Tags: Derecho y justicia, Judicial, Abogados, Actualidad

Aplicación en el contrato de transporte de pasajeros

Aplicación en el contrato de transporte de pasajeros

Cabe destacar el avance que hubo en los últimos años en relación a los derechos del consumidor, en especial, el avance del mismo en las prácticas de la vida cotidiana, sin embargo, pareciera haber una excepción en lo referente al ámbito del transporte aéreo.

Es por eso que vale decir, que son los pasajeros aéreos quienes se encuentran en desventajas si se realiza una comparación con otra categoría de usuarios. Esto se encuentra su origen en la

Excepción que implica el art. 63 de la ley 24.240 sobre su reinado respecto de las distintas relaciones de consumo, el cual cede -parcial y mayormente- ante el contrato de transporte aéreo. Es por ello, que vamos a destacar el objetivo y los puntos esenciales de un trabajo que se ha realizado en relación a la aplicación de la ley 24.240 vinculado al transporte aéreo.

1. La legislación argentina en relación a los derechos del usuario del transporte aéreo

El  código aeronáutico argentino establece un claro orden de prelación en la aplicación de las normas. Así, en primer lugar se deberán aplicar las previsiones del  código aeronáutico, siguiéndole a éstas los principios generales del código aeronáutico y los usos y costumbres de la actividad aérea. Luego, si aún la solución a la cuestión  fuere dudosa, se resolverá por las leyes análogas o por los principios generales del derecho común (art. 2 Cód. Aeronáutico).

-          El ámbito de aplicación de la ley 24.240 en relación al transporte aéreo.   

El art. 63 Ley 24.240 expresamente establece: “Para el supuesto de contrato de transporte aéreo, se aplicarán las normas del Código Aeronáutico, los tratados internacionales y, supletoriamente, la presente ley.”

III.    Cuestiones alcanzadas por la Ley del Defensa Consumidor

En virtud de la supletoriedad que rige la materia, el ámbito de aplicación de la ley 24.240 parece quedar limitado en la actualidad básicamente a las siguientes cuestiones  en particular:

24.               a) el incumplimiento por parte de las empresas aéreas de informar debidamente al usuario (art. 4to. y 36  Ley 24.240);

25.               b) el incumplimiento por parte de las aerolíneas del mantenimiento de ofertas realizadas (Art. 7 Ley 24.240).

26.       c) los efectos de la publicidad (art. 8 Ley 24.240)

1.       El derecho del usuario a ser informado debidamente

La información, cuyo deber de suministro está a cargo del proveedor, aparece como el más elemental de los derechos de los usuarios y consumidores, cuyo origen constitucional se encuentra en el art. 42 CN, a partir de la reforma de la carta magna en el año 1994.

El Código Aeronáutico por su parte,  ninguna mención hace a la información debida,  mientras que la Res. 1532/98 establece en su art. 4to. la obligación del transportador y del agente autorizado de proveer al pasajero información adecuada al momento de efectuar la reserva o contratar.  Además la citada norma también especifica qué  tipo de información debe ser brindada -presupuesto mínimo legal-, al cual cabrá agregar las cuestiones particulares que merezcan por su importancia, ser informadas en cada caso.  En tal orden de ideas, la referida resolución dispone que el transportador debe informar al usuario:

1.       a)  tarifas disponibles y sus condiciones;

2.       b) si se trata de un vuelo sin escalas o con paradas intermedias o con cambio de aeronave en la ruta, o si es realizado por distintos transportadores mediante conexión, en cuyo caso también se informará al pasajero de las características distintivas de los servicios de cada transportador.

3.       c) para el caso de vuelos que demanden más de una hora y media, deberá informarse al usuario si aquellos cuentan o no con algún servicio de comidas.

4.       d) de igual modo, la Res. 1532/98 establece la obligación de exhibir a los pasajeros el régimen previsto para cancelación o interrupción de los vuelos y denegación de embarque, en los lugares de reserva, de emisión de billetes y en los aeropuertos.

