Como muchos de los rubros afectados poseen un elevado grado de informalidad (gastronomía, construcción, esparcimiento, asalariados de casas particulares, etc.) y menores salarios que el promedio, se generó un efecto regresivo en la distribución del ingreso.

En este marco, según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el empleo cayó más de 20% i.a. en el segundo trimestre del año, principalmente por el desplome en los puestos de trabajo informales y cuentapropistas (-43,5% i.a. y -29,3% i.a., respectivamente). Asimismo, observando la dinámica del ingreso per cápita real de los hogares, se encuentra un retroceso cercano a 20% i.a. en los sectores bajos, de 15% i.a. en los sectores medios y de alrededor de 8% i.a. en la clase alta, según advierte el último informe de la consultora Ecolatina.

Este abrupto deterioro responde a que, a diferencia de los años previos, la caída de la masa salarial real estará caracterizada tanto por un deterioro del poder adquisitivo como por la contracción del nivel de empleo.

Sin embargo, esperamos una recuperación del empleo en el corto plazo que apuntalará la capacidad de compra de las familias: la relajación de las restricciones de facto, especialmente en el sector informal de la economía, que se plasmó con el reciente anuncio del abandono de la fase de aislamiento social por una de distanciamiento en gran parte del país (exceptuando importantes aglomerados urbanos, por caso Rosario o Mar del Plata).

Todo lo que permite que muchas actividades puedan operar -bajo estrictos protocolos- al menos “a media máquina”, por lo que quedan pocas actividades totalmente paralizadas.

Como era de esperar, los empleos informales y cuentapropistas están siendo los primeros en reaccionar. Por caso, los trabajadores independientes registrados (monotributistas y autónomos) crecieron hacia agosto -último dato disponible- casi 5% desde el piso de mayo y prevemos que recuperen casi todo el terreno perdido para fin de año. Además, parte de los trabajadores suspendidos al comienzo de la pandemia podrán retornar a sus actividades. Esto no es un dato menor, ya que no estaban cobrando la totalidad de su salario y 1 de cada 5 de los ocupados no estaban trabajando (suspendidos) al momento de ser encuestados.

Desde un punto de vista económico, la pandemia está dejando de significar un problema de oferta para ser fundamentalmente de demanda. La aceleración de la inflación -en octubre fue de 3,8% mensual y no será menor a 3% en lo que resta del año- no parece que será acompañada por una mejora de los salarios. Esto se debe a que los asalariados registrados están teniendo una fuerte heterogeneidad en sus negociaciones paritarias: según el ministerio de trabajo, casi 3,5 millones de trabajadores están sufriendo un proceso paritario anómalo.

Se acuerdan sumas fijas -progresivas, pero sobre ajustes similares a inicio de año, deteriorando más el poder de compra de los ingresos medios y altos-, o se cierran acuerdos anuales -que pueden ser muy prolongados para un contexto de elevada y cambiante inflación- o directamente no cerraron, a septiembre, ninguna negociación. Estas dificultades serían aún mayores en trabajadores informales e independientes pues poseen menos herramientas para proteger el poder adquisitivo de sus remuneraciones que los trabajadores sindicalizados.

Al mismo tiempo, el relajamiento de las restricciones y la salida de la cuarentena nos obliga a pensar distintos escenarios. Sin embargo, en ninguno se destaca una particular mejora del poder adquisitivo del salario. Veamos.

Un desenlace probable es que las presiones cambiarias desemboquen en un salto cambiario ordenado que ayude a bajar la brecha y revertir la caída de reservas. Sin embargo, el mismo le pondría un piso de 3% a la inflación mensual del primer semestre.

Si bien aquí los salarios podrían adoptar cierto dinamismo, este contexto recesivo tampoco evitará el deterioro del poder adquisitivo, que prevemos será cercano a 2% en promedio durante 2021. No obstante, en este caso cierto orden macroeconómico podría favorecer la inversión -actualmente en niveles muy bajos- y las exportaciones, compensando el debilitamiento del consumo dentro de la demanda agregada.

En un escenario optimista se evitaría el salto cambiario. El costo sería un ajuste fiscal y una fuerte moderación en la expansión de la base monetaria, lo cual solamente parece ser posible con la concreción de un nuevo programa con el FMI que consolide el giro de política económica iniciado el 1 de octubre. El ajuste implicaría aumentos de tarifas e incluso más recortes para alcanzar un déficit fiscal menor de lo presupuestado. En este caso, la aceleración de la inflación sería moderada pero insuficiente para reactivar las paritarias, que deberán esperar al segundo trimestre del 2021 para poder recomponer parte del terreno perdido.

Además de la cuestión cambiaria, la dinámica del consumo estará condicionada por la capacidad de endeudamiento de las familias. La postergación de pagos de préstamos brindados por ANSES, el crédito otorgado a cuentapropistas, los programas de financiamiento del consumo como Ahora 12 o Ahora 18 en algún momento tendrán que ser pagados.

Por último, pero no por ello menos relevante, no sabemos a ciencia cierta cómo afectará la pandemia a la economía el año que viene. En caso de que la vacuna demore su llegada y/o se tenga que volver a alguna medida de confinamiento como está sucediendo en Europa que enfrenta una segunda ola, volveremos a los problemas de oferta/circulación.

En síntesis, producto de la aceleración de la inflación y la progresiva recuperación del empleo, las familias no tendrán una masa de ingresos suficiente para satisfacer los nuevos rubros disponibles para gastar (turismo, recreación, etc) en la flamante fase de distanciamiento social. Asimismo, los distintos rumbos macroeconómicos, determinados por la dinámica cambiaria (y sanitaria), no permiten vislumbrar una suba significativa del ingreso disponible de los hogares para consumo por lo menos durante la primera parte de 2021.