Las idas y vueltas de las clases presenciales en medio de la disputa política de los gobiernos nacional y porteño empezó con el DNU 241/21 del Gobierno nacional que establecía el pasado miércoles la suspensión de la actividad por 15 días en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) para contener la segunda ola de coronavirus.

El gobierno porteño a cargo de Horacio Rodríguez Larreta sumado a varios intendentes de Juntos por el Cambio cuestionaron el DNU y aseguraron que iban a hacer todo lo posible para volver a las clases presenciales el lunes 19 de abril. ¿Qué hicieron?

El viernes 16 de abril el gobierno porteño presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema y una medida cautelar minutos antes de reunirse con el Presidente en Olivos pidiendo que se declare inconstitucional el DNU que suspende las clases presenciales en todo el sector del AMBA por 15 días. Sobre esta causa, el único avance fue el dictamen de la procuradora Laura Monti que dijo que la CSJN tiene competencia y se espera que el Máximo Tribunal de Justicia corra traslado para avanzar en alguna definición pero habría poco tiempo entre su decisión y el poco tiempo que dura la medida tomada por el DNU.

En la justicia porteña, también el viernes 16 de abril a las 21, la titular del Juzgado n.° 1 del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires, Romina Tesone, resolvió rechazar in limine el amparo incoado con relación a la pretensión consistente en que se ordene al Gobierno local defender la Autonomía de la Ciudad. Y se declaró incompetente para conocer en torno al pedido de declaración de inconstitucionalidad del Decreto de Necesidad y Urgencia 241/PEN/2021.

Por otro lado, varios amparos se presentaron cuestionando el DNU pero solo tuvo eco uno solo hasta hoy. El presentado por la “Fundación Centro de Estudios en Políticas Públicas” en la causa "PALACIOS, MARIA SOLEDAD CONTRA GCBA SOBRE INCIDENTE DE QUEJA POR APELACIÓN DENEGADA - QUEJA POR APELACION DENEGADA" Expediente 108437/2021-1.

El domingo la fiscal de la causa ante la Cámara Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, Nidia Cícero, avaló la cautelar considerando al cierre de escuelas como “un agravio a intereses de tipo colectivo en un tema de máxima relevancia social”.

Y el mismo día, a las 20 horas del domingo 19 de abril, los tres jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires, integrada por los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Perugini y Nieves Macchiavelli, hizo lugar a la queja que pedía que vuelvan las clases presenciales.

Es llamativo este dato. Una ONG presentó una cautelar contra el Gobierno porteño para pedir que vuelven las clases presenciales. Un Gobierno porteño que siempre quiso que vuelvan las clases presenciales, pero que no avala el DNU del Poder Ejecutivo que así lo dispuso por política sanitaria. La fundación que tuvo el aval judicial tiene como directivo a Delia Ferreira, presidenta la ONG Transparencia Internacional.

Entre los fundamentos del fallo de la justicia porteña,  se destaca el de "garantizar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes".

Los cuestionamientos del Gobierno nacional no se hicieron esperar así como el aval de Larreta que ayer a las diez de la noche confirmó las clases presenciales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que no ocurre en varios municipios bonaerenses donde también se tramitan causas judiciales para el retorno como por ejemplo en Vicente López y San Isidro. Así como una denuncia por "sedición" contra el jefe de gobierno porteño en Comodoro py.

Y en este fuero, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, a cargo de Pablo Cayssials, tramita un amparo colectivo presentado por la Asesoría Tutelar del Poder Judicial porteño, a cargo de Carolina Stanley, que justamente su función es garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes en C.A.B.A.

En tanto, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, aseguró que ante la justicia bonaerense y también federal, ya realizó dos presentaciones judiciales para volver a las clases presenciales en su distrito. Un juez federal le dijo que debe tramitar en la justicia bonaerense.

Según el sitio colega Palabras del Derecho, el juez Papavero se "diferenció de lo resuelto en la Ciudad de Buenos Aires sobre el mismo tema, donde consideró que estaban en juego cuestiones de autonomía y tuvo en cuenta que la provincia de Buenos Aires había adherido al Decreto N°241/2021, mediante el Decreto provincial N°181/2021".

Hoy, lunes 19 de abril, el Estado nacional por pedido del Presidente que cuestionó al fallo local como “un mamarracho jurídico” instruyó al  Procuración del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini, quien presentó un planteo ante el fuero federal para que se declare la inhibitoria de la justicia porteña y la invalidez de lo decidido la noche del domingo por la Cámara en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires que falló a favor de la presencialidad en las clases en el distrito.

La Procuración presentó el planteo ante la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y recayó sorteada en el juez Esteban Furnari que tendría que decidir sobre este planteo a menos que la Corte Suprema avance en la otra causa presentada por Larreta. En definitiva, son dos las causas que tramitan de formas más rápida por la vuelta de las clases presenciales.

En la justicia porteña, hay instancias de apelación pero el Gobierno nacional decidió directamente acudir con un recurso denominado inhibitoria ante otro fuero, el Contencioso Administrativo Federal, que de no resolver el fondo caerá otra vez en manos de cinco jueces que no quieren estar todo el tiempo en el ojo de la tormenta por disputas de política partidaria: ellos son los ministros de la Corte Suprema.