Diputados postergó el tratamiento
del proyecto de Acceso a la Justicia Colectiva y decidió su giro a instancia de Comisiones, para darle
participación a las asociaciones civiles en el debate. Las principales críticas
a la iniciativa que busca regular los procesos colectivos.
La Cámara de Diputados de la
Nación postergó el tratamiento del proyecto de ley de Acceso a la Justicia
Colectiva y lo giró a instancia de Comisiones.
La postergación se dio tras el
pedido del diputado José Luis Ramón, quien afirmó que “sería oportuno convocar
a las diversas asociaciones civiles a que se expidan sobre el tema en una reunión
informativa”.
La iniciativa busca regular los
procesos judiciales para la "tutela de los derechos de incidencia
colectiva indivisibles interjurisdiccionales o para la tutela de derechos de
incidencia colectiva individuales homogéneos con efectos en más de una
jurisdicción, sea que tramiten ante la justicia ordinaria provincial o nacional
o ante la justicia nacional federal".
El texto se aplicará también a
los procesos judiciales que tramiten ante la justicia nacional ordinaria o
federal, para la "tutela de derechos de incidencia colectiva indivisibles
no interjurisdiccionales o para la tutela de derechos de incidencia colectiva
individuales homogéneos que no tengan efectos en más de una jurisdicción".
Sin embargo, el proyecto diversos
cuestionamientos por parte de organizaciones de defensa de los derechos
humanos, el medio ambiente y los derechos de usuarios y consumidores. “Mantiene
disposiciones que son regresivas, y que amenazan seriamente el uso de las
acciones colectivas como herramienta para el acceso a la justicia de grupos en
situación de vulnerabilidad”, advirtieron.
“Una regulación en la materia
debe orientarse a fortalecer este tipo de acciones en pos de asegurar el acceso
a la justicia y la tutela judicial efectiva de los grupos más vulnerables,
conforme ha ido desarrollándose jurisprudencialmente en función de la práctica
sostenida por organizaciones de la sociedad civil”, explicaron.
Las observaciones se centran en
la introducción de la “legitimación pasiva colectiva”, las exigencias impuestas
en materia de “representación adecuada” y las consecuencias que se imponen a
los actores ante la falta de cumplimiento de esas exigencias.
También criticaron la
ordinarización de los procesos, la regulación regresiva en materia de efecto de
los recursos, las restricciones en materia de medidas cautelares, las
restricciones a la presentación de terceros y los requisitos de admisibilidad.
Fuente: Diariojudicial.com