1.        Síndrome de la clase turista.

Es de público conocimiento que la falta de espacio entre los asientos, la estrechez de éstos y la falta de movimientos de las piernas del pasajero en el interior de las aeronaves, provoca una prolongada inactividad muscular, con el peligro de acarrear una posible formación de coágulos en sus extremidades inferiores, provocando una deficiente circulación del torrente sanguíneo, dando origen al conocido y preocupante «síndrome de la clase turista».-

Es profusa la bibliografía y el tratamiento que la jurisprudencia extranjera ha otorgado a este tema, existiendo hasta el presente un criterio preponderante por el cual se considera que el padecimiento de trombosis  (Deep Vein Thrombosis, también denominado DVT por su abreviatura en inglés) no es un accidente en los términos del art. 17 tanto del Tratados de Varsovia como de Montreal 1999.

No obstante ello, entendemos que si bien la lesión o muerte provocada por DVT no resultará indemnizable como accidente producido a bordo de la aeronave o durante el embarque o desembarque, en cambio sí podrá tener lugar  llegado el caso una indemnización proveniente de la infracción a los términos del art. 4to. de la Ley 24.240, siempre y cuando no se hubiese informado debidamente al pasajero respecto a las consecuencias de la inmovilidad y los recaudos a tener en cuenta para evitar el padecimiento de DVT.

1.         Condiciones de la oferta

El art. 7  de la La Ley de Defensa del Consumidor establece claramente que la oferta debe contener la fecha de inicio y finalización, sus modalidades y condiciones; asimismo, en caso de revocación de la oferta ésta será válida una vez que la misma sea dada a conocer por el mismo medio en que se hubiere realizado.   La no efectivización de la oferta es  considerada negativa o restricción injustificada de venta, y como tal pasible de las sanciones del art. 47 LDC.

1.       Efectos de la publicidad.

         La LDC contiene normas muy precisas respecto a la publicidad y la oferta[6], mientras que por el contrario, tanto el Código Aeronáutico como los Tratados Internacionales denotan una carencia total de las mismas.

En tal sentido es hay que destacar que las precisiones  formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión obligan al oferente y se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor (art. 8 LDC). En consecuencia, toda la publicidad integra el contrato de transporte aéreo.

Son requisitos de la oferta especificar el período de validez, el stock disponible, el domicilio y razón social del oferente, entre otros.

VII.   El derecho a recibir el servicio en las condiciones ofrecidas.

El art. 19 de la ley 24.240 impone a quienes presten servicios de cualquier naturaleza a respetar los términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas y demás circunstancias conforme a las cuales hayan sido ofrecidos, publicitados o convenidos.

Aquí surge claramente la importancia de la información en la etapa precontractual. Los avisos comerciales o publicitarios de los servicios suelen constituir la primera información que el usuario recibe respecto del servicio a contratar, y es de extrema importancia que sea adecuada, de manera que lo que allí se publicita sea luego efectivamente cumplido por la empresa que brinda el servicio.

VIII. 1. Overbooking  o denegación de embarque

El overbooking aéreo no ha sido contemplado ni en el Código Aeronáutico, ni en los Tratados Internacionales.  En consecuencia, de acuerdo a lo establecido por el art. 63 LDC, ante la denegación de embarque por sobreventa de pasajes procede la aplicación de la ley 24.240.

De tal manera, podemos concluir que ante los casos de sobreventa de pasajes, los usuarios de servicios aéreos podrán efectuar su reclamo en los términos de la ley 24.240 exigiendo la aplicación de sanciones e indemnizaciones previstas en la LDC, entre las que no puede descartarse el daño punitivo, el cual deberá ser solicitado por el usuario en sede judicial.

VIII.2. Resolución 1532/98 frente a la ley 24.240

Asimismo es de destacar que si bien la Resolución 1532 sobre las “Condiciones del Contrato de Transporte Aéreo” dictada el 27.11.1998, ha tenido en miras entre sus objetivos el de brindar una mayor protección al usuario, no resulta suficiente a tales efectos.   En tal sentido, para el supuesto de cancelación, interrupción o retraso de más de 4 horas del vuelo, o denegación de embarque por sobreventa (overbooking) la citada resolución establece a favor de los pasajeros el derecho a ser incluido por la aerolínea en el siguiente vuelo, o al endoso del pasaje a fin de ser utilizado a conveniencia del pasajero, o la devolución del precio pagado, así como también a recibir compensación por  denegación de embarque de acuerdo a las regulaciones del transportador.

