Los sectores más afectados por la
recesión piden la revisión de las retenciones y quieren reimplantar medidas de
protección contra las importaciones
El dólar, las tasas y la
inflación no son las únicas variables que titilan en el tablero del Gobierno.
Por estas horas, el Ministerio de Producción y Trabajo, encabezado por Dante
Sica, estudia nuevas medidas económicas para contener los múltiples frentes abiertos
en la industria, donde piden a coro un giro en la política oficial para salir
de la recesión.
El objetivo es evitar que el
deterioro del escenario laboral desencadene una ola descontrolada de
suspensiones, despidos y cierre de empresas en un año electoral. La incógnita
que subyace es hasta donde permitirá nuevos cambios el Fondo Monetario
Internacional.
La negociación abierta con el
sector del neumático y automotor está enfocada en los decretos firmados el año
pasado por el Ejecutivo para reducir el déficit fiscal en línea con el programa
del Fondo, que implicó retenciones a las exportaciones industriales ($3 por
dólar o una alícuota de entre 8% y 12%) y la reducción en hasta un 80% de los
pagos de en reintegros por esas ventas. El impacto se reflejó en la recaudación
de febrero, en la que los derechos de exportación se dispararon 212%
interanual, a $17.592 millones, y fue el segundo rubro de mayor crecimiento.
El otro punto bajo análisis es la
apertura de importaciones. El regimen se vio modificado con la eliminación de
las Licencias No Automáticas (LNA) en ciertas posiciones arancelarias y la
facilitación de trámites, lo que permitió el ingreso de bienes procedentes de
los países asiáticos por debajo de los valores vigentes. Una situación que, a
la vez, contrasta con las medidas para arancelarias restrictivas que, según los
industriales, enfrentan los productos locales en Brasil, el principal destino
de las exportaciones argentinas.
El equipo de Sica reveló la
intención de revisar en forma "acelerada" estos puntos en una reunión
encabezada por el secretario de Industria, Fernando Grasso, y el titular de la
secretaría de Trabajo, Lucas Fernandez Aparicio, el 1° de marzo pasado en la
sede de Alem al 650. Allí, frente a los representantes de Fate y del sindicato
del neumático (Sutna), surgió el compromiso de rever la política de
importaciones, agilizar la devolución de reintegros demorados en AFIP y
estudiar el impacto de las retenciones.
"El gobierno está haciendo
un gran esfuerzo para aportar a una solución, pero las partes también tienen
que aportar", dijo Aparicio durante el encuentro a puertas cerradas según
pudo reconstruir iProfesional.
Las negociaciones, que se
extiendieron este miércoles por más de siete horas en la sede laboral, se
enmarcan en el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPCE) iniciado por la
principal fabricante de neumáticos del país, del grupo Madanes, dueño de la
fabricante de acero Aluar y la hidroeléctrica Futaleifú. FATE busca despedir a
437 empleados, reducir la jornada, cambiar turnos y tareas, por considerar que
sus operaciones son inviables.
El plan de reconversión, sin
embargo, enfrenta la dura resistencia del Sutna, el único sindicato de la
industria liderado por la izquierda. El titular de la organización, Alejandro
Crespo, encabezó el martes una asamblea masiva en los portones de la fábrica en
donde negó que la empresa esté en crisis y aseguró que los despidos forman
parte de una presunta maniobra de la firma para obtener beneficios económicos
del Gobierno, por lo que no firmará ningún acuerdo que sea perjudicial para los
trabajadores.
FATE envió el 8 de enero pasado
un extenso documento de 12 páginas a Sica en el que reclamó la "urgente
revisión de medidas" para revertir la pérdida mensual de 1 millón de
dólares que le ocasionan los derechos de exportación, en un contexto agravado
por la caída de demanda interna y el elevado costo financiero. La solicitud
forma parte del expediente del PPCE al que tuvo acceso exclusivo este medio, en
el que figuran los últimos tres balances de la empresa, dos de los cuales
muestran resultados negativos.
"Este gobierno es el más
insensible con la industria nacional", dijeron fuentes de Fate a este
medio.
El otro sector en negociaciones
con funcionarios de Sica es el automotor, un rubro con un uso de la capacidad
instalada del 15,7%. Fue el más bajo de la industria en enero, que registró una
parálisis del 56% y tocó el peor nivel desde el 2002.
El parate responde al retroceso
del 40% en las ventas de autos y a las más de 7.000 suspensiones en seis
terminales, a las que esta semana se sumó la fabricante de camiones Iveco, en
Córdoba. Pero también se debe a las retenciones y la reducción de reintegros a
las exportaciones que, según los empresarios, les quitan incentivos para
exportar.
"La verdad es que nos
estamos sentando con el Gobierno para conversar y encontrarle la vuelta para
poder salir adelante pronto", señaló a este medio un hombre de una
terminal, con suspensiones. En ese sentido precisó que se está trabajando en el
acceso a mercados de exportación, aunque
se mostró escéptico del margen oficial para tocar los impuestos al comercio
exterior.
