El viernes pasado la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó el informe anual sobre los casos que este año hubo en el país. Algunos datos son preocupantes, ya que durante la cuarentena por el Covid-19 ocurrieron 348 de violencia institucional, esto quiere decir que hubo una muerte cada 20 horas. También se indicó desde la organización que desde el comienzo del Gobierno del Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández, hasta mediados de noviembre, fueron 411 los casos.

La titular de Correpi, María del Carmen Verdú, aseguró en diálogo con Tiempo Judicial que, si bien el número es inferior a los años en que no hubo aislamiento social y preventivo, con las calles vacías “es muy fuerte pensar en todos estos casos de gatillo fácil en el año”.

“Desde el punto de vista sanitario, el aislamiento social y preventivo fue la mejor medida pero si eso no viene acompañado de una garantía de que puede ser cumplida por el 100% de la población a través de medidas sociales suficientes vamos a tener un incremento de casos de represión estatal”, explicó Verdú.

En cambio, la titular de CORREPI criticó que se destinen “esos recursos a ampliar las facultades policiales, porque se sacó la policía la calle para seguir la gente que violaba la cuarentena para trabajar”.

Además, señaló que la mayor cantidad de casos se dio en los sectores populares y de menores recursos, y se debe destacar que los principales afectados por la violencia policial son jóvenes. Al respecto, la titular señaló que “ese es el target de la población de la represión policial estatal, siempre son los más pobres y jóvenes que pertenecen a esos sectores sociales”.

Verdú aseveró que la víctima de la represión “es también la víctima de la violencia económica del sistema, precisamente porque la represión no es un fin en sí mismo”, y a afirmó que “uno como administrador del poder necesita controlar y disciplinar a aquel que no recibe todos los beneficios del sistema”.

“Justamente cuando se explota a una mayoría para que una minoría tenga beneficios, entonces corres el riesgo de cuando la crisis se profundiza se revelen, levanten la cabeza y empiecen a reclamar”, remarcó.

En cuanto al análisis histórico, al menos desde el comienzo de CORREPI en los 90´, se puede observar que la curva de casos de gatillo fácil asciende en los umbrales de las crisis económicas. La referente aclaró: “Los momentos en que hubo un salto importante en los casos de violencia institucional coinciden con los momentos de profundización de la crisis económica y social. En el 89´, en el 2001, y más actual entre el 2015 al 2019, que hubo una disparada atroz”.

Según los cálculos de la entidad, basados en los datos a los que tuvieron acceso, es apenas un 10% del total de casos de asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad los que tienen la oportunidad de ir a juicio. “No en todos esos casos hay condenas y no en todas los casos donde hay condenas es una condena efectiva”, concluyó.