Hay que eliminarla redistribuyendo las potestades recaudatorias entre la Nación y las provincias en función de las responsabilidades que cada una tiene asignadas. Esto contribuiría a una mejor gestión del Estado y más calidad de vida para la gente, según sostiene el reciente informe de la consultora IDESA.

En la discusión parlamentaria por la ampliación del presupuesto nacional, los representantes de las provincias del interior plantearon sus objeciones a los subsidios al transporte que recibe el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por parte del Estado nacional.

No se cuestionó la falta de pertinencia de que la Nación se inmiscuya en un tema claramente local, como es el transporte urbano e interurbano. El reclamo fue por la arbitraria distribución de los fondos. Finalmente, la puja se zanjó estableciendo que el Estado nacional también asignará $9.500 millones este año para subsidiar el transporte del interior.

La teoría sobre el federalismo fiscal señala como buena práctica organizacional asignar las potestades tributarias entre jurisdicciones en línea con las responsabilidades. De esta forma, el ciudadano tiene en claro qué servicios está recibiendo por los impuestos que paga y cuál es la jurisdicción responsable por rendir cuenta en la calidad de dichos servicios. Esta es la base de la organización de países federales desarrollados, como Estados Unidos.

¿Cómo está estructurado el federalismo en Argentina? Según datos del Ministerio de Economía correspondientes al 2019, la presión impositiva total fue de 28,5% del PBI. Esta presión impositiva se generó y distribuyó de la siguiente manera:

El Estado nacional recaudó 23,7% del PBI de los cuales se quedó con 16,0% del PBI.

Los restantes 7,7% del PBI los manda vía coparticipación a las provincias.

Las provincias, por su parte, recaudan por sí mismas sólo el 4,8% del PBI.

Estos datos muestran, en primer lugar, que el Estado nacional se encarga de recaudar la mayor parte de los impuestos (82%) y se queda con una alta proporción de ellos (67%). En segundo lugar, que las provincias recaudan una parte menor (18% del total). Como la mayor parte de los servicios están a cargo de las provincias se produce un enorme desbalance. Este desbalance se cubre con transferencias automáticas a través de la coparticipación (en promedio aporta el 62% de los recursos de las provincias), transferencias discrecionales y gasto del Estado nacional en funciones que son provinciales.

Incentivos perversos

El esquema genera incentivos muy perversos que están entre los principales factores que explican la decadencia argentina. Los dirigentes provinciales no están inducidos a desarrollar la competitividad de sus provincias para así tener una base sustentable de recursos fiscales. La provincia que prospera engrosa la recaudación nacional que mayoritariamente es apropiada por la Nación y por el resto de las provincias. En otras palabras, el incentivo no es agrandar la recaudación sino rapiñarla.

La distribución de recursos a través de la coparticipación es arbitraria e injusta, pero al menos es automática. Peores impactos generan las transferencias discrecionales y los gastos que hace la Nación en servicios a cargo de las provincias, afirma IDESA.

En el 2019, los subsidios a la energía y al transporte representaron 1,6% del PBI y las transferencias a provincias de los programas nacionales (salud, educación, desarrollo social, seguridad, medioambiente, vivienda y urbanismo) otro 0,8% del PBI.

Estas transferencias, que en la actualidad son muchos mayores a las relativamente bajas del año pasado, son más nocivas que la coparticipación. Para los funcionarios nacionales es irresistible la tentación de usarlas para doblegar voluntades políticas en el interior. Mientras que para las dirigencias provinciales resulta más fácil andar mendigando migajas del poder central en lugar de ponerse a gestionar como corresponde los servicios que debe brindarle a la gente.

El actual esquema de distribución de recursos fiscales desalienta el esfuerzo, la creatividad, la innovación y el desarrollo productivo. Pero premia la mediocridad. Esto no cambia reformando la coparticipación. Mucho más conducente es eliminarla y que cada provincia recupere potestades tributarias para autofinanciarse. Para las provincias del norte, que por su rezago relativo pueden no autofinanciarse, se debe contemplar un fondo de convergencia que cubra las brechas de financiamiento y las induzca a acelerar su desarrollo.