Con un patentamiento de 470.000
vehículos en el 2018, la industria automotriz proyecta para este año una caída
del 10%, un total de 420.000 unidades. Una cifra aún más alejada del
publicitado acuerdo automotor cuya meta era alcanzar un millón de autos.
En tanto, la segunda fase de la
crisis empezó a golpear a los fabricantes de piezas, con el cierre de empresas
embemáticas como Metalpar y una mayor importación de autopartes. "El
primer semestre se viene achique de dotaciones", advirtieron desde el
sector.
Las críticas apuntan al esquema
tributario que tiene como base de cálculo el valor FOB de las exportaciones de
vehículos, de las que se deducen las autopartes importadas. Esto significa que
cuánto más alto es el contenido importado, más se reduce el porcentaje efectivo
de retenciones y más les conviene a las terminales utilizar piezas producidas
afuera.
Las autopartistas también se ven
afectadas por la rebaja de la devolución de impuestos, que pasó del 6,5% al 2%
y que junto con el impacto de las retenciones se traduce en la pérdida de
competitividad de 12,5 puntos, según un informe de AFAC. Críticas similares
plantean los productores de aluminio, que proveen a las terminales de autos.
El clima de malestar sobrevoló en
la reunión de este miércoles de la junta directiva de la UIA. Allí se analizó
la caída del 10,8% de la actividad en enero y el descenso del 24,3% de las
exportaciones de origen industrial, que según el comunicado oficial
"fueron afectadas por la baja de los reintegros y la suba de las
retenciones". La fuerte suba de
tasas que ayer llegó al 63% para contener el dólar reforzó el escepticismo dentro
de la central fabril, en donde creen que las concesiones otorgadas por el
Gobierno en las últimas semanas, junto con las medidas en carpeta, son
"aspirinas" si no hay se aplica un fuerte cambio de rumbo.
Uno de los cambios que aguarda la
cúpula industrial es la reducción de los intereses por deudas que la AFIP
incrementó en un 50% por orden del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne. La
presión de los industriales logró que María Eugenia Vidal suspendiera los
embargos por 90 días. Ahora esperan que el fisco nacional haga lo mismo. De lo
contrario, la UIA espera una "ola de quiebras", como le anticipó a
Sergio Massa a fines de febrero, luego de mantener encuentros similares con
Ricardo Lavagna.
La puja con el Gobierno se
extendió al campo, en donde también salieron en las últimas horas a pedir la
eliminación de las retenciones a las exportaciones del agro. Por la crisis
cambiaria, el Gobierno, que en diciembre del 2015 había bajado a 0% ese
impuesto al trigo, el maíz, la carne y productos de economías regionales,
volvió a gravar en septiembre pasado con $4 por dólar el trigo y el maíz, $3
por dólar la carne, y una tasa fija del 18% más $4 pesos por dólar en el caso
de la soja.
Macri reconoció que se trata de
un tributo de "emergencia" en su visita a Expoagro en la Rural, en
donde ayer anunció créditos al sector. En las últimas semanas, el Ejecutivo
anunció una serie de medidas destinadas a calmar el descontento empresario, que
incluyen la rebaja de aportes patronales a las economías regionales y créditos
a una tasa del 29% para las pyme.
El intento de reanimar el consumo
previo a las elecciones incluyó también el anuncio de un descuento del 20% en
las tarifas de invierno de los hogares, junto con el adelanto a marzo del
aumento del salario mínimo previsto para junio y una suba del 45% la Asignación
Universal por Hijo. Estos paliativos, junto con un posible refuerzo de fondos a
las obras sociales, apuntan a desalentar la marcha a Plaza de Mayo que prepara
la CGT para el 4 de abril.
Pero tanto los industriales como
los sindicatos desconfían de la capacidad de maniobra -y las intenciones- de
Macri. Sobre todo porque los gestos enviados desde Producción chocan casi
siempre con la misión prioritaria del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne:
bajar el déficit fiscal. El funcionario viajó ayer a Washington para negociar
con la titular del FMI, Christine Lagarde, un nuevo desembolso de u$s10.700
millones.
Dujovne sabe que el Fondo no ve
con buenos ojos tocar las retenciones. También, que la recaudación viene en
caída en los últimos meses y que si mete mano en ese rubro complicaría aún más
las metas acordadas.
Con esas limitaciones, el
Gobierno sigue de cerca la evolución del mercado laboral, que el año pasado
recortó 191.000 empleos formales. En las últimas horas, la empresa láctea
Verónica se sumó a la lista de los pedidos de apertura de preventivo de crisis,
afectada por la crisis de la industria lechera, y el Banco Macro pidió la
quiebra a Molino Cañuelas, la principal fabricante de harina del país.
Los pedidos de intervención del
Estado por parte de las empresas en dificultades ascendieron a 108 el año
pasado, el doble que en 2016. El mecanismo previsto en la ley fue utilizado en
la gestión anterior por empresas y gremios como un medio para financiar parte
de los salarios (Repro) en los establecimientos en problemas. Por el recorte de
fondos, ese programa ya no cuenta con los mismos recursos que antes.
Fuente: https://www.iprofesional.com/economia/288164-uia-proteccion-afip-Crisis-industrial-negocian-medidas-para-evitar-despidos-masivos