El 2020 terminó con una inflación del 36%. Esto es una importante disminución respecto al 2019 cuando la inflación fue del 54%. La baja tiene que ser evaluada en el contexto muy atípico que planteó la pandemia y el confinamiento. En abril del 2020, cuando se planteó el encierro más estricto, la inflación se ubicó en el orden del 1,5% mensual. Pero a medida que el confinamiento se fue relajando, la inflación aumentó hasta el 4% mensual en diciembre.

La dinámica de los precios y del funcionamiento de la economía estuvo muy alterada por el aislamiento obligatorio. El consumo comenzó a recuperarse luego de una fuerte disminución en abril. La inflación siguió la misma tendencia. Hacia el final del año los precios crecieron a ritmo similar al registrado antes del confinamiento y se espera que en enero el alza se acentúe, lo que genera justificada preocupación en la sociedad. También explica la prioridad que las autoridades nacionales le están dando a los acuerdos de precios y salarios.

¿Qué puede esperarse en el 2021 con la inflación? Para aproximar una proyección sirve apelar a los datos del Banco Central. Según esta fuente oficial, entre diciembre del 2019 y diciembre del 2020 se observa que:

La cantidad de dinero en poder del público (efectivo, cuentas corrientes y cajas de ahorro) pasó de $2,5 a $4,6 billones, o sea, se expandió en un 84%.

La inflación fue del 36%.

Esto significa que la cantidad real de dinero en poder del público, descontado el impacto de la inflación, se expandió un 35%.

Estos datos muestran que la gente hoy tiene un 35% más de capacidad de compra que cuando comenzó el año. Sin embargo, el Producto Bruto Interno (PBI), que es la cantidad total de bienes y servicios disponibles para comprar, se contrajo en el 2020 en un –12%. Que haya más dinero en poder de la gente y menos oferta de bienes y servicios genera un desbalance que mantiene una fuerte presión sobre los precios. Esto hace presagiar que en el 2021 la inflación seguirá creciendo.

Es cierto que parte del desbalance se corregirá con la recuperación de la producción. Pero los órdenes de magnitud son muy diferentes. Mientras que el dinero real en poder de la gente aumentó 35%, el gobierno proyecta que el PBI crecerá 5,5% en 2021, 4,5% en 2022 y 3,5% en 2023. Esto representa un crecimiento de 14% acumulado. En otras palabras, en el 2023, la cantidad de bienes y servicios disponibles será igual al 2019. Mientras tanto el déficit fiscal seguirá obligando a emitir y aumentar el dinero en poder de la gente.

Las autoridades nacionales apelan a diferentes medidas para contener la inflación. El Banco Central absorbe parte del dinero emitido con operaciones de pases y Leliq, lo que obliga a pagar altas tasas interés. Lo mismo ocurre con el Tesoro que emite títulos públicos atados al dólar con altos intereses para relajar la presión sobre el Banco Central a seguir emitiendo.

El congelamiento de tarifas también apacigua el aumento de precios, pero a costa de aumentar los subsidios. Es decir, todos los instrumentos que usa el gobierno tienden a generar mayor emisión monetaria a futuro. En este marco, los acuerdos de precios y salarios pueden ayudar a contener presiones inflacionarias, pero de manera transitoria. Un ejemplo claro es el reciente acuerdo salarial de bancarios. Se acordó un aumento del orden del 30% acorde a la inflación oficial proyectada, pero con cláusula de revisión.

Es decir, ni siquiera un sindicato oficialista, como el de bancarios, confía en la meta oficial. La inflación es un fenómeno multicausal, aunque no todos los factores tienen la misma importancia.

En las actuales condiciones, el déficit fiscal tiene una incidencia decisiva, especialmente porque el sector público tiene muy limitado acceso al crédito. Por eso, es clave priorizar. Esto es, asumir que el ordenamiento integral del sector público es central y los acuerdos de precios y salarios son una herramienta complementaria y secundaria.