El Consejo de la Magistratura
porteño deberá reglamentar el cupo laboral trans en todos los sectores del
Poder Judicial local, según lo previsto en la ley 4376.
La Justicia porteña deberá
reglamentar el cupo laboral para personas trans previsto en la ley 4376. Así lo
resolvió el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 21, a
cargo de María Soledad Larrea, al hacer lugar parcialmente al reclamo de una
mujer transgénero.
La causa se inició por una acción
promovida por una abogada, contra el Consejo de la Magistratura porteño para el
cumplimiento del cupo laboral para personas trans -transgénero, transexuales y
travestis- previsto en la ley 4376.
La amparista es una mujer
transgénero, de 54 años, y fue contratada en forma precaria por diez meses en
la Defensoría del Pueblo de la CABA. Señaló, entre otras cuestiones, que la
falta de reglamentación de la norma “lesiona sus derechos tanto en forma
personal como al colectivo que integra”.
La normativa local establece “los
lineamientos de la política pública para el reconocimiento y el ejercicio pleno
de los derechos de las personas lesbianas, gays, trans (transexuales,
transgénero y travestis) bisexuales e intersexuales”. Puntualmente, el artículo
5 garantiza la realización por parte del
Estado de medidas de acción positiva entre las que se encuentra la
incorporación en una proporción no inferior al 5% de personas del colectivo
trans en el sector público de la Ciudad.
En los fundamentos de la ley 4376
se estableció la "necesidad de intervención directa del Estado" ya
que casi un 39% del colectivo trans padece discriminación laboral por "no
acceder a un trabajo o ser objeto de exclusión del mismo orden a su
identificación sexual".
En el fallo, la magistrada hizo
parcialmente lugar a la medida cautelar solicitada y ordenó al Consejo de la
Magistratura de la Ciudad a que en el plazo perentorio de 30 días corridos
dicte la reglamentación pertinente para implementar en los sectores del Poder
Judicial bajo su órbita el cupo laboral para el colectivo trans.
También ordenó librar oficios “al
Jefe de Gobierno de la Ciudad, al Presidente de la Legislatura de la Ciudad, a
la Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad y a cada uno de
los titulares de las tres ramas del Ministerio Público de la Ciudad
exhortándolos a dictar las reglamentaciones pertinentes a fin de dar cabal
cumplimiento” a la ley 4376.
Fuente: Diariojudicial.com
