Aurelia trabajó durante 20 años en la Fiscalía Federal Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N° 1 de San Martín bajo la titularidad, en ese período, del fiscal Miguel Ángel Blanco. Durante esas dos décadas fue naturalizando muchas cosas: no se ataba el pelo para que su cuello no llamara la atención, dejó de usar pantalones de colores claritos para evitar que se marque su ropa interior, cambió los tacos por zapatos chatos, guardó el perfume que le gustaba usar todos los días. Pequeños gestos, casi imperceptibles en los vaivenes cotidianos, para evitar una misma cosa: llamar la atención de su jefe.

El trabajo en la fiscalía fue su primer trabajo. El Fiscal Blanco la esperaba en la parada del colectivo para llevarla al trabajo, le regalaba flores y tarjetas, le comentaba la ropa, la piel, el cuerpo; la piropeaba, le preguntaba cosas íntimas sobre su vida personal, qué malla usaba en las vacaciones y qué ropa interior le gustaba más, si hacía topless, que no le fuera a contar qué hacía con el marido, que se pondría celoso. Había veces que el acoso era más perceptible: una vez la llamó a su despacho para mostrarle unos videos porno que había traído de sus vacaciones en Taipéi. Otra, la llamó para mostrarle un artículo sobre los beneficios del sexo oral. Y la última, la que voló todo por los cielos, fue la vez que le dijo “sabés qué tenés que hacer para que te nombre” luego de comentarle que se abría una vacante para la que ella estaba muy calificada.

Aurelia se levantó y se fue del despacho. No contestó. Entonces a los pocos días comenzaron las represalias: una compañera la denunció penalmente por haber rayado su auto. En la causa la indagaron sin mostrarle la prueba, no la dejaron declarar. Terminó en probation. Contra ella declararon sus propios compañeros de trabajo en base a lo que vieron en el video: un video que no muestra, ni por cerca, que ella hubiera rayado el auto de su compañera. Un día antes de la feria de 2017 Blanco le avisa: “el lunes no venís a trabajar más acá”. Le llegó un mail de la Procuración avisándole que la trasladaban de fuero y de distrito. Pasó a trabajar, luego de 20 años en el fuero civil en San Martín al Criminal y Correccional en San Isidro. Al escuchar la explicación de Aurelia sobre su experiencia en la fiscalía de Blanco, sin embargo, el fiscal del daño resolvió enviar la causa a la UFI 14 de San Martín, especializada en delitos contra la integridad sexual. Allí se resolvió que se estaba ante el delito de abuso sexual simple.

“Nunca me imaginé esto”, explica Aurelia a Tiempo Judicial. “Estaba tan naturalizado. Él había hecho cosas, pero yo siempre sentí que no tenía herramientas para defenderme”. Luego de que la fiscalía en la que cayó la causa se declarara incompetente, pasó directamente a la jurisdicción del imputado, Blanco, en San Martín: el fiscal sería Jorge Sica, que durante 20 años fue su compañero. Aurelia lo recusó pero la recusación fue rechazada. Empezó una batalla que continúa hasta hoy con la jurisdicción entera.

La violencia, el sobreseimiento

Una de las modalidades de violencia contempladas en la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres es la de violencia laboral. El artículo 6 define, bien claro que la violencia laboral es “aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo (...)". Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral”.

La violencia laboral, como tantas otras del paraguas amplio de la violencia de género, es sistemática pero muchas veces dispersa: se teje en comentarios, gestos, prácticas, amedrentamientos, amenazas sutiles. El Informe Estadístico sobre Violencia Laboral elaborado por la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral (OAVL) del año 2017, el tipo de violencia denunciada por mujeres en el ámbito laboral fue en un 87% psicológica, un 10% sexual y un 3% física. El 33% de las denunciantes, como es en el caso de Aurelia, tuvieron que recurrir a algún tratamiento psicológico o psiquiátrico por el padecimiento de estas violencias.

La calificación de abuso sexual simple en el ámbito laboral fue llamativa porque la violencia de género, justamente, se organiza con inteligencia, y reposa en redes de complicidad machistas históricas, muchas veces también imperceptibles. El sobreseimiento de Blanco por parte de sus pares tardó diez meses en llegar. El fallo cita la Ley Micaela, obtenida con la lucha del movimiento feminista, y hace su propia interpretación: analiza toda la prueba por separado y sin contexto. “Lo del artículo que me mostró sobre el sexo oral, por ejemplo, aparece; pero dicen que no pueden comprobar que lo haya impreso él”, recapitula Aurelia.

El fallo dice que “no [se] alcanza a advertir de qué forma el titular de la dependencia podría haber llevado a cabo, reiteradamente y a la vista del personal, el obsceno accionar descripto, sin que ninguno de quienes allí trabajaban se percatara jamás de ello”. Se basa en los testimonios de los mismos empleados del fiscal que sumarió a Aurelia por haberlo contradicho, por no haber acatado su orden, por haberse levantado en silencio y abandonado el despacho.

