Ingresó por la Cámara de Diputados, ya que allí el
oficialismo tiene el número para ratificarlo. Es posible que, en paralelo, se
discuta una ley
El decreto de necesidad y urgencia (DNU) firmado por el presidente Mauricio Macri sobre extinción
de dominio ingresó por la Cámara de Diputados y la Comisión Bicameral
Permanente de Trámite Legislativo del Congreso comenzó a ultimar los detalles
para fijar la agenda de reuniones.
Este cuerpo integrado por
16 miembros (8 senadores y ocho diputados) tendrá diez días hábiles para
tratarlo y emitir un dictamen de apoyo o rechazo de la cuestionada norma.
De acuerdo a las fuentes consultadas por iProfesional, el
texto entró por la cámara baja porque es allí donde el Gobierno tiene
probabilidades más altas de éxito, ya que contaría con el número para avalar el
decreto y terminar con la discusión.
En la cámara alta el número era más ajustado y allí, si la
oposición se unía, era altamente probable que el decreto fuera rechazado y
generase mayor ruido político.
Es más, el propio jefe del Bloque Justicialista del Senado,
Miguel Pichetto, quien suele acompañar varias medidas impulsadas por Cambiemos,
advirtió que “la extinción de dominio no es un tema para sacar por DNU” y que
“corresponde ratificar en Diputados el (proyecto) original ya votado o aceptar
las modificaciones del Senado, así funciona el sistema parlamentario y
democrático”.
Los temas a debatir en la comisión serán dos: si existía una
real necesidad y urgencia que justifique el decreto y luego si este es
constitucional, ya que el Presidente se habría inmiscuido en temas que no
serían de su competencia.
A raíz de esta polémica, desde el Ministerio de Justicia
resaltaron que no se está modificando el régimen penal, sino que se está
creando una nueva herramienta en la esfera civil ya que los procesos de
extinción de dominio salen de la órbita de los jueces federales.
Y destacaron que el el DNU ya está operativo y funcionando.
De hecho, la Procuración General de la Nación ya avanza en la implementación de
la Procuraduría que establece el decreto.
De todas maneras, no descartaron que se convoque a sesiones
extraordinarias para debatir una nueva ley de extinción de dominio.
Precisamente, ello fue lo que sucedió cuando el Poder Ejecutivo dictó en enero
de otros años un DNU para crear una norma complementaria de la Ley de Riesgos
del Trabajo y de desburocratización del Estado.
En ambos casos, el Congreso dictó una nueva norma que
reemplazó al decreto, pero este nunca fue formalmente rechazado.
El camino del DNU
La Comisión Bicameral tiene siete integrantes del
oficialismo, una senadora salteña ligada a al gobernador Juan Manuel
Urtubey, María Cristina Viñuales, otra
del del Movimiento Popular Neuquino, Miriam Boyadjian. El resto son del PJ o el
Frente para la Victoria (FPV).
Desde este año el presidente es el diputado santafesino
Marcos Cleri, aliado de Cristina Kirchner, quien tiene doble voto en caso de
empate. En este punto, convocará “de manera inmediata para que se le dé el
tratamiento”.
La oposición más dura cuestiona la constitucionalidad del
DNU, pero desde Cambiemos insistieron en que no incide en materia penal, algo
que el Ejecutivo tiene vedado según el artículo 99, inciso 3, de la Carta
Magna.
Pero Cleri recordó que el proyecto en Diputados se trató en
la Comisión de Legislación Penal y en el Senado en la de Justicia y Asuntos
Penales. “Es materia penal principalmente y eso es lo que lo genera muy
inestable a este decreto”, sostuvo.
Y dijo que hay que “avanzar para desposeer de los bienes
ilegales a todos aquellos que han cometido un delito”, pero esto “siempre tiene
que ser en el marco de la Constitución y de la legislación vigente, porque después
las indemnizaciones que debe pagar el Estado por bienes mal sustraídos son muy
grandes, más los intereses, termina siendo muy perjudicial”.
“Con el procedimiento que hoy teníamos en el Código Procesal
Penal, si la justicia utiliza cada una de las herramientas de manera adecuada y
ágil, ya estos procedimientos se podrían estar llevando con claridad”, destacó
el legislador kirchnerista.
Si el oficialismo logra un dictamen favorable en la
Comisión, el texto por la afirmativa será el primero en ser votado en la
discusión parlamentaria. El primer turno será el de los diputados y allí las
chances del Gobierno de lograr la aprobación son altas.
En tanto, si es de rechazo, deberá ser aprobado por ambas
cámaras. Hasta que eso no suceda, el decreto sigue vigente. No obstante, si
termina siendo rechazado, quedarán a salvo los derechos adquiridos mientras la
norma estuvo vigente.
De todas maneras, las fuentes consultadas por iProfesional
consideran que este último escenario es muy difícil que ocurra porque parte de
los legisladores que podrían rechazar el DNU el PJ son promotores de una ley de
este tema.
Tanto en la comisión como en el debate en el recinto no se pueden
introducir enmiendas, agregados o supresiones al texto proveniente del
Ejecutivo, debiendo circunscribirse a la aceptación o rechazo de la norma
mediante el voto de la mayoría absoluta de los miembros presentes.
Si bien el ministro indicó que el Ejecutivo podría convocar
a sesiones extraordinarias en febrero, la Bicameral no requiere de esa
convocatoria para reunirse y tratar el DNU.
El decreto prevé que proceso de decomiso de los bienes que
pasarán a manos del Estado puede aplicarse a bienes obtenidos ilegalmente en
los últimos 20 años.
Pero no se descarta que antes de las elecciones primarias no
haya una ley sobre este tema. Desde el Frente Renovador, espacio impulsor de la
norma aprobada hace dos años y medio, ya adelantaron que buscarán insistir en
el Congreso.
Fuente: https://www.iprofesional.com/legales/285761-competencia-delito-proyecto-Extincion-de-dominio-El-DNU-llego-al-Congreso-pero-la-oposicion-quiere-una-ley
