Semanas atrás, la Suprema Corte, mediante el Acuerdo 4013, aprobaba un nuevo reglamento para el régimen de notificaciones. Una de las novedades fue el uso del telegrama electrónico como un nuevo medio de notificación, fundado en el régimen al que alude el artículo 12 de la ley 15.230.

La Asociación Judicial Bonaerense manifestó su descontento frente a la iniciativa, atribuyendo a la SCBA una “privatización” del servicio de justicia. Tal es así que iniciaron una campaña solicitando firmas para revocar el acuerdo.

“Con la creación de la figura del telegrama electrónico y la extensión de la intervención del abogado ad hoc se pretende presentar como innovación tecnológica algo que dista de serlo: se trata lisa y llanamente de habilitar el diligenciamiento de notificaciones en papel y dirigidas a domicilios físicos a empresas privadas de correo o abogados y abogadas de la matrícula, en reemplazo de una tarea que hasta el momento vienen realizando oficiales públicos bajo reglas estrictas y con control de la Suprema Corte” afirmaron desde la AJB mediante un comunicado.

“Afecta indudablemente la imparcialidad y la seguridad de esas notificaciones afectando el derecho de defensa y el debido proceso", sostiene el Secretario General de la AJB

En diálogo con Diario Judicial, Pablo Abramovich, secretario general de la AJB, afirmó que “el planteo que venimos haciendo como fundamento de este rechazo por un lado es que se violan las normas procesales de la Provincia de Buenos Aires, en particular el Código Procesal Civil y Comercial que establece que esas notificaciones se tienen que hacer exclusivamente por cédula”.

Para Abramovich, el telegrama electrónico “afecta indudablemente la imparcialidad y la seguridad de esas notificaciones afectando el derecho de defensa y el debido proceso, y por otro lado porque entendemos que instaura una suerte de doble estándar en las notificaciones: una de mayor velocidad para aquellos que puedan financiar la notificación a través de una empresa privada, a través del correo, y otro régimen a través de las oficinas de mandamientos y notificaciones que va a quedar de manera residual para aquellas personas que no puedan pagar los gastos que implica hacer una notificación en el sistema privado”.

“Nosotros creemos que esto en el marco de una justicia que tiene que equiparar la disparidad de armas entre las partes no puede instaurar dos sistemas diferentes, y lo que tiene que hacerse como venimos reclamando es garantizar los recursos para que las oficinas de mandamientos (tanto en términos de personal como de equipamiento) pueda realizar las notificaciones en un tiempo oportuno” concluyó.