Como en
aquellas películas en cámara lenta que de pronto mutan con una brusca
aceleración que sorprende a sus espectadores, el ritmo de los acontecimientos
dejó atrás la relativa parsimonia impuesta por la pandemia, que durante cuatro
meses implicó la postergación de las decisiones no vinculadas con las medidas
sanitarias.
Lo que
promovió una paciente espera de “el día después”, para adquirir repentinamente
una inusitada velocidad.
Una
percepción colectiva del agotamiento de los tiempos ganó a los principales
actores políticos y sociales. De la calma obligada pasamos al vértigo y en las
últimas cuatro semanas pasaron más cosas que en los últimos cuatro meses.
En este
nuevo escenario, el cierre del acuerdo con los acreedores, que constituía la
primera prioridad en la agenda gubernamental antes de la irrupción del Covid
19, y los trascendidos sobre el próximo lanzamiento de un plan económico
anclado en la agroindustria, popularizado en la metáfora de la “Vaca Viva”,
abren una instancia para enfrentar la crisis que hoy impacta fuertemente sobre
el conjunto de la sociedad argentina.
Este cambio
no responde a un capricho. Es la ratificación de la vigencia de aquel viejo
axioma de que “la única verdad es la realidad” y que por impulso de la crisis
parece catapultar ahora a “la realidad al gobierno” para instaurar “el gobierno
de la realidad”.
En el tema
de la pandemia, el gobierno se vio forzado a modificar parcialmente su orden de
prioridades. La proclamada decisión originaria de privilegiar la salud sobre la
economía, que constituyó un éxito relativo en comparación con el resto de la
región, chocó en el mes de julio con los datos que marcaban la profundidad de
la recesión y el paulatino agotamiento del humor social.
Ambas
constataciones obligaron a un viraje hacia un mayor equilibrio entre las
medidas de protección sanitaria y las exigencias de la reactivación productiva
cada vez más apremiantes por el progresivo agotamiento de los recursos fiscales
empleados para mitigar los efectos de la recesión.
La parcial
liberalización de la cuarentena sanitaria, sobre todo en la región metropolitana,
no obedeció a la evolución de la curva de contagios sino a la necesidad
impostergable de reanudar una actividad económica virtualmente paralizada con
un riesgo creciente de explosividad social en el conurbano bonaerense.
En lo
inmediato, la atención del gobierno está focalizada precisamente en el posible
estallido de una crisis de la seguridad pública en el Gran Buenos Aires, algo
que en la Argentina es sinónimo de crisis de gobernabilidad. El intendente de
José C. Paz, Mario Ishi, especuló con que esa eclosión podría ocurrir para fines
de agosto.
La
información cotidiana sobre la toma de tierras en los distintos municipios y la
aparición de una “nueva delincuencia” sin antecedentes criminales (subproducto
agravado de la “nueva pobreza”), así como los episodios de violencia derivados
de las reacciones individuales y colectivas ante este fenómeno, generan un
estado de inquietud que explica en parte la creciente relevancia adquirida por
el Ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni. Más allá de las
especulaciones periodísticas sobre las contradicciones reales o presuntas de la
coalición gubernamental, en el caso de Berni importa subrayar ante todo su
condición de emergente de esta situación de explosividad social, un carácter
que le otorga una cierta dosis de imprevisibilidad a sus futuros movimientos y
lealtades políticas.
En ese
sentido, independientemente de cualquier consideración sobre sus fundamentos
legales, es difícil encontrar antecedentes de una iniciativa política tan
extraordinariamente extemporánea y riesgosa como la denuncia penal presentada
por la ministra de Seguridad, Sabina Frederic, contra los dos máximos jefes de
la Gendarmería Nacional durante el anterior gobierno por su presunta
responsabilidad en el operativo que culminó con la muerte de Santiago
Maldonado.
La
Gendarmería es la principal fuerza de seguridad del Estado argentino Su
distribución en el conurbano es disputada por los intendentes por su eficacia
operativa y el prestigio que goza entre la población, especialmente en los
asentamientos y villas de emergencia. La moral de sus efectivos es hoy una
“razón de Estado” que no conviene desatender.
