La orden judicial puede emitirse
entre el 5 y el 9 de agosto, y se espera que la Policía de la Ciudad acuda al
viejo edificio donde viven 105 familias
La cuenta regresiva empezó. La
orden de desalojo puede emitirse entre el 5 y el 9 de agosto, y se espera que
la Policía de la Ciudad de Buenos Aires acuda al viejo edificio de la calle
Santa Cruz al 140, en el barrio de Parque Patricios, donde viven 105 familias.
En total son 326 personas, de las cuales 131 son niños.
En el pasado, ese edificio
funcionaba como una fábrica de toallas de la marca SELSA, pero a mediados de
los 90 la compañía se declaró en quiebra y cerró sus puertas.
El edificio estaba en desuso.
Para 2002, en plena crisis económica, política y social, decenas de familias
decidieron ocupar la vieja fábrica, indicó el sitio RT.
Tardaron cuatro años en poner el
sitio en condiciones medianamente dignas: "Era una miseria, estaba lleno
de basura. Había ratas, cucarachas y murciélagos", recuerda Victoria
Narcizo, del cuarto piso, una de las vecinas más antiguas del lugar. La
residente tiene 67 años, es peruana, y por la artrosis ya no puede trabajar,
aunque no recibe ningún tipo de pensión. Necesita que la operen y recibir
costosos tratamientos, que hoy no puede pagar.
Victoria vive con su esposo,
quien se encarga de resguardar la entrada del establecimiento a cambio de unos
10.000 pesos, que juntan entre todos los departamentos. En el edificio también
están su hija y los nietos: "Duermo con la menor de ellos, de tan solo
cinco días, para darle calor", cuenta.
Las decisiones se toman en
asambleas, cada piso tiene entre dos y tres delegados que representan a sus
vecinos. Como en casi todos los edificios de la ciudad, hay gastos comunes para
el mantenimiento general de la propiedad, con servicio de limpieza incluido.
"La organización se da por
el proceso de lucha para que no nos desalojen", explica Iliana Llanos,
presidenta de la cooperativa Papa Francisco. La asociación se conformó en el
2014 para cumplir con los requisitos que exige el Instituto de la Vivienda de
la Ciudad (IVC) y así "poder entrar al programa de autogestión de la
vivienda", que contempla el otorgamiento de créditos.
Aquella inmensa edificación, que
legalmente estaba administrada por un síndico, fue subastada en el 2010.
"Nosotros también queríamos comprarla", relata Victoria. Sin embargo,
ganó la oferta de Mario Leonardo Ratushchy, quien se dispuso a desembolsar 1,5
millones de pesos (a fines de aquel año, equivalía a 250.000 dólares) y se
quedó con el gran inmueble, que había sido refaccionado por sus propios
habitantes.
Acto seguido, comenzó un litigio
judicial para deshabitar la adquisición de Ratushchy, y la Justicia local le
dio la razón al comprador. Así, a pesar de llegar a una instancia de apelación,
el Juzgado Civil Número 60, de carácter nacional y a cargo del juez Fernando
Jorge Virgilio Cesari, falló en contra de las 105 familias y la orden de
desalojo puede concretarse en los próximos días.
Se acordó realizar mediaciones,
donde también participan la Defensoría del Pueblo de la Ciudad y la Procuración
General del mismo distrito, pero ahora las reuniones están interrumpidas, y el
tiempo corre.
También se baraja la posibilidad
de presentar un proyecto de ley en la Legislatura capitalina para evitar este
desalojo puntual, aunque los procesos burocráticos pueden tardar y los vecinos
de Santa Cruz al 140 requieren una solución urgente. Los más optimistas piensan
que tal vez no se concrete el operativo policial por el costo político que
podría causarle al Gobierno porteño —de la misma fuerza que el presidente
Mauricio Macri— a pocos días de las elecciones primarias, que serán el 11 de
agosto.
Entre los vecinos hay consenso y
se están organizando para hacerle frente a los uniformados. No descartan que,
además de las fuerzas porteñas, también participe la Policía Federal. "El
oficial de Justicia nos dijo que va a ser el operativo más grande que tuvo en
su vida, van a tener que actuar otros tres oficiales además de él",
advierten desde la cooperativa.
Con este marco, Llanos critica:
"Trabajamos todos estos años para lograr una solución definitiva, y al
final todo termina en la nada. Con voluntad política, esto se soluciona en dos
segundos".
En concreto, su propuesta es que
el Gobierno porteño compre el edificio para que luego los vecinos reintegren
ese dinero, o que se adquieran nuevos terrenos y les permitan tener un hogar:
"Hay muchos que no se están utilizando y pueden usarse tranquilamente para
un proyecto de vivienda", señala.
Fuente: https://www.iprofesional.com/legales/297160-justicia-proyecto-ley-otros-Ocuparon-una-fabrica-abandonada-construyeron-y-ahora-podrian-ser-desalojados
