El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y su par en Salud, Carla Vizzotti, firmaron hoy la resolución interministerial que pone en marcha el “Plan Estratégico de Salud Integral en el Servicio Penitenciario Federal 2021-2023”.

El programa está basado en la atención primaria de la salud y tiene por objetivo garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, tanto durante su permanencia en prisión como al momento del egreso.

El plan prevé la continuidad y el fortalecimiento de los controles de salud anuales para toda la población; la formación de personas privadas de la libertad como promotores de salud y el relanzamiento de la Diplomatura de Salud en Contextos de Encierro para equipos de Salud.

También la promoción del uso de Guías de Práctica Clínica del Ministerio de Salud para el abordaje de las enfermedades prevalentes; la consolidación de la línea telefónica de cobro revertido del Programa de Salud en Contextos de Encierro; la informatización de las historias clínicas, y la continuidad de la asistencia sanitaria al momento del egreso, entre otras.

"La privación de la libertad no debe implicar la supresión de ninguno de los derechos y garantías que no se encuentran afectados por la condena o por la ley. Dado que el contexto de encierro configura múltiples barreras para su ejercicio efectivo, dicho plan constituye una respuesta del Estado para poder garantizarlos", sostiene el acuerdo.

Las autoridades detallaron que el acuerdo le otorga un marco institucional a las acciones que se vienen llevando a cabo en un trabajo articulado entre los ministerios de Salud y Justicia, y el Sistema Penitenciario Federal, y tiene como antecedente el acuerdo homónimo ejecutado durante el periodo 2012-2015.

El mismo avanza sobre nuevas acciones como el reconocimiento de los promotores como parte de los equipos de salud, además de recuperar el trabajo entonces iniciado, y operar como modelo para que el plan sea replicado en las provincias y sus respectivos servicios penitenciarios.

Según el informe del Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal, al 31 de diciembre de 2019, 100.634 personas se encontraban privadas de la libertad alojadas en 307 unidades penitenciarias de todo el país, y 52.922 agentes trabajaban en establecimientos penitenciarios.