Una de las primeras denuncias la hizo la ONG Fundación para la Paz y el Cambio Climático a cargo de Fernando Miguez, el abogado Jorge Monasterky y el dirigente Yamil Santoro iniciaron otras más así como de oficio también el fiscal federal Guillermo Marijuan hizo una denuncia ante la Cámara Federal porteña en donde apuntó al exministro de Salud, Ginés González García, por abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y la última presentación en la Justicia fue realizada por “HLB Pharma Group SA” por los delitos de cohecho, violación de medidas de propagación de una epidemia y asociación ilícita, que quedó en manos del juzgado federal 8, a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi.

La denuncia expresó que la ley de vacunas 27.573 está destinada a generar inmunidad adquirida contra la enfermedad Covid-19, que establece "un orden prioritario" para aplicar las vacunas contra el coronavirus, siendo los primeros en la lista el personal de salud y los mayores de 60 años.

En esa misma denuncia también involucró a Verbitsky, quien reconoció que un asesor de González García lo llamó para que se aplique la vacuna contra el covid-19 en el Ministerio de Salud. Y así tomó repercusión el tema denominado “vacunación vip”. La denuncia de Marijuan será investigada por la flamante reemplazante de el polémico ex juez Norberto Oyarbide, María Eugenia Capuchetti, al frente del histórico juzgado federal 5 en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia de Yamil Santoro tendrá misma jueza pero diferente fiscal, Eduardo Taiano.

"Así las cosas, considero que se trata de un acto de inusitada gravedad institucional porque no solo se está incumpliendo con los deberes de funcionario público, sino que se está impidiendo que una persona considerada de mayor riesgo y que necesita vacunarse" pueda conseguirlo, señaló el titular de la fiscalía federal 9.

Alberto Fernández echó por la polémica vacunación al ministro de Salud Ginés González García,

En tanto, también inició una investigación preliminar el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), por posibles irregularidades en la Campaña Nacional de Vacunación contra el coronavirus donde dan cuenta que “por diversos trascendidos surgían las versiones de la existencia de una reserva de vacunas (3.000) para ser aplicadas a funcionarios, familiares de funcionarios, celebridades o personalidades destacadas de la vida política, sindical o pública del país, apartándose así de los Lineamientos técnicos para la Campaña Nacional de Vacunación contra el Covid-19”.

La fiscalía especializada ordenó la apertura de un sumario contra el Ministerio de Salud de la Nación ante “la posibilidad de que existiera un orden paralelo al establecido prioritariamente en razón de grupos de riesgo o interés epidemiológico para suministrar las dosis de vacunas recibidas contra el virus que generó la actual pandemia mundial que nos encontramos atravesando imponen la apertura de una investigación ágil y desformalizada que permita esclarecer los hechos que se han dado a conocer en las últimas horas”.

De acuerdo con la presentaciones, el presunto delito cometido sería el previsto por el artículo 248 del Código Penal, que sostiene que “será reprimido con prisión de un mes a dos años e inhabilitación especial por doble tiempo, el funcionario público que dictare resoluciones u órdenes contrarias a las constituciones o leyes nacionales o provinciales o ejecutare las órdenes o resoluciones de esta clase existentes o no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere”.