El litigio pondrá nuevamente en centro del debate el
concepto de "razonabilidad" de los aumentos tarifarios que la Corte
Suprema había ordenado en 2016
El Gobierno nacional deberá enfrentar una nueva batalla
legal por los “tarifazos”. Este lunes el Centro de Estudios Para la Promoción
de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), la Defensoría del Pueblo de la
provincia de Buenos Aires y más de una decena de intendentes bonaerenses del
Partido Justicialista presentaron un amparo colectiva contra las resoluciones
del Gobierno nacional que dispusieron una nueva suba en la tarifa de la
electricidad.
El juez federal Alberto Recondo, a cargo del Juzgado Federal
N° 4 de La Plata, será quien deba dirimir la cuestión en primera instancia. Se
trata del mismo magistrado que tuvo la primera causa del CEPIS en 2016 y que
terminó siendo resuelta por la Corte Suprema, que anuló la suba del gas por
incumplir con la audiencia pública previa.
También firmaron la Asociación de Defensa de Derechos de
Usuarios y Consumidores (ADDUC) y la Asociación Defensa de Usuarios y
Consumidores (DEUCO).
De acuerdo a las fuentes tribunalicias consultadas por
iProfesional, la resolución del amparo puede caer en una fecha estratégica
desde lo político. Es que si todo sigue sobre los carriles normales, la última
instancia, es decir la Corte Suprema, estaría en condiciones de fallar tras la
feria judicial de invierno, lo que coincidiría con las elecciones primarias.
Este nuevo conflicto comenzó el 1 de febrero pasado cuando
la Secretaría de Energía autorizó los aumentos de un 30% promedio en las
tarifas de electricidad para los usuarios residenciales de Edenor y Edesur.
A través de diversas resoluciones del Ente Nacional
Regulador de la Electricidad (ENRE) publicadas en el Boletín Oficial, los
nuevos cuadros tarifarios de ambas distribuidoras comenzaron a estar vigentes.
Ahora, el valor de la tarifa media alcanza a 3,541 pesos por
kilowatt hora (kWh) para Edesur, y 3,680 pesos para Edenor. En el Gobierno
creen que los usuarios de las categorías R1 y R2 (que representan alrededor del
70% del total) pagarán entre 311 y 866 pesos más por mes.
Además, según el Gobierno, las tarifas subirán 55% a lo
largo de este año, muy por encima de la inflación prevista por consultoras
privadas, que hasta el momento ronda el 25% anual.
El otro tramo será en marzo, cuando llegue un nuevo ajuste
del 14%. Para mayo y agosto se prevén sendos aumentos de 4%.
La presentación judicial conjunta considera que los nuevos
aumentos vulneran el principio de tarifas justas y razonables, fijados por la
Corte Suprema en 2016, y señala además que "no se ha cumplido con el
procedimiento de audiencia pública", lo que va en contra del artículo 42
de la Constitución Nacional.
En concreto, luego de solicitar a los jueces que
"frenen los atropellos del Poder Ejecutivo y aseguren el derecho de los
ciudadanos a una tarifa justa y razonable", los actores requieren la
suspensión de las Resoluciones 366/2018 de la Secretaría de Energía y las
resoluciones del ENRE y que "se abstengan de trasladar a las y los
usuarios del servicio público de electricidad el nuevo cuadro tarifario
aprobado por dichas normas, con inicio el 1 de febrero de 2019, hasta tanto se
dicte sentencia de fondo".
Políticos en la demanda
El escrito, al que adhirieron distintos integrantes de la
cámara de diputados, como Cristina Álvarez Rodríguez, Victoria Donda, Felipe
Solá y Leonardo Grosso, considera que los nuevos aumentos también con otros
estándares establecidos por la Corte Suprema en el fallo CEPIS de 2016 cuando
se dictaminó que las tarifas deben cumplir con el criterio rector de
"gradualidad" y estar acordes a los niveles de ingreso de los
ciudadanos.
El titular del Cepis, Mariano Lovelli, aseguró que se busca
obtener “la nulidad por inconstitucionalidad de una de las últimas resoluciones
del exsecretario de Energía, Javier Iguacel, que aumentó el precio de la
electricidad mayorista“.
