El
Consejo de la Magistratura de la Nación publicará un registro de denuncias
presentadas contra magistrados por situaciones vinculadas con violencia de
género, en el que conste el trámite que se les imparte.
La
medida surge del Acuerdo de Solución Amistosa suscripto entre el Estado
Nacional y Olga del Rosario Díaz, víctima de violencia de género. Como parte de
las acciones reparadoras, el país se comprometió a llevar adelante la
confección de un registro público de denuncias contra jueces.
La
diputada nacional y presidenta de la Comisión de Reglamentación, Vanesa Siley,
fue la encargada de anunciar al plenario los avances realizados por el órgano
para dar cumplimiento al acuerdo internacional. El Consejo ya tiene listo un
protocolo de carga y registro, en sintonía con el Reglamento de la Comisión de
Disciplina y Acusación.
Se
incluirán todas las denuncias que versen sobre vulneración y afectación de
derechos de mujeres y personas que integren el colectivo LGBTIQ, como también
aquellas por discriminación por razones de género, inobservancia manifiesta de
la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de
resoluciones y obstaculización mediante retardo o impedimento del acceso a la
justicia.
Siley
explicó que el registro contemplará los diferentes momentos de los expedientes
radicados en el Consejo, es decir, desde que el juez es notificado por artículo
11 del Reglamento -para su descargo y presentación de pruebas- hasta su posible
sanción o apertura del proceso de remoción ante el Jurado de Enjuiciamiento.
Las denuncias desestimadas o resueltas por caducidad no van a figurar en el
registro.
Se
incluirán todas las denuncias que versen sobre vulneración y afectación de
derechos de mujeres y personas que integren el colectivo LGBTIQ, como también
aquellas por discriminación por razones de género, inobservancia manifiesta de
la normativa nacional e internacional en materia de género en el dictado de
resoluciones y obstaculización mediante retardo o impedimento del acceso a la
justicia.
El caso “Olga Díaz”
Olga
Díaz sufrió agresiones físicas, maltrato y amenazas por su entonces pareja, lo
que motivó una causa penal cuyo trámite estuvo paralizado durante varios años.
La mujer, que no contaba con ningún dispositivo o medida de protección a pesar
de las reiteradas denuncias, fue apuñada por el hombre, quien intentó matarla.
En
diciembre de 2017, la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, en
representación de la víctima, acudió al Comité CEDAW y denunció que el Estado
no actuó de conformidad con la obligación de debida diligencia reforzada para
prevenir hechos de violencia de género contra la mujer, especialmente por la
falta de protección pese a que las autoridades conocían la situación de riesgo
en la que se encontraba Díaz.
Argentina
reconoció su responsabilidad internacional y se comprometió a realizar
diferentes acciones, entre las cuales se destaca la confección del registro de
denuncias y también la evaluación de conocimientos sobre cuestiones de género
en los concursos para cubrir vacantes en el Poder Judicial. Esta última
cuestión fue abordada por el Consejo de la Magistratura mediante la
incorporación de mujeres en los jurados evaluadores, como también la
obligatoriedad de la perspectiva de género en los aspirantes a ocupar cargos.
Hasta
el pasado 16 de febrero, el Observatorio de Femicidios “Ahora que sí nos ven”
registró 43 femicidios en 2021. Según el informe, una de cada diez víctimas
había realizado una denuncia y tan sólo tres contaban con medidas de
protección.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/88562/noticias-por-tema/denuncias-registradas.html