El Senado de la Nación recibirá
el Código con la reforma que el Gobierno buscará aprobar en los próximos meses
después de varias idas y vueltas
Después de haberlo suspendido
tres veces, el esperado Código Penal será enviado al Congreso de la Nación este
lunes.
Así lo hará el presidente
Mauricio Macri, con la necesidad de que sea aprobado en los próximos meses. El
año pasado, la decisión fue paralizada en buena medida por la discusión en torno
al aborto en el Parlamento.
En esas oportunidades, estaba
previsto un acto con la presencia del gabinete en pleno y de invitados
especiales. En esta ocasión, no habrá un evento especial y Macri enviará
directamente el proyecto al Congreso.
El nuevo Código tiene 540
artículos (el actual tiene 320) y será la primera vez en 100 años que la
reforma llega finalmente al Congreso de la Nación.
En su discurso ante la Asamblea
Legislativa, Macri pidió sancionar las reformas: "Tenemos un proyecto que
se viene trabajando hace más de un año con todos los sectores, cuya aprobación
es fundamental para seguir por este camino. Espero que lo aprobemos en el corto
plazo".
"El proyecto introduce una
modificación central respecto de la mujer que cause su propio aborto o consienta
en que otro se lo cause para los supuestos de aborto punible, ya que se prevé
la posibilidad de que el juez exima de pena a la mujer (no tendrá ninguna
sanción penal)", sostuvo hace un tiempo Mariano Borinsky, juez de la
Cámara Federal de Casación Penal y presidente de la comisión de expertos que
trabajó durante más de un año en el nuevo Código.
El Gobierno intentará resaltar
que el envío del nuevo Código Penal es un hito histórico: el código actual data
de 1921, hace casi cien años. También para marcar un contraste con la anterior
gestión, que le imprimió un espíritu garantista a sus políticas en materia de
Justicia y Seguridad.
Es que el proyecto del
oficialismo, enmarcado dentro del programa Justicia 2020 que lleva adelante el
ministro Germán Garavano, impulsa un aumento de penas, por ejemplo, para
delitos de corrupción y narcotráfico, hace hincapié en la reincidencia y
plantea penas alternativas -como el uso de dispositivos electrónicos para casos
de primera condena que no excedan los tres años de prisión- e incorpora, por
caso, como agravante la utilización de motocicletas en delitos de robo, la
modalidad conocida como "motochorros", según Infobae.
En el caso de los delitos de
corrupción, el proyecto del Gobierno establece un aumento de 4 a 12 años las
penas para casos de cohecho, sobornos transnacionales o enriquecimiento
ilícito. Se agrega la figura de "corrupción entre particulares" y se
pena a las empresas ante ciertos delitos.
El texto prevé además aumentos de
penas para homicidios viales, para la tenencia y portación ilegal de armas y
para casos vinculados al narcotráfico.
Incorpora, en ese sentido, una
novedad vinculada a la despenalización de las drogas, un debate que en el Poder
Ejecutivo imaginan en un corto plazo. El anteproyecto incluye la jurisprudencia
de la Corte en el fallo "Arriola", por el cual no es punible la
tenencia de estupefacientes para uso personal en el ámbito privado.
La reforma del Código Penal
establece en esa línea la introducción de penas para el entorpecimiento del
transporte público. Y hasta 2 años de prisión para quienes arrojen elementos
que pudieran provocar lesiones o muertes, que se eleva a 3 años cuando es
contra miembros de las fuerzas de seguridad.
Delitos contra el medio ambiente,
en espectáculos futbolísticos, informáticos -como casos de grooming- y de
violencia de género también fueron incorporados tras el extenso estudio y
análisis temáticos de la comisión de especialistas.
El nuevo Código Penal prevé el
decomiso de cosas o provecho del delito desde el comienzo del proceso penal.
También prevé el terrorismo y el financiamiento del terrorismo.
La operación ilegal de armas de
uso civil sin autorización tendrá una pena de 3 años y 6 meses de prisión de
cumplimiento efectivo.
Los integrantes de la comisión
que preside Mariano Borinsky son el director nacional de Política Criminal en
Materia de Justicia y Legislación Penal, Carlos Mauricio González Guerra; el
fiscal Pablo Nicolás Turano; los camaristas Guillermo Jorge Yacobucci, Carlos
Alberto Mahiques y Patricia Marcela Llerena; el procurador general de Salta,
Pablo López Viñals; el presidente de la Federación Argentina de la
Magistratura, Víctor María Vélez; la secretaria letrada de la Corte Suprema de
Justicia, Patricia Susana Ziffer; el profesor de la Universidad de Buenos
Aires, Fernando Jorge Córdoba; y los representantes de los Ministerios de
Desarrollo Social, Yael Bendel, y de Seguridad, Guillermo Soares Gache.
Fuente: iprofesional