La iniciativa acota el uso libre y gratuito de las semillas,
además de reconocerle potestad a las compañías sobre las especies manipuladas
genéticamente
Sin tratamiento previo del proyecto ahora dado a conocer, y
ante la dura oposición de colectivos sociales y productores pequeños y
medianos, el Gobierno puso primera y se alzó con el aval para tratar en recinto
la modificación a la actual Ley de Semillas.
El marco en cuestión, exigido mayormente por la dupla
Bayer-Monsanto dado su monopolio en el desarrollo de variedades de soja
modificada genéticamente, establece la privatización del insumo a partir de
aspectos como la limitación del denominado “derecho de uso propio”. Este último
es un ítem clave en la normativa vigente, sancionada en 1973.
En concreto, el “derecho de uso propio” permite al
agricultor volver a sembrar el resultado de sus cosechas o el sobrante de la
campaña.
La ley que buscará ahora su aprobación establece el abono de
regalías por la “reutilización” del producto, además del pago de “derechos de
propiedad intelectual” con la compra de las semillas. De esta forma, el insumo
queda gravado de un “copyright” hasta ahora no contemplado en la legislación.
En simultáneo, y lo que resulta polémico a los ojos de los
productores de menor calibre, la ley a tratar considera que la modificación que
hacen Bayer-Monsanto a las semillas a través de biotecnología es argumento
suficiente para considerar a las corporaciones dueñas absolutas de estas especies.
“Es la frutilla del postre que se inició en los años 90 con
la irrupción de la soja transgénica. Esto que ocurre ahora viene a cerrar el
capítulo de aquellos años. Implica privatizar el sistema agropecuario
argentino. Si esto se aprueba luego en el recinto, bueno, será muy difícil
desarmar este andamiaje legal en los próximos años”, advirtió ante iProfesional
Enrique Viale, abogado ambientalista.
Varios escalones por encima de multinacionales como
Syngenta, Bayer y Monsanto concentran el dominio a nivel nacional de las
semillas manipuladas para resistir agrotóxicos en lo que hace a soja –a través
de las variedades RR e Intacta–, maíz –Mon 810 y NK603– o algodón –Mon 1445 y
Mon 531–. Y aguardan por una legislación que les garantice el cobro asegurado
de regalías para el lanzamiento de una amplia batería de nuevos transgénicos.
“Más allá de otros
detalles, lo más relevante es que la ley nueva acotará el uso propio, libre y
gratuito, de las semillas. La legislación vigente habilita justamente esta
libertad, permite sembrar sin estar pagando regalías todo el tiempo. Si esto se
aprueba, los productores ya no podrán contar con esa opción y deberán pagar
cada vez que usen la semilla”, dijo a Tamara Perelmuter, investigadora del
CONICET.
Poder de policía
Con vistas a resultar aprobada antes de fin de año, la
normativa otorga poder de policía al Instituto Nacional de Semillas (INASE), el
cual ante el pedido de las compañías que consideren vulnerados sus “derechos de
propiedad intelectual” tendrá “acceso a cualquier cultivo o producto de la
cosecha en cualquier lugar en que se encuentre…”.
El texto del proyecto que acaba de obtener dictamen, y al
que iProfesional pudo acceder en las últimas horas, anticipa además que el
INASE “podrá disponer la toma de muestras en cualquier etapa de la cadena de
producción para determinar analíticamente la variedad utilizada y cualquier
otro parámetro que resulta de interés a los fines de esta ley”.
La iniciativa incorpora figuras a tono con la consideración
de la semilla como “material vegetal” antes que una vida. De esa forma,
establece categorías como “Creación fitogenética” para definir a los
transgénicos, “Obtentor” para los privados que manipulan el ADN de estas
especies, “Evento” –la modificación genética en sí misma–, y “Biotecnología”
–la técnica de manipulación de ADN utilizada–, entre otras.
Esta variación en la normativa que propone el texto viene a
desactivar los reclamos de compañías que en más de una oportunidad han expuesto
públicamente la decisión de no lanzar determinadas semillas hasta tanto se garantice
el cobro de regalías.
Monsanto sostiene esa queja incluso desde los tiempos de
Néstor Kirchner al frente del Ejecutivo nacional. A ese malestar se le sumaron,
en los últimos años, incluso compañías de “ADN” local como Bioceres.
En mayo de 2016, la multinacional ahora propiedad de Bayer
presionó para que los ruralistas paguen regalías por el “desarrollo e
innovación” incluidos en sus semillas. En paralelo, exigió que el Gobierno le
permita un sistema de cobros de "peaje" en los puertos de embarque de
soja.
Como bien expuso este medio en ese momento, Monsanto apeló a
los oficios de la embajada estadounidense en Buenos Aires para que ejerza
presión sobre la administración macrista. A la par, y a modo de medida
“disciplinadora”, la firma suspendió de su variedad transgénica Xtend, una soja
modificada para resistir a los herbicidas glifosato y dicamba.
Una exigencia longeva
Como ya se dijo, el dúo Bayer-Monsanto predomina en toda la
tecnología aplicada a la soja que hoy se vende en la Argentina. Las semillas
modificadas llegan a los productores a través de las semillas que luego
desarrollan compañías como Don Mario y Nidera.
Monsanto introdujo su primera semilla transgénica en 1996.
Lo hizo a través de RR -"Roundup Ready"- que incorpora resistencia al
glifosato, el herbicida por el cual ahora la compañía sufre demandas
millonarias a partir de la probada condición de cancerígeno que ostenta el
producto.
A partir del 2000, y luego de seducir a todo el sector rural
con productos genéticamente modificados, Monsanto se focalizó en la obtención
de regalías por la biotecnología aplicada a los cultivos.
Sin embargo, cuando Monsanto quiso exigir pagos por estas modificaciones,
fue demasiado tarde: nunca se le reconoció la patente de la RR en la Argentina
y de ahí que no pudo alzarse con regalías derivadas de su producto.
A modo de compensación, la firma orientó su negocio a la
comercialización de pesticidas, lo cual le garantiza hasta hoy ganancias
multimillonarias.
En instancias previas al lanzamiento comercial de otro
producto -en este caso Intacta-, la firma no quiso volver a pasar por la
experiencia que debió transitar en los años 90. Es por eso que en 2014 comenzó
a ajustar los controles de las exportaciones con el propósito de erradicar la
“piratería” de su nueva genética.
Mientras tanto, la compañía nunca dejó de presionar por un
marco que le garantice cobros por propiedad intelectual. Ahora, garantizado el
dictamen de comisión y con el recinto a la vista para antes de que concluya el
año, esa sola corporación que integran Bayer-Monsanto inicia el camino hacia la
obtención de un blindaje legislativo largamente reclamado.
Fuente: Abogados Tucumán