![La agenda 2022 de la Corte: conflictos políticos y demandas modernas La agenda 2022 de la Corte: conflictos políticos y demandas modernas](/Uploads/Articulos/600/6455b9d69b504.jpg)
En Comodoro Py, la cuestión se puede agitar porque la causa “Vialidad”, en donde la vicepresidenta, Cristina Kirchner, podría tener veredicto pronto en un juicio oral que lleva 3 años de audiencias orales presenciales y remotas y que se definiría en el primer semestre del año.
Las defensas de los acusados, en especial Carlos Beraldi, abogado de CFK, elevaron recursos en la causa Vialidad que deben ser resueltos por la Corte Suprema, en un tribunal dividido par cada tema y cada voto. Los cuestionamientos son sobre la posible nulidad de las pericias técnicas que generaron su elevación de juicio. “Puede haber sentencia adversa para Cristina”, dijeron en off a Tiempo Judicial.
El máximo tribunal de Justicia además tiene en estudio nueve recursos vinculados con el juicio oral por corrupción en la adjudicación de la obra pública en Santa Cruz. El proceso involucra a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al empresario Lázaro Báez así como a Julio De Vido y José Lopez.
No es el único caso que podría generar tensiones entre el kirchnerismo y la Corte, sino que la posible confirmación de otra condena a De Vido por la Tragedia de Once también debe resolverla ya que sus abogados recurrieron.
Disputa CABA vs. Nación
Como ocurrió durante el peor año de nuestras vidas con la pandemia de Covid-19 y la cuarentena con la polémica por las clases presenciales, el conflicto entre el gobierno nacional de Alberto Fernández y el gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta tendrá a la Corte en el ojo así como algunos recursos por la sensible causa “Correo Argentino” que involucra a la familia del ex presidente Mauricio Macri.
La demanda por la quita de coparticipación a Larreta por la reducción de puntos al GCBA en septiembre del 2020 tendrá que ser resuelta por la Corte. Recordemos que el presidente Alberto Fernández decidió reducir por decreto el 1,18% de la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires, que pasó de tener 3,5% a 2,32% del total de fondos coparticipables, lo que fue judicializado por el gobierno porteño ante el Máximo Tribunal de Justicia.
Otros temas de agenda de la CSJN
En este sentido, la agenda de la Corte también pasará por temas menos políticos pero no por eso menos importantes. La CSJN tratará una demanda sobre el uso del cannabis medicinal y su constitucionalidad para someterse a un programa estatal de investigación experimental realizado por una usuaria harta de esperar y soportar dolores. La demanda que llegó manifiesta que debe haber condiciones para acceder de manera gratuita al aceite de cannabis y sus derivados con fines medicinales (exigencia prevista en el artículo 7 de la Ley 27.350 - de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados). Y también cuestiona la prohibición del autocultivo para consumo medicinal para menores de edad.
Internet y las redes sociales es otro tema que tratará este año con una demanda por el famoso Derecho al olvido donde los ministros analizarán el pedido de bloqueo de información disponible en Internet, y de URLs específicas, que aluden a la privacidad de los recurrentes por hechos del pasado.
Más allá de la agenda difundida por la propia Corte, la eutanasia y la fecundación asistida fueron dos demandas que llegaron a la Corte que están en manos de los cuatro ministros. En este sentido, según lo difundido por la Dirección de Comunicación Institucional de la CSJN, la preservación de especies en peligro de extinción y su actividad económica, es especial un conflicto con el yaguareté, se deberá resolver en el año.
En el marco de lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, se plantea la necesidad de resolver un pedido tendiente a la preservación del hábitat de especies en peligro de extinción, junto con la suspensión de la explotación productiva en la zona involucrada.
Por último, el máximo tribunal tiene para resolver los conflictos con los "corredores inmobiliarios". Se analizarán los conflictos sistémicos suscitados entre los colegios de corredores y las empresas que brindan servicios complementarios a la actividad inmobiliaria, respecto de los alcances de la actividad profesional en cuestión.
La de corredor inmobiliario es una profesión regulada tanto por la Nación como por las provincias y, a su vez, los mencionados conflictos afectan a toda la categoría de profesionales. Se suma a ello que ya han recibido soluciones de diferente tenor en distintas jurisdicciones. Se encuentra, por tanto, en debate, si se trata de una cuestión de jurisdicción nacional o provincial, quedando, a su vez, alcanzado, el derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita contemplado en el artículo 14 de la Constitución Nacional.
Fuente: http://tiempojudicial.com/2022/02/08/51835/