El rol del Ejército
En este
contexto, conviene también despojarse de estereotipos ideológicos para prestar
la debida atención al rol que cumple hoy el Ejército en la lucha contra la
pandemia. Desde la participación de sus efectivos en los operativos de
distribución de alimentos en el conurbano hasta la utilización del Hospital
Militar como sede de las investigaciones de la vacuna contra el virus, el
aparato de logística militar se ha evidenciado como un elemento central para
evitar el descontrol de la situación sanitaria y social.
En ese
sentido, conviene tener en cuenta las declaraciones del Jefe del Estado Mayor
Conjunto, general Juan Martín Paleo, quien trazó una original analogía entre la
respuesta militar a los estragos de la pandemia con la defensa contra la guerra
química y bacteriológica, una de las mayores novedades en materia de escenarios
bélicos en el siglo XXI. Señaló también que las Fuerzas Armadas protagonizan
actualmente el mayor operativo de despliegue de efectivos desde la guerra de
Malvinas.
En otros
términos, y dejando en un segundo plano el debate pendiente acerca de la
vinculación entre los conceptos de defensa y seguridad (reabierto por una
reciente decisión del Poder Ejecutivo que anuló un decreto del gobierno
anterior sobre esta materia), Paleo insinúa que la acción del Ejército contra
la pandemia no sería una cuestión de seguridad interior sino de defensa
nacional. En las actuales circunstancias, las consecuencias prácticas (no
académicas) de esta distinción saltan a la vista.
Paleo
destacó también la experiencia adquirida por las Fuerzas Armadas durante su
participación en las Fuerzas de Paz de las Naciones Unidas y su intervención en
crisis humanitarias, particularmente en Haití. Destacó que el oficial del
Ejército que está cargo de la coordinación del operativo de ayuda alimentaria
en el conurbano fue parte de la misión en ese país centroamericano, azotado por
la miseria, el hambre, la guerra entre pandillas criminales y la violencia
generalizada.
La agenda del consenso
Pero las
urgencias de la coyuntura ya no pueden retrasar más las definiciones de fondo,
demoradas desde la asunción de Alberto Fernández, cuya implementación exigen un
amplio consenso político y social.
La
convocatoria presidencial a las organizaciones empresarias del “Grupo de los
Seis”, realizada en coincidencia con la celebración del 9 de julio, ocasión en
la que Fernández reafirmó su voluntad acuerdista, disparó una discusión que
parece haberse definido en sólo tres semanas. El telón de fondo de ese debate encubierto
y la razón de su rápido desenlace es el rotundo fracaso del intento de
expropiación de Vicentín que le marcó al gobierno un límite infranqueable en el
campo de lo posible.
Tres días
antes de esa reunión en Olivos, el lunes 6 de julio, la CGT mantuvo un
sugestivo encuentro con el Foro de Convergencia Empresarial, entidad que agrupa
a la casi totalidad de las organizaciones empresarias de la Argentina. Allí
quedó estampada la voluntad compartida de avanzar hacia la concertación de un
amplio acuerdo multisectorial que permita salir de la actual crisis
económico-social para elevarlo posteriormente para su consideración al gobierno
nacional. El mensaje político era inequívoco: el sindicalismo y el empresariado
asumían la responsabilidad de la gestación del acuerdo social. En ese marco se
registró, 72 horas más tarde, la reunión entre Fernández y el “Grupo de los 6”,
en la que también estuvo presente el titular de la CGT, Héctor Daer,
probablemente el dirigente sindical de mayor proximidad con el presidente.
La secuencia
cronológica ilustra sobre la velocidad de los acontecimientos. El domingo 12 de
julio, tres días después de aquel encuentro en la residencia de Olivos, un
periodista de Página 12, Alfredo Zaiat, escribió una nota sosteniendo que la
convocatoria a esos sectores empresarios era incompatible con un plan de
desarrollo autónomo de la Argentina. De inmediato, ese mismo día, Cristina
Kirchner difundió un mensaje por Twitter elogiando la lucidez de ese análisis
crítico. Quedó en claro entonces que, más allá de la voluntad personal de los
protagonistas, la coalición gubernamental afrontaba una disyuntiva estratégica que
estaba obligada a resolver.
