La decisión del presidente se enmarca en la causa de supuesto espionaje ilegal a políticos que tuvo conocimiento público por los famosos audios privados de Cristina Kirchner hablando con Oscar Parrilli, entre otros. Está causa la lleva adelante el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena, que allanó hoy el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza.

La magistrada estuvo en la justicia por más de 20 años cuando en abril de 2018 se jubiló del poder judicial de la Nación pero siempre se mantuvo activa en la política judicial siendo una de las fundadoras y referentes de la Asociación Justicia Legítima quien hoy está presidida por otra interventora, y ex fiscal, en la AFI, Cristina Caamaño. Son dos espadas judiciales que Alberto Fernández puso para terminar con las cloacas del Estado.

“Yo no quiero que las cárceles sigan funcionando como estuvieron funcionando hasta ahora. Con el sistema carcelario actual, los que delinquen padecen los encierros mucho más de lo debido y al salir la única oportunidad que encuentran es la de volver a delinquir. Si nosotros eso no lo cambiamos vamos a ser una sociedad espantosa. Y siempre vamos a estar dando vueltas sobre lo mismo”, dijo el presidente anunciando la intervención del SPF que funciona bajo la órbita del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a cargo de Marcela Losardo y en la subsecretaria de Asuntos Penitenciarios.

En ese sentido, el presidente recordó que Esteban Righi siempre decía que “a un gobierno se lo juzga por su cárceles, porque según como se trate a los presos ese es un Gobierno que se preocupa o no por los derechos de la gente”.

El Servicio Penitenciario Federal estaba a cargo de Emiliano Blanco, un funcionario de larga trayectoria dentro del SPF, desde 20007, que seguía en la gestión del peronismo pese al cambio de gobierno en diciembre de 2019 y quien renunció el pasado 27 de mayo tras el motín del penal de Devoto y la crisis de los presos por la pandemia.

La intervención del SPF es una decisión de Fernández producto del avance de la causa federal por supuestas escuchas ilegales en la causa la vicepresidenta Cristina Kirchner fue víctima y se convirtió en querellante. Según fuentes judiciales, la nueva interventora sería un ex camarista de la Cámara Nacional de Casación, María Laura Garrigós, integrante y ex titular de la agrupación judicial "Justicia Legítima" quien renunció al poder judicial en abril de 2018.

Esta causa tiene una denuncia aparte ante la ONU del abogado Alejandro Rúa, quien representó al vicepresidente Amado Boudou, quien estuvo detenido en Ezeiza, lugar donde hoy se realizó el allanamiento por la causa de Lomas.

Rúa denunció en dos presentaciones ante el Relator Especial del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, que "en el marco de una investigación judicial federal sobre presuntas cuestiones vinculadas con el narcotráfico que involucran a una persona (Mario Segovia) alojada en el Pabellón A del Módulo 6 del Complejo Penitenciario de Ezeiza, se ordenó la interceptación de todas las comunicaciones, no sólo de los teléfonos públicos de ese Pabellón A, sino además la de todos los teléfonos públicos que existen en los otros Pabellones, C y D”. 

“Con ello se concretó, por muchos meses, la indiscriminada grabación de todas las conversaciones telefónicas de toda esa población penitenciaria”, subrayó.

Alejandro Rúa

Asimismo, agregó que algunas de esas grabaciones se comenzaron luego a divulgar por los medios de comunicación masiva, aun cuando el juzgado que las había dispuesto informó que había ordenado oportunamente la destrucción de los CD que contenían tales escuchas debido a que eran ajenas al objeto procesal de la causa en investigación.

Es por eso que solicitó nuevamente la intervención de esa Relatoría Especial con el objetivo de que “se concrete un llamamiento urgente a las autoridades del Estado argentino respecto de las intervenciones telefónicas indiscriminadas de los pabellones penitenciarios”.