Los organismos de Derechos Humanos advierten que en el
marco de las medidas de aislamiento social, preventivo y obligatorio dictadas
ante la pandemia por el coronavirus, se incrementaron los casos de violencia
institucional. Gatillo fácil, torturas y detenciones arbitrarias y la denuncia
de familiares que reclaman una respuesta del Estado y justicia para las
víctimas.
En diálogo con Tiempo Judicial, la titular de la
Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, aseguró que “no
habían pasado 48 horas del DNU que ya se emitían reportes diarios”.
“Se vieron todo tipo de situaciones arbitrarias,
imposición de tormentos, hostigamientos en barriadas populares, al colectivo
LGBT, a todos los sectores vulnerables y todos con el mismo accionar, que es
detener a una persona y preguntarle qué hace en la calle”, enfatizó.
Además, Verdú también consideró que entre los barrios
populares y las cárceles existen dos puntos en común: el hacinamiento y la
falta de recursos. “Si se hubiesen atendido esos reclamos de entrada, no
hubiera sido necesario militarizar los barrios ni reprimir en las cárceles
porque no hubiera ingresado el virus”, señaló en referencia al motín que hubo
el 23 de abril en el penal Nº 1 de Corrientes.
La titular relató: “En Corrientes entró el virus de la
mano de un penitenciario, que volvió de afuera, no cumplió el aislamiento y
tenés muertos. José Candia recibió un disparo de bala de plomo en la nuca del
personal penitenciario que reprimió la protesta. En lugar de comprar un litro
de alcohol le clavaron un tiro en la nuca. Lo mismo en Varela, en Jujuy y sigue
la cuenta”.
En cuanto a los números, según CORREPI, se registró
hasta el 6 de agosto 90 muertes por “gatillo fácil”, en lugares de detención u
otras modalidades de accionar. Pero en las últimas actualizaciones el número
llegó a 111. Un dato a tener en cuenta, es que la pandemia retardó el acceso a
las causas y a los propios familiares se le dificultó poder denunciar los casos
ante el organismo.
En el mismo sentido, el coordinador de la Comisión
Provincial por la Memoria (CPM), Rodrigo Pomares, consideró que hubo una
delegación muy fuerte en la policía de la provincia de Buenos Aires para el
control de la cuarentena, y desde el organismo se advirtió: “Hay detenciones
arbitrarias, se establecieron toques de queda informales en pueblos y se
registraron situaciones de extrema violencia en esas detenciones. Los márgenes
de arbitrariedad se exacerbaron en este momento de excepcionalidad en el
control de la libertad de circulación”.
La CPM, precisó, que puso en conocimiento al Ministerio
de Seguridad bonaerense, conducido por Sergio Berni, y a los actores judiciales. “En los dos casos
se advirtió, tanto las vulneraciones de derechos que fueron detectadas, como el
pedido concreto para que se tomen medidas para el control de los efectivos
policiales y mayores recaudos”, reconoció el coordinador.
En muchas situaciones, los abusos de poder terminan en
causas penales o en investigaciones sobre la violencia policial. Tal es el
caso, por ejemplo, de los dos jóvenes de San Nicolás -Ezequiel Corbalán y
Ulises Rial-, que fueron perseguidos con un patrullero y el resultado fue la
muerte de ambos el primero de junio pasado. La CPM patrocina a las familias en
la causa.
Otra parte del problema que detectan los organismos,
tiene que ver con el incremento de personas detenidas en dependencias
policiales. La CPM afirmó que “hoy el número pasa las 5.500 personas detenidas
en comisarías, con una capacidad no mayor a las 1200”. Pomares explicó que esto
tiene que ver con que se mantienen los niveles de detención e ingreso, y por
otro lado “se limitó el cupo al servicio penitenciario”, que también está
colapsado.
En búsqueda de
explicaciones
La CMP, consideró que el bagaje de acciones cotidianas,
como la “aplicación de criterios arbitrales, violentos, la regulación de
determinados mercados ilegales”, no iba a ser distinto cuando se puso en juego
el del control de las medidas de aislamiento. Lo que se exacerbó fueron las “prácticas
acostumbradas”, enfatizó Pomares.
También, hubo una modificación en la estructura de la
policía de la Provincia de Buenos Aires durante la pandemia, a través de un
decreto provincial, que “concentró aún más la conducción de la fuerza policial
en la jefatura policial”, aclaró el coordinador.
Algunos Números
de compartidos por la CPM
Entre marzo y septiembre la CPM realizó 190
intervenciones por casos de violencia policial, abordando 74 muertes por uso
letal de la fuerza, 31 detenciones arbitrarias, 27 casos de golpes, 15 casos de
hostigamiento, 9 de lesiones graves, 8 allanamientos ilegales, 7 por
vulneraciones de garantías procesales, 5 por amenazas, entre otros de menor
frecuencia.
Más leña al
fuego
Luego de las declaraciones del ministro de Seguridad
bonaerense Sergio Berni, en las que afirmó en una entrevista el domingo pasado
que los organismos de derechos humanos son “puro blablá”, distintas
organizaciones emitieron el lunes un comunicado en el que criticaron duramente
sus dichos.
“Ofenden nuestra historia y nuestra lucha”, subrayó el
documento. No obstante, lejos de alimentar el conflicto, el comunicado llamó a
la reflexión del ministro y le recordó: “La exposición mediática no reemplaza
la gestión, y debería abocarse a atender las problemáticas de su cartera”.
La respuesta de Berni fue a través de la red social
Twitter, y fue una disculpa en la que expresó su “respeto a Madres, Abuelas,
Hijos, y familiares de víctimas de la dictadura cívico militar”, y resaltó que
a los organismos se le debe una “parte importante de la reconstrucción de la
democracia”.El documento fue firmado por
Abuelas De Plaza De Mayo, Madres De Plaza De Mayo – Línea Fundadora,
Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S.
Capital, Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), Asamblea Permanente por
los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Movimiento
Ecumenico por los Derechos Humanos (Medh), Asociación Buena Memoria, Fundación
Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos
Humanos La Matanza, Familiares y Compañeros de dos 12 de la Santa Cruz,
Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte.
Fuente: http://tiempojudicial.com/2020/09/20/denuncian-un-incremento-de-la-violencia-institucional-por-parte-de-las-fuerzas-de-seguridad/