Sin embargo,
el 30 de julio, o sea tres semanas después de aquella reunión y a veinte días
de ese tweet, la ex presidenta se fotografiaba sonriente, en una de sus
oficinas en el Instituto Patria, con una delegación de la Cadena Agroindustrial
Argentina (CAA) y ensalzaba el documento “Estrategia de Reactivación Industrial
Exportadora, Inclusiva, Solidaria y Federal”.
Documento
que fue elaborado por esas más de cincuenta entidades empresarias de la
agroindustria (incluidas tres de las cuatro organizaciones de la Mesa de
Enlace) con el aval de la Unión Industrial Argentina.
Una
propuesta convertida en los hechos en la base del futuro plan económico del
gobierno, lo que archiva las elucubraciones periodísticas surgidas de las
controvertidas apreciaciones sobre los “planes” vertidas por Fernández en un
reciente reportaje en el “Financial Times”.
Entre aquel jueves
9 de julio con Fernández y el “Grupo de los 6” reunidos en Olivos y el jueves
30 de julio con Cristina Kirchner y el CAA fotografiados en el Instituto
Patria, ese tejido de conversaciones multisectoriales, que había empezado a
enhebrarse subterráneamente desde los primeros días de la pandemia, con la
activa participación de Sergio Massa y también, aunque más esporádicamente, de
Gustavo Beliz y otros dirigentes del oficialismo, entre ellos Máximo Kirchner,
fue ganando aceleradamente mayor estado público.
En ese
contexto, el 18 de julio la CAA presentó oficialmente ante la UIA su propuesta
económica, que fue cálidamente recibida por la central empresaria, cuyo
titular, Miguel Acevedo, es directivo de Aceitera General Deheza (principal
empresa oleaginosa de la Argentina) y su vicepresidente, Daniel Funes de Rioja,
titular de la Coordinadora Industrial de Productos Alimenticios (COPAL), que
agrupa a las organizaciones representativas de la cadena alimentaria.
Esas
coincidencias distan de obedecer a una mera casualidad. Reflejan el hecho
estructural de que la antigua dicotomía entre el campo y la industria empieza a
ceder lugar a un planteo conjunto asociado al proyecto de una
reindustrialización internacionalmente competitiva de la economía argentina.
El 21 de
julio, la CGT protagonizó otro paso de notable audacia política, fuertemente
criticado desde el “kirchnerismo”, al reunirse públicamente con los máximos
directivos de la Asociación de Empresarios Argentinos (AEA), el club que nuclea
a los principales hombres de negocios de la Argentina, incluidos entre otros
los titulares de Techint, Paolo Rocca, de Mercado Libre, Marcos Galperín, y del
Grupo Clarín, Héctor Magnetto.
Ambas partes
emitieron una declaración conjunta en la que entre otras coincidencias
destacaron la necesidad de “reducir gradualmente la presión tributaria para el
sector formal de la economía, atendiendo a su vez a la necesidad de equilibrar
las cuentas fiscales” y de “una inserción inteligente de la Argentina en el
mundo”, así como la aspiración a “un resultado positivo en la negociación con
los acreedores externos”, una expresión de deseos íntegramente materializada
apenas catorce días después.
Por esa
obscura armonía de las cosas, ese acuerdo con los acreedores externos y la
homologación política de los pilares del futuro plan económico ratifican en el
tiempo las afirmaciones originarias de Fernández acerca de que su gobierno no
podía definir un plan económico sin haber completado previamente la
refinanciación de la deuda.
Ese momento
ha llegado y el camino de su concreción pasa ahora necesariamente por un amplio
consenso político y social que tendrá que vehiculizarse en el Congreso a través
de la ratificación legislativa de los términos del acuerdo con los acreedores y
de la aprobación de los proyectos de ley que demanda la puesta en marcha del
plan económico basado en la iniciativa del CAA, cuyo texto definitivo será
sometido a consulta con los actores involucrados.
