El Tribunal Oral Federal N° 4 condenó al empresario santacruceño a la pena a 12 años de prisión por el lavado de dinero proveniente de la corrupción. También fueron condenados sus hijos Martín (a 9 años), Leandro (a 5 años), Luciana y Melina (a 3 años cada una), el contador Daniel Pérez Gadín, el abogado Jorge Chueco, Federico Elaskar, Leonardo Fariña y Fabián Rossi, entre otros.

Desde que asumió el actual Gobierno, la Justicia había recibido varios golpes. El primero en marzo de 2020 fue la ampliación de la edad jubilatoria para los magistrados y funcionarios del Poder Judicial y la suba de los aportes previsionales en los recibos, lo que en la práctica redundó en una reducción del sueldo de bolsillo. Además de perder en las jubilaciones futuras también veían reducidos sus sueldos actuales.

Quienes habían cumplido con los requisitos de edad con el sistema anterior y habían iniciado los trámites para jubilarse, aunque no lo hubieran hecho, parecía que tenían aseguradas las ventajas del sistema anterior. Eso hasta hace unos días que el Anses los empezó a intimar para que se jubilen o pierdan ese beneficio ya acordado.

Otra batalla que libró y ganó el Gobierno, con intervención de la Corte, fue la corrida de los jueces Bruglia, Bestuzzi y Castelli que perdieron la estabilidad de sus cargos a plazo fijo.

También, siguiendo la “Doctrina Corach” se pudieron asegurar el nombramiento de jueces amigables en cargos clave de la Justicia Electoral, que vale oro cada 2 años y platino cada 4.

Los proyectos de Reforma Judicial venían a un ritmo que la mostraban como probable y posible. Parecía solamente cuestión de tiempo.

Abundaban las ideas de anmistías o indultos para políticos jaqueados por causas de corrupción. También circulaban proyectos de ampliación de la Corte o remoción de varios de sus miembros.

 Como frutilla del postre hoy se dictó la postergada condena contra Lázaro Báez, causa que, a pesar de no tener ningún funcionario o político directamente involucrado, le pega de lleno al Gobierno engolosinado con las teorías del Lawfare

Los jueces de Casación Borinsky, Riggi y Hornos sufrieron el zamarreo mediático que el oficialismo ejecutó con comodidad en los inicios de la temporada judicial 2021

Todo parecía venir viento en popa para el Gobierno, hasta que Verbitsky dejó caer, como al pasar, el inocente backstage de cómo se vacunó con la Sputnik V. A partir de ese momento, lo que se sospechaba, lo que se sabía a medias, tuvo su confirmación. En estos días los medios no hablan casi de otra cosa.

La incipiente causa bautizada popularmente como el "Vacunatorio VIP" puso al Gobierno en serios aprietos y obligó al presidente Fernández a intentar minimizar el impacto jurídico del affaire. Desde México atinó a calificar el tema como una "payasada". "No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga 'será castigado el que vacuna a otro que se adelantó en la fila' y no se pueden construir delitos graciosamente, ya lo hemos vivido" opinó.

Pero sus declaraciones no cayeron bien entre los magistrados quienes desde distintas agrupaciones y líneas internas que los representan, salieron a repudiar los dichos del Presidente.

Como frutilla del postre hoy se dictó la postergada condena contra Lázaro Báez, causa que, a pesar de no tener ningún funcionario o político directamente involucrado, le pega de lleno al Gobierno engolosinado con las teorías del Lawfare. Parece que hay un cambio climático.