Fiscalía de Estado recurrió la sentencia que había dictado la sala III del fuero contencioso
La Casa de Gobierno no está de acuerdo con el fallo
que obliga a la Provincia a publicar los detalles de la construcción del nuevo
edificio de la Legislatura. Por eso, la Fiscalía de Estado apeló la sentencia
que había dictado la sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, a
instancias de una demanda del ex legislador radical, Juan Roberto Robles. En
opinión de los abogados del Estado, los vocales Sergio Gandur y Ebe López
Piossek resolvieron el proceso judicial de manera arbitraria.
El Poder Ejecutivo (PE) interpuso el recurso de
casación para solicitarle a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) que
revoque la resolución de Gandur (hijo del presidente del alto tribunal, Antonio
Gandur) y de López Piossek. El dirigente radical Robles había concurrido al
fuero contencioso debido a que, según argumentó, la Provincia no había rendido
los gastos producidos por la construcción del inmueble de la Cámara, ubicado en
calle Muñecas 951. Cuestionó además la postura del Gobierno provincial respecto
a la falta de difusión de datos. E instó al tribunal a que “se haga cesar el
estado de incertidumbre sobre la constitucionalidad o no del accionar del PE,
al no rendir cuentas sobre la obra”.
La contratación directa del proyecto, de la
realización y del equipamiento fue habilitada por la Legislatura en junio de
2008, mediante la sanción de la ley N° 8.073. En aquella sesión, sólo el
radical José Cano -entonces legislador- se opuso a las facultades conferidas
por el cuerpo colegiado a Juan Manzur. El hoy gobernador, en esos momentos, era
presidente del cuerpo colegiado. Gracias a las potestades otorgadas por las
normas, Manzur le adjudicó la construcción del inmueble a Tensolite SA. El
proyecto fue llevado a cabo por el estudio porteño Peralta Ramos-Sepra (sigla de
Sánchez Elía, Peralta Ramos y Agostini) Arquitectos SA. En 2011, el radical
Robles había planteado una acción meramente declarativa. Ahora, El PE intenta
revertir el fallo del fuero contencioso.
La Fiscalía de Estado, a cargo de Daniel Leiva y de
Federico Nazur (adjunto), interpuso el recurso de casación con la firma del
abogado Aldo Luis Cerutti. “La sentencia no importa una derivación cabal,
racional, razonable y suficiente del ordenamiento jurídico vigente y aplicable
al asunto en debate, ni de los hechos conducentes comprobados en la causa”,
manifestó el letrado. Cuestionó además los alcances de la resolución de los
magistrados. “El tribunal escuda su razonamiento en la mentada vulneración de
un derecho, el acceso a la información pública, con absoluta prescindencia no
sólo de los hechos relevantes comprobados y del ordenamiento jurídico
aplicable, sino también de la posición defendida por la propia parte demandante
durante todo el proceso”, indicó Cerutti. En ese sentido, calificó de
“arbitraria” la sentencia que dictaron Gandur y López Piossek. Y agregó que ese
fallo implica un supuesto de “gravedad institucional”. “La cuestión en debate
trasciende el interés correspondiente a los litigantes para comprender a la
comunidad provincial en su conjunto”, añadió la Fiscalía de Estado.
Cerutti citó jurisprudencia (fallos de la Corte de
la Nación) y a diversos autores para sustentar su planteo. “La pretensión
declarativa promovida (por Robles) siempre estuvo dirigida a cuestionar la
presunta inexistencia de controles en la ejecución del gasto público vinculado
a la obra pública del nuevo edificio de la Legislatura”, indicó el letrado. Y
aclaró que todos esos controles fueron realizados y publicados por el Tribunal
de Cuentas.
“Información
sesgada”
Gandur (h) y López Piossek le habían dado la razón
a Robles. “La información brindada por la parte demandada (la Provincia) se
presenta sesgada, haciendo referencia únicamente a los diarios de las sesiones
y al dictado de normas consecuentes”, indicaron los vocales. Y agregaron: “en
lo que atañe a la obra en sí, denota la falta de interés en dar cumplimento a
lo solicitado, ya que realiza referencias genéricas a montos pagados sin
indicar o referenciar el destino específico de los montos y quiénes los
percibieron, pretendiendo esgrimir que resulta suficiente contar con la
acreditación brindada a través del Tribunal de Cuentas, siendo que estos sólo
aprobaron el pago de las partidas solicitadas, sin indicar los conceptos a los
que se imputa en detalle cada contraprestación”.
El recurso de casación planteado por la Casa de Gobierno llevará probablemente el expediente a la Corte Suprema de Tucumán. Así, el alto tribunal debería dilucidar si corresponde o no la difusión de los costos del edificio legislativo.
Fuente: http://m.lagaceta.com.ar/nota/677095/politica/pe-apelo-fallo-lo-obliga-decir-cuanto-costo-edificar-camara.html