“Perspectiva de género no es sólo escuchar a la víctima y citar leyes”, resalta Melisa Sol García, de ABOFEM, organización que presentó un amicus para apoyar la apelación al sobreseimiento. El amicus fue rechazado. “Hace falta ponderar la prueba y los testimonios planteando la asimetría de poder”, agrega. Las abogadas feministas llegaron a los debates públicos justamente para reponer aquello que el mismo sistema judicial no está logrando hacer: la normativa no alcanza si no se observan las prácticas como sistema, si no se distinguen las particularidades de esos sistemas y, ante todo, no se reconocen las dinámicas de poder que organizan y hacen posibles las estructuras violentas. Es que la perspectiva de género no alcanza si es empleada como revestimiento discursivo de una medida que no cuestiona el poder de un varón con autoridad sostenida por veinte años.

Dar la batalla

A tres años del día en el que la cambiaron de fuero y jurisdicción y la llamaron a silenciarse, Aurelia habla con claridad y convicción. Luego de haber pasado por tratamiento psiquiátrico, ataques de pánico y angustia en su nuevo lugar de trabajo, ganó la fuerza para continuar su reclamo. “Estoy en un grupo de WhatsApp con muchas chicas del Ministerio Público Fiscal, muchas tuvieron problemas como yo pero ninguna se animó a hacer la denuncia”, relata. “Es una lucha que remo en dulce de leche”. Estuvo a punto de abandonar la justicia, lo habló con gente de su confianza, pero decidió no hacerlo. “Yo siempre fui la justicia, y cuando me tocó estar del otro lado lo sufrí". Fue cuando la acusaron de haber rayado el auto que le tocó estar del otro lado por primera vez. “Me hicieron bolsa, me obligaron a agarrar la probation porque iba a perder el juicio e iba a perder mi trabajo. No tenían pruebas, los testigos no eran testigos de los hechos”. Uno de sus compañeros de trabajo, llamado como testigo, llegó a decir que reconocía que era Aurelia la del video que le mostraron porque ‘tenía tacos altos y un pantalón ajustado’.

Carolina Lospennato, trabajadora judicial y dirigente sindical, acompañó a Aurelia en su lucha. “Venimos hace rato viendo como se cierran puertas. Es difícil poder avanzar cuando todo el tiempo se cierran puertas, pero no perdemos la esperanza”, explica. Carolina, quien también integra la Mesa de Mujeres de la U.E.J.N., describe que el MPF y el Poder Judicial están articulados en sus redes de complicidad en estos casos. Y no es casual que no haya dentro de ellos ningún mecanismo para tramitar las violencias como la que sufrió Aurelia.

“Lo único que tiene la empleada o empleado judicial es venir al gremio. No hay instrumentos hacia adentro para abordar este tipo de situaciones. Hemos sido altamente creativos como gremio porque cuando se dan estas situaciones lo primero que se despliega son las redes de complicidad”, sostiene.

En el caso de Aurelia, explica Lospennato, se vuelve a lo mismo: la Justicia Federal es muy poderosa y llena de varones, que sostienen sus redes de complicidad. “La Cámara de San Martín es una de las más poderosas, el acto de coraje que tuvo Aurelia es inmenso, son ámbitos muy endogámicos y puede pasar que se quede con la causa un fiscal amigo para controlarla y se encontró con una querella que le dio pelea”, relata. Y por ello, explica, hace falta que haya mecanismos específicos de protección en estas situaciones.

Sin mecanismos de respuesta y atención, denunciar acoso laboral en el contexto del Ministerio Público Fiscal o el Poder Judicial es básicamente pedirle al aparato que vulnera derechos que juzgue aquella vulneración. “El poder judicial es patriarcal, hay muchas conductas abusivas naturalizadas, muchas veces ves que las propias víctimas ni siquiera entran en conciencia del propio abuso”, describe, demostrando que la situación de Aurelia no fue ni la única ni la excepción, sino la regla en estos casos.

Por ello, la dirigente sindical explica que el cambio es en todos los niveles. “Hay que romper esa conducta, poder verla, reconocer el abuso y a partir de ahí poder avanzar. En la red del abusador muchas veces se incluyen los compañeros de trabajo, esa persona opera y te pone en contra quizás a toda la dependencia con la que trabajaste. Ahí empiezan a circular los discursos en contra de la víctima, que no tiene herramientas para defenderse”, concluye.

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Hoy, a pesar de que el fiscal Blanco se jubiló -le aceptaron la renuncia en marzo-, sigue trabajando como fiscal y tiene a su cargo la unidad de Derechos Humanos. Pero la experiencia de haber estado del otro lado, lejos de expulsarla, le dio a Aurelia más energía para continuar peleando por una justicia real. “Ahora estoy en el fuero penal y hay mucho por hacer. Si mi trabajo sirve para que este sistema sea más justo, voy a pelearla”

El 31 de julio el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional de San Martín sobreseyó al fiscal Blanco, la causa fue apelada y ABOFEM presentó un amicus para acompañar la apelación, pero fue rechazado. Sin embargo, la organización, el gremio y Aurelia no bajan sus brazos: continuarán pidiendo que se cumpla con la obligatoriedad de la perspectiva de género en este proceso y en todos los demás.