Con la firma de 15 diputados nacionales, la UCR busca que la
iniciativa se incorpore al Presupuesto 2019.
Acceda al texto completo
Con la firma de 15 diputados nacionales, entre ellos, se
encuentran Mario Negri, Luis Petri, Facundo Suárez Lastra, Luis Borsani y
Gustavo Menna, la UCR busca que la iniciativa se incorpore al Presupuesto 2019.
La iniciativa aspira a a sustituir el Artículo 79, inciso a,
de la Ley Nacional 20.628 busca que se reemplace el Artículo 79, inciso a, de
la Ley Nacional del Impuesto a las Ganancias (Ley 20.628) que hasta el momento
eximía a los empleados y magistrados judiciales.
Además, el proyecto intenta rebatir los argumentos en los
que se escuda la Corte Suprema, que tilda a Ganancias como un impuesto
"confiscatorio". En este sentido,
en el proyecto se señala: "Es de toda evidencia que pagar como
cualquier contribuyente no es lo mismo que sufrir una disminución coactiva del
salario, aunque es claro que dicho pago como cualquier otro se extrae del
ingreso".
Según el presupuesto, la AFIP se pierde de recaudar por la
exención de ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional
y provinciales el 0,06 por ciento del Producto Bruto Interno. En 2016 fue de
$4.607 millones; en 2017, unos $5.759 millones y en 2018, el total de $6.911
millones.
El proyecto de ley que impulsan desde la UCR hace alusión a
la Ley 27.346, sancionada en diciembre de 2016, en la que se establece que
quienes hayan sido nombrados desde el 1 de enero de 2017 en adelante, están obligados
a tributar Ganancias.
Y resalta: "Sin embargo, lo mencionado precedentemente
acarrea una doble violación al principio constitucional fundamental como lo es
el de igualdad ante la ley, más específicamente el de igualdad como base de los
impuestos y las cargas públicas, y el de igual remuneración por igual
tarea".
Por último, el proyecto de ley recién presentado, y que fue
impulsado por el diputado mendocino Borsani, hace alusión al contexto económico
presente cuando señala: "En los tiempos actuales, en el cual el país
necesita de la colaboración de todos sus habitantes, especialmente de los
miembros de los poderes del Estado, admitir esta incorporación resulta un
ejemplo positivo para la sociedad. Un compromiso expreso de que trabajamos
todos los días en busca de la igualdad social".
Fuente: Abogados Tucumán