De tal manera, prevé la citada resolución que la aerolínea deberá proporcionar al pasajero sin cargo comunicación telefónica al punto de destino y llamadas locales, comidas acordes con el tiempo de espera y alojamiento cuando la demora exceda las 4 horas, pero no existe ningún tipo de indemnización fijada, sino que la misma queda a criterio de cada aerolínea en particular,  tal como se desprende del texto de la resolución citada, que a la vista de la experiencia desarrollada desde su entrada en vigencia hasta el presente, carece de efectos prácticos en lo relativo a la “compensación” a la que se entiende tiene derecho el pasajero en los casos de denegación de embarque.

1.          Rescisión por parte del usuario en forma electrónica o telefónica.

La norma del art. 10 ter LDC establece que la venta de servicios efectuados en forma electrónica o por teléfono, podrán ser rescindidas por el usuario en la misma forma.

La misma normativa señala que la disposición referida debe ser también publicada en la factura “o documento equivalente”.

Esta cuestión, así como todas las referidas a las condiciones de la oferta y la venta contenidas en el Capítulo III de la LDC, devienen aplicables al transporte aéreo de pasajeros, en tanto no se han previsto disposiciones similares en el Código Aeronáutico así como tampoco en los Tratados Internacionales.

1.            La obligación de brindar trato digno a los usuarios del servicio y la prohibición de diferenciar precios o calidades a consumidores extranjeros

Esta cuestión ha sido introducida por la ley 23.361 de reforma de la Ley 24.240, incorporando el art. 8 bis que dispone:  Trato digno. Prácticas abusivas. Los proveedores deberán garantizar condiciones de atención y trato digno y equitativo a los consumidores y usuarios. … No podrán ejercer sobre los consumidores extranjeros diferenciación alguna sobre precios, calidades técnicas o comerciales o cualquier otro aspecto relevante sobre los bienes y servicios que comercialice. Cualquier excepción a lo señalado deberá ser autorizada por la autoridad de aplicación en razones de interés general debidamente fundadas. … Tales conductas, además de las sanciones previstas en la presente ley, podrán ser pasibles de la multa civil establecida en el artículo 52 bis de la presente norma, sin perjuicio de otros resarcimientos que correspondieren al consumidor, siendo ambas penalidades extensivas solidariamente a quien actuare en nombre del proveedor.”

Antecedentes de la norma.  Discriminación

El propio de art. 42 de la CN al asegurar los derechos a la salud, la seguridad y a la información de los consumidores, también garantiza a estos el “ trato equitativo y digno”, que en forma expresa la reforma efectuada por ley 26.361 , ha incluido a través de la inserción del nuevo art. 8 bis.  Con anterioridad a la instauración de la reforma legislativa referida, ya existían razones legales suficientes para considerar violatorios de la Constitución Nacional las tarifas diferenciadas entre nacionales y extranjeros, en virtud de lo dispuesto por el art. 42 de la carta magna antes referido, sumado al texto del art 1ro. de la Ley N° 23.592[10], la cual prohíbe actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, sexo, condición social, etc.. En tal sentido, distintas Asociaciones denunciaron que las tarifas de transporte aerocomercial especiales para argentinos y residentes eran un acto discriminatorio contrario a nuestra Constitución Nacional.[11]

La diferenciación tarifaria por nacionalidad en el transporte aerocomercial  

Pese al tiempo transcurrido desde la sanción de la norma (abril 2008) no parece existir un cumplimiento generalizado de la normativa por todos los sectores involucrados. Es de recordar también que el incumplimiento a cualquiera de las obligaciones impuestas por la ley 24.240 conlleva la sanción de onerosas multas, que van desde $100.- a $5.000.000.-, y que la responsabilidad por el incumplimiento se impone solidariamente a toda la cadena de comercialización, más allá de las acciones de repetición que entre los miembros de dicha cadena correspondan.

