La pandemia trajo desafíos para todos. Así, la incorporación de la tecnología en la educación y el trabajo también interpela a la Justicia y al cómo debe realizar los juicios orales. En consecuencia,  los juicios por zoom aparecen como una solución a la mano y efectiva, pero pueden traer aparejados grandes violaciones a los derechos de las partes.

En ese escenario, parece que el Poder Judicial espera que las soluciones a cómo realizar juicios justos en este contexto que generó el Covid 19 aparezcan gracias a un milagro. No deja de parecerse al relato bíblico que cuenta que el maná era el pan que Dios les enviaba a su pueblo todos los días, excepto los sábados, que los alimentó durante los cuarenta años que deambularon por el desierto en su éxodo desde Egipto. Al igual que el maná bíblico, parece que la Justicia espera que la solución que caiga del cielo.

En este sentido, debemos recordar que el Poder Judicial es un servicio esencial y como tal debe funcionar y encontrar el modo de realizar juicios justos, con respeto a los derechos de las víctimas y los imputados garantizando la tutela judicial efectiva.

Entre el 19 de marzo y el próximo 19 de septiembre habrán pasado desde que dispuso el ASPO y la el DISPO 185 días, es decir 4440 horas y unos 266.400 minutos,  sin que hasta el momento existan en  el fuero federal y en todas las provincias protocolos consensuados y respetuosos de juicios justos.

En el marco de la emergencia sanitaria declarada (DNU N° 260/2020 y sucesivos) gran parte de los Tribunales Orales del país a nivel nacional y federal no trabajaron con causas y debates. Cabe destacar que en los primeros 100 días no recibieron causas, no hicieron audiencias preliminares, ni audiencias de preparación de juicios.

En función de dicho párate la Casación Federal dispuso la acordada 10 dedictada 40 días después de decretado el aspo que dispuso la que“ los tribunales prioricen el trámite integral de los casos con personas privadas de libertad y, además, den tratamiento a aquellas cuestiones que no admitan demora en los términos de la feria judicial extraordinaria…”, a lo que debe sumarse la resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dispuso el levantamiento de la feria extraordinaria, ya que muchos Tribunales Orales no pedían el levantamiento de la misma.

En medio de esta virtual parálisis, los poderes judiciales y los ministerios públicos se encuentran inmersos en una fuerte crisis de legitimidad social producto de años.  Así, en medio de la crisis económica que atraviesa la argentina, se han sumado  las críticas a los cuantiosos sueldos que cobran, los jueces, los fiscales y los defensores oficiales. Se exige desde la sociedad su funcionamiento.

En este sentido, y en referencia a la crisis general el titular de la Corte Suprema de Justicia, en la inauguración del año judicial 2020, admitió una "crisis de legitimidad" del Poder Judicial: “…Toda crisis de legitimidad es en gran parte una crisis de confianza. Los argentinos están perdiendo la confianza en el Poder Judicial. Hay dudas de que nos comportamos como verdaderos jueces de una democracia republicana…”

En síntesis, en una Argentina en crisis y una Justicia Penal también en misma situación, han aparecidos propuestas de reactivación de los procesos que se encontraban parados con utilización de medios remotos (Polycom, Zoom, Meet, Jitsi, Video WhatsApp). En muchos casos hemos constatado que dichos juicios y audiencias se han impuesto por parte de los jueces y sin garantía alguna para las partes o adecuación o protocolo que respeten el derecho a un juicio justo para las partes intervinientes.

Por último, debemos recordar que nuestros mejores protocolos para admitir las audiencias y juicios virtuales son: la Constitución Nacional, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y las leyes de nuestra República.  Juicios justos solo se pueden conseguir con respeto y el consenso entre las partes, a fin que la incorporación de la tecnología no traiga aparejados grandes violaciones a los derechos.

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El autor es Defensor federal de Neuquén. Cotitular de la comisión de Cárceles e integrante de la Asociación Pensamiento Penal Capítulo Comahue.