-Para el 2012 yo estaba sufriendo la difusión no consentida de mis imágenes y fotografías íntimas, que habían sido tomadas por mi entonces pareja en el marco de una relación de 5 años. Ahí yo ya sabía que la normativa argentina estaba sumamente retrasada en comparación con los desarrollos a nivel internacional y a mí esto me motivó a que gran parte de este tiempo de mi ruta crítica (del 2012 – 2015) trabajara en la elaboración de un anteproyecto de ley para la penalización por la difusión no consentida de material íntimo, a lo cual también en el estudio de este tema incorporé la penalización potencial del acoso virtual.

Una cosa llevó a la otra y, de repente, antes de estudiar formalmente la especialización en la universidad ya estaba trabajando en el campo atendiendo mujeres y propulsando mi propio caso, dado que nadie entendía nada y todos los especialistas de renombre, que en ese momento eran todos varones, que fueron consultados por mí me respondían lo mismo: “que no se podía hacer nada porque no era un delito”, subestimando mucho la problemática.

Hoy me da mucha bronca ver a estos mismos especialistas colocándose la cucarda de tener más de 10 años de experiencia en el abordaje de la materia. La violencia digital hacia las mujeres hoy es una problemática visibilizada y ya surgen de debajo de las baldosas estas personas que en su momento me dijeron que no podían hacer nada desde su forma de trabajar. 

-La realidad es que en el 2014, cuando denuncié, la respuesta de la Justicia me decepcionó en todas las instancias. Mi causa tuvo una primera carátula: “revelación de secretos”. Esto me llevó, al ser un delito de instancia privada, a pasárselo al fiscal, y el fiscal reconocer su imposibilidad de abordar esta carátula en su función. Entonces, habilitó en ese momento a la defensa del procesado a pedir la nulidad, y se la dieron. Esta torpeza de la Justicia hizo poner en riesgo el expediente. Después, mi abogada y yo, como particular damnificada constituida en esta figura, pedimos que se encuadre en el delito de “amenazas”, ya que mi expareja había ido a buscar a un compañero mío de la facultad del que sospechaba que tenía algo con él. Y a través de él me amenazó indirectamente. Este colega es hoy testigo en mi causa, por supuesto. Pero esta carátula de amenaza tampoco prosperó.

Pasados los 4 años, la causa corría riesgo de prescripción. Estuve en una delgada línea de perder todo lo actuado, y además con pruebas que se iban incorporando en el camino. Y se dio luego una incorporación pésima por parte de la Fiscalía Nº 11 que en ese momento intervenía: Álvaro Garganta.

Por ejemplo, los puntos de pericia que pedíamos, en materia de pericias informáticas, se hacían sin ganas ni conocimiento, directamente se cumplía con el “requerimiento de la particular damnificada” con lo mínimo e indispensable. Entonces, cuando se lograba incorporar la prueba era realmente insuficiente.

En todo este camino logré un giro de tuerca relacionado con una nueva carátula “lesiones psicológicas graves”, agravadas por el propósito de causar sufrimiento y en el contexto de violencia de género. Esa fue la instancia que salvó no sólo la causa de caer en prescripción.

Padecí, por supuesto, secuelas psicológicas. Llegué a pedir las pericias psicológicas y psiquiátricas para él, me las denegaron, en el 2015, diciendo que no era necesario, que no le daban lugar. Y en todo este camino él seguía libre a pesar de que la nueva carátula habilitaba su detención. Y habiendo conseguido la perimetral y un botón antipánico, mi expareja violó estas medidas precautorias en 4 oportunidades. Lo que generó 4 nuevas denuncias, y 4 nuevos expedientes que quedaron en mi denuncia y nunca se propulsaron.

-Desde el 2016 más o menos a la actualidad, nos mantuvimos con mi abogada plenamente conscientes de que la causa estaba siendo bombardeada por la defensa del imputado en todo momento, así que corría riesgo de que se pidiera la nulidad y que se la dieran. Por supuesto, bien propio de la defensa de los violentos machistas, los abogados de él apostaron a dilatar y demorar la causa en todo momento. Ante cualquier situación o instancia que se le permitiera, la apelaban. Esto demoró en la provincia de Buenos Aires en el departamento judicial de La Plata al menos unos 8 meses hasta que se resuelve en el órgano de revisión, y vuelve a bajar a Primera Instancia.

Entonces, constantemente, la causa estaba en una situación de apelación, y cuando no había instancia o resolución para apelar, la defensa del hoy imputado lo que hacía era buscar cualquier otra resolución, incluso de una instancia precluida y la apelaba igual. Entonces, hasta que se resolvía que es inadmisible ese recurso, ganaban entre 7 y 9 meses. Denunciamos con mi abogada las artimañas perpetradas por el imputado para dilatar todas las instancias para que la causa llegue al término de prescripción, pero la Justicia no dio lugar a nuestras presentaciones. Al contrario, la mayoría de las veces que denunciamos estas maniobras por parte de la defensa del imputado y del imputado le renovaron el plazo para que él pueda instrumentar lo que necesitara. Esto es un clásico en las defensas penales de imputados por violencia machista.