La prohibición de diferenciar precios a extranjeros es clara, y rige para todos los servicios y productos en lo que respecta a las relaciones de consumo, salvo sobre aquellos que por razones de interés general sean exceptuados mediante resolución fundada, por la autoridad de aplicación de la ley 24.240.

Asimismo, toda vez que ni el código aeronáutico ni los tratados internacionales reconocen la prohibición de ejercer diferencias de precios o calidad respecto de los consumidores extranjeros, el art. 8 bis es de plena aplicación al transporte aéreo.

En virtud de ello, en tanto no exista una excepción decretada por la autoridad de aplicación,  las aerolíneas que diferencien  tarifas mediante la discriminación entre residentes y no residentes (lo  que claramente  incluye a los consumidores extranjeros amparados por la normativa), son susceptibles de las sanciones  del art. 47 de la LDC.

No obstante, los argumentos brindados por el sector de las aerolíneas comerciales, suele hacer dudar acerca de la efectiva aplicabilidad del art. 8 bis, en tanto se sostiene que las tarifas son aprobadas por la Subsecretaría de Transporte Aerocomercial (resolución 315/2008)  en base al decreto 1012/2006 que ratificó el estado de emergencia en el Transporte Aerocomercial dispuesto por el Decr. 1654/2002.

Sin embargo, tales argumentos no alcanzan para eludir la aplicación del art. 8 bis mientras no exista la referida excepción emanada de la autoridad competente. En tal caso, los motivos que llevaron al dictado de aquellas resoluciones y decretos -en tanto se entendiese que obedecen arazones de interés general-, podrán conformar el fundamento de la excepción que la autoridad de contralor está facultada a dictar para dejar al margen de la prohibición de diferenciar precios al transporte aéreo de pasajeros.

En suma, mientras no exista la excepción dictada en legal forma es dable concluir que el desdoblamiento de tarifas para nacionales y extranjeros importa una violación a la norma prevista en el art. 8 bis de la ley 24.240, lo que torna aplicables las sanciones e indemnizaciones previstas en los arts. 40 bis, 47 y 52 bis de la ley 24.240.

1.       Prohibición de cláusulas abusivas

También resulta de aplicación al transporte aéreo el art. 37 de la ley 24.240, en tal sentido es de tener en cuenta que el principio de interpretación más favorable al consumidor, no es un principio de interpretación privativo de la normativa de consumo, sino que también rige en la contratación privada.

XII.   El plazo de prescripción

Desde que el contrato de transporte aéreo de personas importa una relación de consumo -ámbito de aplicación de la ley 24.240-, cabe preguntarse si el plazo de prescripción previsto por la citada norma prima sobre los previstos en la normativa específica de transporte aéreo.

Conclusiones

La multiplicidad de situaciones vividas a diario en el transporte aéreo importan la imposibilidad de establecer una estricta nómina de situaciones amparadas por la ley 24.240, por el contrario, establecer qué tipo de incumplimientos encuentran el amparo de la ley de los consumidores, es una tarea dinámica.

Especialmente la norma del art. 19 LDC permite el encuadramiento de cualquier violación a los derechos de los pasajeros por parte de las compañías aéreas tanto en la etapa precontractual como en la contractual como una infracción a la ley de defensa del consumidor, con su consiguiente sistema de responsabilidad.

El art. 4to. LDC referido a la información también resulta ser una norma que con frecuencia permite encuadrar una situación dada como un incumplimiento a los preceptos de la Ley 24.240.

Desde ya, el aumento paulatino de reclamos en los términos de la ley de defensa del consumidor importará una mayor responsabilidad por parte de las aerolíneas y a su vez una mayor protección para el pasajero aéreo.

[1] Cám. Nac. de Apel. en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sala I, 12/11/2003 “EVES S.A. c/Ciudad de Buenos Aires” LL 2004-B, 770.

[2] Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala II; 08/06/2004, Staff Médico S.A. c. Ciudad de Buenos Aires.

[3] Cámara de Apelaciones en lo Contencioso administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sala I;  31/10/2003,  Medicus S.A. de Asistencia Médica y Científica c. Ciudad de Buenos Aires;   LA LEY 2004-B, 383.

