Magistrados y empleados
judiciales reclamaron que la liquidación de Ganancias sea realizada por
personal del propio Poder Judicial y rechazaron la tercerización del servicio
en una empresa privada.
El Consejo de la Magistratura de
la Nación quedó envuelto en una nueva polémica por la liquidación del Impuesto
a las Ganancias a los jueces y empleados judiciales.
En febrero pasado, el cuerpo
aprobó el protocolo para aplicar la retención de Ganancias sobre las remuneraciones
de magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de la Nación
nombrados a partir del 2017. La reglamentación cerró el conflicto sobre la
aplicación del tributo, sin embargo,el tema de la liquidación reavivó el
malestar de los funcionarios judiciales.
El organismo, encargado de la
selección y sanción de magistrados, celebró una contratación directa con la
empresa privada DDL Outsourcing SRL para el cálculo de los rubros y
deducciones.
La Subdirección de Finanzas
Contabilidad y Presupuestos argumentó que la firma oferente resultaba
“técnicamente admisible y equitativa a los valores del mercado”. El contrato
alcanza los 485 mil pesos y vence en julio próximo, aunque puede ser prorrogado
por un período de hasta seis meses.
Las quejas de los judiciales
Fue la propia Unión de Empleados
Judiciales de la Nación (UEJN), quien reclamó, mediante una nota, que la
liquidación del tributo sea efectuada por personal propio del Poder Judicial y
rechazó la intervención de una empresa privada por considerar que se trata de
“información sensible y personalísima”.
El gremio liberado por Julio
Piumato señaló que la empresa contratada “no solo se dedica a la tarea
encomendada, sino que además efectúan tareas tendientes a la administración de
personal, gestión de talentos, selección y búsqueda de personal, entre otros
servicios”.
"La empresa contratada
accederá a fin de cumplir con la labor encomendada a información sensible y
personalizada de magistrados, funcionarios y empleados", indicaron.
Los magistrados se unieron al
reclamo y explicaron que toda la información derivada del pago del tributo
“estaría siendo reunida, guardada y a disposición de una empresa privada”.
También expresaron su disconformidad por una serie de errores en los cálculos
de los descuentos.
Frente a las críticas, los
consejeros comenzaron a estudiar las diferentes propuestas y la posibilidad de
capacitar a sus propios contadores, lo que será analizado en la próxima reunión
de la Comisión de Administración y Financiera.
A esta situación se suman las demandas individuales que reclaman la declaración de inconstitucionalidad la Ley 27.346. El argumento central se basa en la distinción que generó la normativa entre los integrantes del Poder Judicial, ya que solo grava a un grupo de jueces y funcionarios nombrados a partir del 2017.
Fuente: Diariojudicial.com
