El
femicidio de Úrsula Bahillo generó conmoción y reabrió el debate sobre el
accionar de la justicia y las fallas en la protección de las víctimas de
violencia de género. La joven, de 18 años, fue asesinada por su ex pareja, el
policía Matías Martínez, quien tenía otras acusaciones de violencia contra
mujeres.
Ante
esta situación, un grupo de diputados presentó un proyecto de ley que reprime
con pena de 1 a 6 años al juez que, en las denuncias por hechos de violencia de
género o de violencia familiar, “demore maliciosamente la adopción de medidas
de protección de la víctima después de haber sido requerido por las partes, y
de vencidos los términos legales”.
La
iniciativa, encabezada por la diputada Carolina Gaillard, también incorpora al
Código Penal un artículo que fija una pena de 3 a 5 años de prisión que “si la
orden desobedecida fuera una resolución judicial que establezca la exclusión
del hogar y/o restricción perimetral del agresor y que tuviera por objeto
salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el
marco de un proceso en el que existiera una denuncia” por violencia de género o
familia.
Incorpora,
asimismo, la pena de 1 a 4 años para aquellos funcionarios públicos cuando la
“omisión, renuencia o retado represente un peligro para la integridad
psico-física de una víctima o la de sus hijos”.
La
iniciativa, encabezada por la diputada Carolina Gaillard, también incorpora al
Código Penal un artículo que fija una pena de 3 a 5 años de prisión que “si la
orden desobedecida fuera una resolución judicial que establezca la exclusión
del hogar y/o restricción perimetral del agresor y que tuviera por objeto
salvaguardar la integridad física, psíquica o sexual de una persona, en el
marco de un proceso en el que existiera una denuncia” por violencia de género o
familia.
También establece que “cuando el incumplimiento configure desobediencia u otro delito o represente un peligro para la integridad psico-física de la víctima de violencia o la de sus hijos/as, el juez deberá poner el hecho en conocimiento del/la juez/a con competencia en materia penal en forma urgente y dentro del plazo máximo de 24 horas”.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/88531/noticias/jueces-bajo-la-lupa.html