En tanto, la intendenta de La Matanza, Margarita Magario,
destacó que cuando asumió Mauricio Macri, “pagar las tarifas representaba un 6%
del salario” pero que, con el nuevo cuadro, en junio ese porcentaje “va a ser
del 26%“.
Y destacó que en el conurbano y el interior bonaerense los
usuarios están recibiendo boletas de $12.000 por el consumo residencial de
energía eléctrica y de $7.000 por el gas.
Entre los argumentos del escrito comandado por el Cepis, se
detalla que la cantidad de usuarios de energía eléctrica que sufrieron cortes
en el suministro aumentó 59% en 2018, respecto de 2016.
En números, hubo 3.570.854 usuarios que sufrieron al menos
un corte en Capital Federal y el Gran Buenos Aires, lo que representó un
aumento del 39% respecto de los 2.575.893 usuarios de hace tres años.
Y el promedio diario de usuarios de las empresas Edenor y
Edesur sin suministro aumentó un 59%, al pasar de 83.093 en 2016 a 132.254 en
2018.
Asimismo, cuando la temperatura se ubicó entre los 28 y los
31 grados, el promedio de cortes diarios se incrementó 58% en el período
estudiado, al pasar de 96.559 usuarios afectados a 152.913, precisó Cepis.
Las cifras de este organismo contrastan con las que presentó
el propio Gobierno, que marcó una mejora en la calidad del servicio. Según
difundió la Jefatura de Gabinete, los cortes vienen en senda descendente, con
una baja de 19% respecto del inicio de la gestión macrista y del 40% respecto
del período 2012-15. Esta contradicción puede marcar la tónica de lo que será
la batalla legal para el los funcionarios.
El informe de Cepis agrega que, por las fuertes subas de los
precios de la energía, la demanda residencial en megavatios cayó un 17%, al
pasar de 1.933.671 en el acumulado de 2016 a 1.614.022 en el acumulado de 2018.
Según el informe, las empresas concesionarias a cargo de la
distribución (Edenor y Edesur) registraron un incremento en sus ingresos por
servicio del 1.118% y 821%, respectivamente; y una mejora de sus resultados
operativos del 223% y 215%, respectivamente.
La pelea por la "razonabilidad" de los aumentos
La presentación también se basa en que en el mencionado
fallo de 2016, el juez Juan Carlos Maqueda, en su voto, sostuvo que la
gradualidad, certeza, previsibilidad y razonabilidad ayuda a evitar restricciones
desproporcionadas.
Allí también se sostuvo que se debe tener en cuenta la
realidad económico-social concreta de los afectados por la decisión tarifaria
con especial atención a los sectores más vulnerables, a efectos de evitar el
perjuicio social provocado por la exclusión de numerosos usuarios de dichos
servicios esenciales como consecuencia de una tarifa que, por su elevada
cuantía, pudiera calificarse de "confiscatoria", en tanto detraiga de
manera irrazonable una proporción excesiva de los ingresos del grupo familiar.
Y esa imposibilidad conculca el derecho a una vivienda
adecuada en los términos establecidos por el art. 11.1 del PIDESC y de la
Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales.
Es que un cuadro tarifario irrazonable genera altos niveles
de incobrabilidad y termina afectando al necesario financiamiento del servicio,
y como consecuencia de este círculo vicioso, a la calidad y continuidad del
mismo.
Además, de Magario, el amparo fue firmado por los
intendentes Gabriel Katopodys (San Martín), Fernando Gray (Esteban Echeverría),
Juan Zabaleta (Hurlingham), Mariano Cascallares (Almirante Brown), Julio Zamora
(Tigre), Andrés Watson (Florencio Varela), Jorge Ferraresi (Avellaneda),
Gustavo Arrieta (Cañuelas), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Gustavo
Barrera (Villa Gesell), Marcelo Santillán (Adolfo González Chaves) y el
Intendente interino de Colón, Pablo Pino.
Fuente: https://www.iprofesional.com/legales/286002-justicia-plata-gobierno-Comenzaron-los-amparos-contra-los-tarifazos-cuando-llegaria-a-la-Corte-Suprema