[4] En el caso la compañía aérea había informado a sus pasajeros que la única forma de llegar a destino era por vía terrestre, y puso a disposición de los pasajeros un ómnibus, no obstante, se comprobó que existía la posibilidad de viajar hacia Tucumán mediante un vuelo de otra aerolínea (Southern Winds). De tal forma, sólo 3 pasajeros pudieron aprovechar el vuelo que los llevó finalmente a destino, mientras que los 34 pasajeros restantes viajaron en ómnibus.

[5] Superior Tribunal de Formosa, Aerolíneas Argentinas Sucursal Formosa s/ apelación ley pcial. Nro. 1480), 12/07/2013. pcial. Nº 1480)

[6] A las normas previstas en el Cap. III LDC deben agregarse las previstas en las demás normas generales y especiales aplicables a la relación de consumo, e particular la ley 25.156 de defensa de la Competencia y la ley 22.802 de lealtad comercial, o las que en el futuro las reemplacen, las cuales junto con el Decr. Nro. 1798/94 concurren en la integración normativa establecida en el art. 3 de la LDC.

[7] Tribunal Superior de Justicia de la Pcia. de Formosa, “Aerolíneas Argentinas s/apelación ley pcial. 1480, 12/07/2013.

[8] Sala II, causa 5667/93, del 10/04/1997.

[9] CNCiv. y Com. Fed., sala III, 04/12/07, Thomson Diego P. c. Iberia Líneas Aéreas de España S.A.; RDCO 03/03/2008.

[10] LEY  23.592 ARTICULO 1°.- Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y material ocasionados.

A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente los actos u omisiones discriminatorios determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos.

[11] Conforme denuncia realizada para la ASOCIACIÓN PROTECCIÓN CONSUMIDORES DEL MERCADO COMUN DEL SUR ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y El Racismo de la Nación (I.NA.DI.).-, y los procesos de conocimiento iniciados por PROCONSUMER en el fuero Civil y Comercial Federal, contra cada una de las empresas de transporte aerocomercial.

[12] Varizat, Andrés – Pizarro, Ramón D. “La desnaturalización de las obligaciones como instrumentos de control de cláusulas abusivas en los contratos de consumo (una interesante innovación doctrinaria argentina)”, LLC 2006 (febrero).

[13] “Artículo 37. Interpretación. Sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas:

1.       a) Las cláusulas que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños;

2.       b) Las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o amplíen los derechos de la otra parte;

3.       c) Las cláusulas que contengan cualquier precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del consumidor.

La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para el consumidor. Cuando existan dudas sobre los alcances de su obligación, se estará a la que sea menos gravosa.

En caso en que el oferente viole el deber de buena fe en la etapa previa a la conclusión del contrato o en su celebración o transgreda el deber de información o la legislación de defensa de la competencia o de lealtad comercial, el consumidor tendrá derecho a demandar la nulidad del contrato o la de una o más cláusulas. Cuando el juez declare la nulidad parcial, simultáneamente integrará el contrato, si ello fuera necesario.”

[14] Citados por Salicru, Andrea, ob. Cit. , Mosset Iturraspe Jorge y Lorenzetti, Ricardo Luis “Defensa del Consumidor Ley 24.240”, Santa Fe 1994, págs.. 74/75

[15] Farina, Juan M. “Defensa del Consumidor y del usuario”, ed. Astrea, Bs. As. 1995, pág. 396, citado en BENAVENTE, María Isabel “Incidencia de la ley 24.240 en el plazo de prescripción liberatoria. Su aplicación en el contrato de transporte de pasajeros.”, LL 2009-C, 155.

[16] Alterini, Atilio A., “Las reformas a la ley de defensa del consumidor. Primera lectura, 20 años después”. LL 2008-B, 1239, citado en Benavente, María Isabel, ob. Cit.

[17] Benavente, María Isabel “Incidencia de la ley 24.240 en el plazo de prescripción liberatoria. Su aplicación en el contrato de transporte de pasajeros.”, LL 2009-C, 155.

http://www.viajerosprotegidos.com.ar/#/detalle/458

 



Fuente: http://abogadostucuman.com/