Se podría realizar a partir de lo
que se conoce como un "troyano judicial", un software de acceso
irrestricto que se puede instalar en una PC
En un mundo digital como el actual,
la necesidad de "aggiornarse" también llegó al ámbito judicial, y con
ello a las herramientas procesales para la obtención de pruebas. ¿De qué se
trata la iniciativa de allanamientos remotos de dispositivos?
Las investigaciones judiciales
deben adaptarse a los tiempos que corren, y no quedan fuera de este contexto
los allanamientos. Hoy tenemos la noticia de que estamos cada vez más cerca de
los allanamientos remotos.
De hecho, la Legislatura de
Mendoza dio media sanción al proyecto de allanamiento remoto en investigaciones
penales, lo que permitiría incorporar al Código Procesal Penal de la provincia
herramientas procesales para la obtención de evidencia digital. Pero ¿realmente
esto facilitaría las tareas, o por el contrario las perjudicaría? ¿Es una
herramienta de poder o una más para avanzar en los procesos judiciales?
Si bien representa un avance
fundamental sobre todo para el registro de dispositivos tecnológicos ya sea en
causas que investiguen ciberdelitos como en aquellas donde la tecnología ha
tenido lugar, es una herramienta de un alto poder que de no usarse
adecuadamente perjudicaría la privacidad de las personas. Por eso, cabe un
nuevo interrogante: ¿nuestra Justicia está en condiciones reales de hacer uso
de este tipo de herramientas?
No podemos negar que todos estos
avances plantean algunos interrogantes técnicos, en cuanto al acceso a equipos
o aplicaciones que se encuentren cifrados, a la Deep Web, entre otras
cuestiones.
Pero también en relación a la
protección de datos personales y a lo que la implementación de este tipo de
procedimiento pueda generar para no vulnerar derechos y garantías
constitucionales.
Además, genera algunas
inquietudes en cuanto a la actuación profesional del perito informático
forense, al momento de garantizar la cadena de custodia de la prueba o
evidencia digital; y en relación a cuestiones de acceso a los dispositivos (si
se hacen de manera encubierta o en conocimiento del usuario/propietario).
Desde el punto de vista técnico,
el acceso remoto al equipo se podría realizar a partir de lo que se conoce como
un "troyano judicial", un software de acceso irrestricto que se puede
instalar, mediante un procedimiento de ingeniería social o no, en el
dispositivo que se quiera investigar.
Pero, para que se dé la
intervención de un perito informático debe existir una autorización del juez
competente. Esto resguarda al propietario o usuario (para que no afecte su
privacidad) y evita el acceso espontaneo, con los riesgos que esto puede
conllevar de viciar o anular la prueba de que se trate.
Por eso, si bien podemos celebrar
el debate de todos estos avances en el ámbito de las investigaciones judiciales
y el mundo digital, se esperan mayores definiciones en cuanto a los
allanamientos digitales remotos y su aplicación por parte de los profesionales
de la Justicia y de la informática forense.
Fuente: https://www.iprofesional.com/tecnologia/295130-proyecto-prueba-justicia-Estamos-cada-vez-mas-cerca-de-los-allanamientos-remotos
