Las entidades internacionales, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, criticaron los casos que se conocieron en la Argentina, y también en Perú, sobre vacunaciones a políticos alejadas a la normativa de los planes para la inmunización resaltando que deben “garantizar la disponibilidad, accesibilidad, asequibilidad, aceptabilidad y calidad de los productos sanitarios contra la COVID-19 para toda la población, de acuerdo con los principios de transparencia, participación, rendición de cuentas, igualdad y no discriminación”.

“En un contexto de escasez, el orden de vacunación debe seguir criterios que apunten a garantizar el derecho a la salud respetando los estándares de derechos humanos; las vacunas deben ser asignadas de forma transparente y estratégica respetando a los grupos prioritarios”, sostuvo la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski.

En el mismo sentido se expresó José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch al manifestar que son “complejos los procedimientos de tipo administrativo, por lo tanto hay que priorizar pero no discriminar” en la administración de las vacunas de Covid-19. Y agregó, que esta “priorización debe estar fundada en dos criterios fundamentales, la necesidad médica, personas que tienen patologías, edad avanzada, mayores riesgos y cuestiones de salud pública”.

Por su parte, Belski destacó el trabajo de Amnistía Internacional documentando y monitoreando el diseño e implementación de los planes de vacunación en el mundo y la región, con el objetivo de que garanticen el respeto y protección de los derechos humanos de todas las personas.

Y criticó los “privilegios de los vacunados” porque entendió que “resulta inaceptable que sean destinadas a personas o grupos por motivos arbitrarios y opacos. Estos hechos generan desconfianza y pérdida de legitimidad de las decisiones del Estado y no pueden tolerarse. Se debe establecer un marco sólido de rendición de cuentas en caso de violaciones de los criterios de los planes de vacunación”.

Se sumó Vivanco en el sentido que “bajo ninguna circunstancia se pueden registrar casos de discriminación, hay una prohibición terminante en derechos humanos que es una prohibición general a la discriminación. Y lo que ha ocurrido en Argentina realmente es un escándalo, porque acá evidentemente hay indicios que se ha discriminado en función de las amistades, la cercanía al poder, la ideología y eso realmente rompe con un principio básico en materia de derechos humanos que es la prohibición de incurrir en este tipo de discriminación con conceptos tan ambiguos como el del personal estratégico, por ejemplo, o las vacunas de cortesía en el caso de Perú”.

Por último, luego de conocerse públicamente casos donde personas que no pertenecían a grupos prioritarios accedieron a la vacuna contra el COVID-19, Amnistía Internacional realizó un pedido de información al Ministerio de Salud para conocer detalles sobre la distribución, criterios de asignación y aplicación de las dosis en todo el país. Además, solicitó una reunión con la ministra de Salud, Carla Vizzotti, para brindar aportes en la implementación del Plan de Vacunación con perspectiva de derechos humanos.

En tanto, el organismo internacional también solicitó a las autoridades que informen si existe o se evalúa la creación de un mecanismo de control y fiscalización para monitorear la implementación del Plan Estratégico de Vacunación en cada una de las jurisdicciones para garantizar la transparencia y respeto por la priorización de grupos de riesgo.