El Máximo Tribunal dictó una
acordada en la que determinó “principios básicos rectores” para la
interceptación de comunicaciones, que hace hincapié en el respeto a la
“confidencialidad absoluta de las comunicaciones entre abogado y cliente” y la
posibilidad de alterar las mismas gracias al impacto tecnológico. Pidió a los
jueces “recaudos” y exhortó al Congreso a tratar un proyecto de cadena de
custodia.
La filtración de comunicaciones
telefónicas en diferentes medios de comunicación ha puesto en tela de juicio
todo el funcionamiento del sistema de captación de comunicaciones. Este hecho
se vio agravado por la reciente difusión de presuntas conversaciones entre el
empresario Lázaro Báez con su abogada – que incluso generó repudio por parte
del Colegio de Abogados-.
La situación llegó a punto tal
que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una acordada en la que
exige el cumplimiento de “principios básicos rectores” para el cumplimiento de
la interceptación de comunicaciones, en donde se destaca el respeto irrestricto
a la confidencialidad entre las conversaciones entre abogado-cliente, y exhorta
a los demás poderes del Estado a extremar recaudos.
La Acordada 17/19 suscripta este miércoles por los
supremos Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda,
Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, hace un diagnostico de la situación expresando su preocupación por “los
acontecimientos de público conocimiento vinculados a la difusión pública de la
captación de comunicaciones, cuya interceptación y captación solo puede ser
dispuesta por orden judicial en el marco de procesos penales en curso"
El texto remarca toda la
legislación protectoria de la privacidad – incluida la Ley Nacional de
Inteligencia y las Acordadas de la Corte al modificar la estructura de la
antigua Oficina de Escuchas que puso a su cargo-, y hace hincapié en que el
propio tribunal firmó un convenio con el Congreso Nacional para que este órgano
constitucional efectúe el seguimiento de las actividades de la Dirección de
Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeC0),
En ese marco, y ante “diversas filtraciones de captaciones
telefónicas” que “provocaron la difusión masiva e indebida de comunicaciones
personales”, la Corte explicó que solicitó a la Comisión Bicameral Permanente
de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia que lleve a
cabo una auditoría sobre la DAJuDeCO, por el que fue elaborado un informe
recibido hace días.
Ante lo cual – y sin dejar de
poner de resalto que todos los intervinientes en el proceso de captación de las
“estan sujetos, en caso de violación del secreto y confidencialidad debidas, a
las sanciones previstas”, según el caso, en el Código Penal y en la Ley de
Inteligencia- adoptaron esta decisión de “establecer cursos de acción concretos
para guiar la actividad referida”.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/83753/corte/escuchen-a-la-corte.html
