La justicia bonaerense hace varios años tiene un problema central que perjudica su funcionamiento, y es la falta de personal para los distintos cargos. Tanto como jueces y fiscales, además del personal judicial y administrativo, no está completa la estructura del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires, lo que genera evidentes demoras y deficiente servicio de Justicia.

Según trascendió, la Suprema Corte hizo un relevamiento que concluyó con que hay 228 vacantes de magistrados bonaerenses entre jueces, fiscales y defensores; de ellas 206 se generaron por renuncias y fallecimientos; 12 a raíz de licencias médicas prolongadas; hubo 5 pedidos de licencia; 5 por suspensiones y apartamientos preventivos en el marco de los jurys de Enjuiciamiento en trámite a magistrados.

Al respecto, el gobernador Axel Kicillof envió a principio de este mes a la Cámara de Senadores 40 pliegos de candidatos a ocupar distintos cargos de jueces, fiscales y defensores de distintos fueros del Poder Judicial. La pregunta es si será suficiente para cubrir los cargos faltantes y estabilizar su funcionamiento. En tanto, alrededor de 36 vacantes son cubiertas por el Cuerpo de Magistrados Suplentes. Si se aprueban estos 40 pliegos habría menos de 100 vacantes por cubrir de un total de

El proceso de selección de postulantes corre por cuenta del Consejo de la Magistratura bonaerense que termina definiendo las ternas. Luego es el Poder Ejecutivo quien elige a una de las tres personas, arma el pliego y lo envía al Senado. Una vez que el senado aprueba el pliego, el expediente regresa al Ejecutivo. El Poder Ejecutivo revisa los pliegos votados, decide si corresponde el nombramiento y luego la Suprema Corte toma juramento. Recién ahí entra en funciones la persona designada. Los idas y vueltas de la política con el cambio de gobierno y el retiro de pliegos de gestiones anteriores demoran las designaciones.

A finales del año pasado, el director de la Unidad de Planificación Estratégica del ministerio de Justicia y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Mauro Benente, se refirió en diálogo con los medios a las más de 200 cargos vacantes y afirmó que es un “tema que nos preocupa y, a la vez, ocupa”. “El Consejo tuvo el más bajo funcionamiento de su historia en 2019. Las razones, habrá que preguntárselas a quienes estuvieron en ese momento”, apuntó.

Déficit en la planta de empleados y funcionarios judiciales

Desde la Asociación Judicial Bonaerense, en diálogo con Tiempo Judicial, afirmaron que “no se solicita la creación de nuevos cargos desde el año 2017, de acuerdo con lo solicitado en los presupuestos; desde el inicio de la pandemia no sólo no hubo incorporación de personal, sino que la cantidad bajó de 27.203 en febrero de 2020 a 27.049 en mayo de 2021”.

Además, agregaron que “el fuero de familia sufre una especial sobrecarga, sin embargo, esta situación se repite en otros sectores”, por ejemplo: “En las Defensorías Civiles entre 2017 y 2019 hubo un crecimiento de causas de un 17,3% y un descenso de personal del 0,67%. En algunos departamentos la relación fue más pronunciada, en Mar del Plata las causas se incrementaron un 54,5% en este período pasando de 1366 a 2111 mientras que el total de personal se mantuvo en 54 personas”.

Según los datos brindados por la asociación, en diciembre 2020 había 879 organismos jurisdiccionales de la Suprema Corte de bonaerense en funcionamiento y 139 creados por ley que no habían sido habilitados. “Esto representa un 14% del total de organismos aprobados por la Legislatura provincial en función de una necesidad ya establecida bajo un criterio que contempla la relación entre los niveles de litigiosidad y las proyecciones poblacionales”, explicaron.

Al respecto, el secretario general de la Asociación de Judiciales Bonaerense (AJB), Pablo Abramovich, destacó que “desde la AJB se plantea hace años que uno de los problemas centrales del Poder Judicial en la provincia es la falta de recursos, con el presupuesto actual es imposible responder a la demanda de la ciudadanía en un contexto de incremento de los conflictos sociales y por ende de la litigiosidad”.

“En los últimos años hubo un proceso de profundización del problema, porque desde el 2017 para acá no hubo un proceso de crecimiento, aunque sea a un ritmo menor, la planta personal no creció, en este año 2021 tenemos prácticamente la misma planta”, criticó. 

Asimismo, explicó que “la decisión de incorporar más personal a las plantas es del Poder Ejecutivo, la Suprema Corte por su voluntad no puede incrementar la cantidad de cargos disponibles”, y lamentó que es una decisión que se complementa con una falta de reclamo de la Suprema Corte de que se incorporen nuevos cargos.

Aún quedan otros seis meses para definir si el Gobierno de la provincia decidirá ensanchar las filas de trabajadores judiciales, completar los cargos faltantes de jueces y fiscales y agilizar el engranaje judicial que hace años viene cosechando críticas en todos los sectores de la sociedad.