![Salud en las cárceles Salud en las cárceles](/Uploads/Articulos/600/a08dcde1cc194.png)
El
ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y su par en Salud, Carla
Vizzotti, firmaron hoy la resolución interministerial que pone en marcha el
“Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 2021-2023”.
El
programa está basado en la atención primaria de la salud y tiene por objetivo
garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, tanto
durante su permanencia en prisión como al momento del egreso.
El
plan prevé la continuidad y el fortalecimiento de los controles de salud
anuales para toda la población; la formación de personas privadas de la
libertad como promotores de salud y el relanzamiento de la Diplomatura de Salud
en Contextos de Encierro para equipos de Salud.
También
la promoción del uso de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud para
el abordaje de las enfermedades prevalentes; la consolidación de la línea
telefónica de cobro revertido del Programa de Salud en Contextos de Encierro;
la informatización de las historias clínicas, y la continuidad de la asistencia
sanitaria al momento del egreso, entre otras.
"La
privación de la libertad no debe implicar la supresión de ninguno de los
derechos y garantías que no se encuentran afectados por la condena o por la
ley. Dado que el contexto de encierro configura múltiples barreras para su
ejercicio efectivo, dicho plan constituye una respuesta del Estado para poder
garantizarlos", sostiene el acuerdo.
Las
autoridades detallaron que el acuerdo le otorga un marco institucional a las
acciones que se vienen llevando a cabo en un trabajo articulado entre los
ministerios de Salud y Justicia, y el Sistema Penitenciario Federal, y tiene
como antecedente el acuerdo homónimo ejecutado durante el periodo 2012-2015.
El
mismo avanza sobre nuevas acciones como el reconocimiento de los promotores
como parte de los equipos de salud, además de recuperar el trabajo entonces
iniciado, y operar como modelo para que el plan sea replicado en las provincias
y sus respectivos servicios penitenciarios.
Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, al 31 de diciembre de 2019, 100.634 personas se encontraban privadas de la libertad alojadas en 307 unidades penitenciarias de todo el país, y 52.922 agentes trabajaban en establecimientos penitenciarios.
Fuente: https://www.diariojudicial.com/nota/89585/penal/salud-en-las-carceles.html