Desde afuera hacia adentro
El acuerdo
con los acreedores tiene una dimensión política. Refleja un umbral de
entendimiento con Estados Unidos. Sin entrar en las interpretaciones
anecdóticas que suelen sobrestimar la gravitación de las relaciones personales
en las decisiones políticas, vale señalar que Larry Flink, el máximo directivo
de Blackrock (el mayor fondo de inversión del mundo, agente financiero del
Tesoro norteamericano y principal prestamista de la Argentina), cumplió un rol
protagónico en la organización de la reciente visita a Washington del presidente
mexicano Andrés López Obrador, hasta el punto de participar en la cena ofrecida
por Donald Trump a la delegación visitante.
En su
diálogo con Trump, que para situarse en el tiempo tuvo lugar el 8 de julio
(veinticuatro horas antes del encuentro en Olivos entre Fernández y el “Grupo
de los 6”), López Obrador cumplió con un pedido del presidente argentino y
trasmitió su solicitud de que Estados Unidos colaborara en la búsqueda de una
solución amistosa del problema de la deuda
Resulta una
ironía cargada de sentido que el vínculo de afinidad entre Fernández y López
Obrador haya servido como canal de comunicación del gobierno argentino con
Trump, para quien el presidente mexicano no es uno de los promotores del Grupo
Puebla, ni mucho menos un líder antiimperialista, sino uno de sus principales
aliados latinoamericanos.
Pero la
salida del “default” es una condición necesaria aunque no suficiente en la
senda de la reinserción internacional de la Argentina. El paso siguiente es la
búsqueda de financiación en los organismos multilaterales de crédito. Esto
implica, en primer lugar, la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario
Internacional, un trámite en marcha que más allá de los fuegos de artificios
retóricos que se utilicen para complacer a la platea, implicará la asunción de
determinados compromisos de cumplimiento obligatorio, especialmente en el
terreno del equilibro fiscal.
En esa hoja
de ruta, la estación subsiguiente será el acceso de la Argentina a los
préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo, cuyo titular a partir de
septiembre será Maurice Claver Carone, actual asesor de seguridad nacional para
América latina de la Casa Blanca, quien ya anunció una fuerte recapitalización
de la institución crediticia para encarar un ambicioso programa de asistencia
financiera para la región.
Este avance
sobre la conducción del BID y su repotenciación es una pieza clave en la
estrategia regional de Estados Unidos, que incluye la competencia con China.
Pero el
“afuera” es inseparable del “adentro”. El acuerdo político y social necesario
para posibilitar la reinserción internacional de la Argentina y promover la
corriente de financiación indispensable para la puesta en marcha del plan
económico fundado en la propuesta de las organizaciones de la cadena agroindustrial
supone, por su mera existencia, una ampliación de las bases de sustentación del
poder y de la autoridad presidencial. No se trata entonces de promover el
nacimiento del “albertismo”, sino de la construcción de un poder político
institucionalmente sólido, capaz de afrontar el vendaval social de agosto y de
transitar el primer tramo de un largo y arduo camino.
La búsqueda
de ese consenso político y social exige desactivar los focos de conflicto
atizados desde el “kirchnerismo”, en primer lugar la controversia planteada en
torno al proyecto gubernamental de reforma judicial, que unificó en su contra a
las distintas corrientes de la oposición.
De allí la
significación de la postura de Massa cuando manifestó su apoyo a la reforma
pero enfatizó que “no es necesario aumentar el número de miembros de la Corte”.
Esa garantía mínima es la condición para un diálogo que permita encuadrar la
discusión del tema sin obstruir los acuerdos básicos necesarios para salir de
la crisis. Porque el imperio del principio de realidad, esa “única verdad” que
termina determinando en última instancia la orientación del gobierno, también
condicionará la actitud de la oposición, si no quiere quedar condenada a la
marginalidad política propia de un antiperonismo anacrónico.
Fuente: https://mercado.com.ar/mercado-plus/paso-la-era-de-privilegiar-la-salud-sobre-la-economia/