La solución no pasa por promover la “economía social” sino por estimular la inversión y la creación de empleos en el sector formal, afirma el paper de IDESA sobre el tema.

El INDEC informó que la tasa de desocupación en el 3º trimestre del 2020 fue de 11,7% de la población laboralmente activa. Implica una reducción respecto a la del 2º trimestre cuando se ubicó en el 13,1%, momento en que el confinamiento fue más estricto. Considerando que antes del confinamiento la tasa de desempleo era casi de 10%, estos números parecerían indicar que la situación laboral estaría volviendo a la situación pre-pandemia.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que la baja en la tasa de desempleo en el 3º trimestre se explica porque mucha gente que perdió el empleo con el confinamiento declara no estar buscando otro empleo. Por esto, no se considera desocupada. Si esta gente que pasó a la inactividad (no trabaja, ni busca trabajo) entrara al mercado laboral a buscar empleo, el desempleo en el 3º trimestre no sería 11,7% sino de 20%.

Indagando en la calidad de los empleos se llega a un panorama más desolador aún. Para observar este fenómeno sirve comparar el empleo asalariado registrado con el empleo informal, incluyendo en este último los asalariados no registrados y los cuentapropistas. Según datos del INDEC se observa que en el 2020:

En el 1º trimestre el empleo asalariado registrado caía un -2% y el empleo informal crecía un 3% interanual.

En el 2º trimestre el empleo asalariado registrado cayó un -5% mientras que el empleo informal cayó un -36%.

En el 3º trimestre el empleo asalariado registrado mantiene una caída de –4% mientras que el empleo informal sigue -17% abajo.

Estos datos muestran que antes de la pandemia el empleo asalariado formal ya venía contrayéndose y el informal expandiéndose. Con la llegada del Covid-19 y el confinamiento estricto, la prohibición de despedir más los subsidios al salario (ATP) y los acuerdos de reducción de costos laborales permitieron moderar la destrucción de empleos en el sector formal. Pero entre los trabajadores informales el ajuste fue brutal. En el 3º trimestre cuando el confinamiento se fue relajando, el empleo comenzó a recuperarse, pero sólo entre los informales. La totalidad del crecimiento del empleo es en la informalidad.

Esta tendencia a la contracción de los empleos formales y la expansión de los informales excede la pandemia. Desde el 2012 hasta el 2019, antes de la pandemia, el empleo asalariado registrado en empresas privadas permaneció estancado mientras que se crearon más de 1 millón de empleos informales (asalariados no registrados y cuentapropistas no profesionales). Si bien el confinamiento concentró la destrucción de empleos en el sector informal, apenas se comenzó a relajar el aislamiento volvieron a emerger los empleos informales de baja productividad, baja remuneración y muy precarios. Esto no debe sorprender en un país que desalienta las inversiones productivas, que es indiferente a los malos resultados del sistema educativo y que penaliza con altos impuestos y una arcaica legislación laboral la contratación asalariada en empresas.

En este complicado panorama cobran impulso las políticas públicas orientadas a promover la “Economía Social”. Esto explicita una enorme contradicción. Los emprendimientos más productivos, que son los que generan empleos de calidad, son desalentados con gravosos impuestos, prohibiciones y regulaciones altamente distorsivas.

Los emprendimientos menos productivos, que generan empleos de baja calidad, son incentivados con exenciones, subsidios y la liberación de regulaciones. La “Economía Social”, en la que se mezclan buenas intenciones con intereses espurios, es un acto de resignación frente al estancamiento y la degradación productiva.

Para elevar la calidad de vida de toda la población es imprescindible multiplicar la inversión productiva, especialmente en proyectos intensivos en generación de empleos y ligados a la exportación. Esto no se va a lograr fomentando la “Economía Social”. Lo que se necesita es simplificar el sistema tributario, mejorar la educación pública, invertir en infraestructura y mejorar las regulaciones, en particular, las laborales.