El Poder Ejecutivo tucumano, a través de su Fiscalía de
Estado, realizó ayer martes una presentación en el marco del habeas corpus
correctivo y colectivo con el fin de que esa acción judicial quede extinguida
bajo el argumento de que se vienen cumpliendo las acciones requeridas por el
Poder Judicial desde el inicio del procedimiento. En el planteo, se solicitó
además la suspensión de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de
Justicia para el próximo 19 de febrero.
El habeas corpus, que fuera iniciado por los fiscales Diego
López Ávila y Adriana Giannoni en 2015, exigía al gobierno llevar a cabo una
serie de medidas tendientes a mejorar la situación de las personas privadas de
su libertad así como también de las instalaciones carcelarias y comisarías provinciales.
“Hicimos un análisis de antecedentes jurisprudenciales y
concluimos que la Provincia, cumplió con todos los pasos que se dieron
idénticamente en los otros antecedentes. Por lo tanto, podemos entender que
este habeas corpus ya cumplió su objeto”, explicó la Fiscal de Estado, Eleonora
Rodríguez Campos.
“Continuar con el proceso judicial podría afectar la
división de poderes y las facultades propias del Poder Ejecutivo. También
hicimos un análisis de las que le corresponden al Legislativo, que es el poder
facultado constitucionalmente para convocar a los ministros del Ejecutivo para
que rindan explicaciones ante su seno”, dijo la funcionaria.
Junto a la presentación del Ejecutivo, también se expusieron
los informes requeridos a lo largo de las cinco sentencias que se dictaron en
el marco del habeas corpus. Las mismas dan cuenta del cumplimiento de cada uno
de los requerimientos. “Estos informes que presenta el Poder Ejecutivo, a
través del Ministerio de Seguridad, se insertan en un instrumento público como
es el expediente”, indicó Rodríguez Campos.
Informes del Ministerio de Seguridad sobre obras en penales
y comisarías
El titular de Seguridad, Claudio Maley, comentó que “desde
que los fiscales presentaron el habeas corpus correctivo colectivo al gobierno
provincial, por anomalías detectadas por el Ministerio Público, sobre la
situación de las personas privadas de la libertad, reestructuramos y mejoramos
cárceles y comisarías, y presentamos los informes de forma cuatrimestral en
audiencia pública, en el marco de la ley de Emergencia ante la comisión de
seguimiento.”
Maley remarcó que “actualmente existen 2.150 detenidos, de
los cuales 759 se encuentran con prisión preventiva, sin sentencia firme para
ninguno de ellos. Creemos que la Justicia debe revisar con urgencia esta
situación” y añadió: “Tenemos presos de la órbita federal, de los cuales 92
están con prisión preventiva y 17 condenados”.
“Durante los últimos tres años trabajamos en la recuperación
de las instalaciones, sobre todo del penal de Villa Urquiza, el de Concepción y
de la Banda del Río Salí. Mejoramos los sistemas cloacales, distribución de
redes eléctricas, tableros centrales y sanitarios, entre otros”, dijo el
ministro.
“En Villa Urquiza -continuó-, debido al aumento de la
población habilitaremos tres galpones más que estarán listos en abril, donde
alojaremos 60 personas en cada uno. A su vez incorporamos 24 profesionales para
tratamiento de los internos y 6 para hacer seguimiento en forma de patronato y
estamos construyendo dos escuelas para educar a reclusos”.
“Buscamos resocializar a quienes están en contexto de
encierro, mejorando el sistema en donde se alojan las personas privadas de la
libertad, a través de obras y acciones concretas. Estamos cumpliendo con el
hábeas corpus tal como la Justicia exige”, concluyó el funcionario.
Fuente: Abogados Tucuman
