La jueza María Jimena Monsalve, es la candidata por la lista “Compromiso Judicial” para el Consejo de la Magistratura de la Nación. Se define como “asociativista, defensora de las minorías, cultora de la resolución alternativa de conflictos”, sufrió con el Covid, dice que la Justicia nunca paró en la pandemia. Destaca sus 30 años de trayectoria en el Poder Judicial y los Ministerios Públicos, tanto en la justicia federal como en la nacional. Actualmente está al frente del Juzgado Nacional de Ejecución Penal N° 5, con sede en la Ciudad de Buenos Aires.
Su formación comenzó en la Universidad de Buenos Aires como abogada, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales, entre otros logros académicos. Es fundadora y presidenta de la Asociación Argentina de la Justicia de Ejecución Penal. Es también fundadora de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica. Integra la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Nación, donde actualmente se desempeña en el cargo de Prosecretaria General. Pertenece a la Asociación Argentina de Mujeres Jueces y la Red de Mujeres para la Justicia. Entre otras actividades, forma parte del “Programa de Género en el Sistema de Justicia Penal” de la OEA-CICAD, y lleva adelante en su juzgado, desde hace cuatro años el “Programa de Justicia Terapéutica para personas que cometen delitos asociados a las drogas”. Fue destacada por el Senado de la Nación, por su invalorable aporte al tratamiento de la drogodependencia.
El Covid y la Justicia
En abril de 2021, la jueza de 48 años, no estaba vacunada, era asmática y contrajo la enfermedad. El caso generó repercusión en las redes sociales y llegó a los medios nacionales. Hoy, cuenta lo ocurrido y cómo las secuelas del Covid-19 cambiaron sus hábitos.
“Fue desesperante ver de cerca el colapso sanitario y la sensación de no poder superarlo. Darme cuenta de que no teníamos aseguradas las camas en los sanatorios conveniados a través de la Obra Social del PJN. Jamás pensé que el caso iba a repercutir de esa manera. Lo di a conocer por el deseo de que ninguna otra persona transitara esa experiencia horrible, de esperar 14 horas por una cama, sintiendo que me ahogaba. Me llamaban de los medios para dar testimonio, cosa que era imposible por mi estado de salud. Yo estaba con miedo, transitando la enfermedad con dificultades y con oxígeno.”, explicó la jueza Monsalve.
¿Cómo influyó en el Poder Judicial los protocolos impuestos por el Covid y que enseñanza dejó a más de 2 años de pandemia?
Como cabeza de una unidad jurisdiccional me sentí en la necesidad de cuidar al personal desde el inicio de la pandemia, y de atender a sus situaciones familiares, como la pérdida de seres queridos o la sobrecarga por las tareas de cuidado. Es un punto importante a considerar y en esta nueva etapa de candidata pienso mucho en la post pandemia. Debemos capitalizar lo que se ha ganado en este corto tiempo en cuanto a los avances tecnológicos y a la celeridad procesal. No hay que regresar al modelo anterior.
Cada juez o jueza evalúa cómo compatibilizar la presencialidad con el estado edilicio, tomando en cuenta por ejemplo, la escasa ventilación de los juzgados. En ese sentido, dispuse un régimen de presencialidad alternada, para evitar la aglomeración en los lugares donde no tenemos ventanas y poder asegurar la higiene de los espacios. El juzgado funciona perfectamente.
¿La pandemia dejó algo bueno para la Justicia como la digitalización?
El Poder Judicial nunca se detuvo o tomó descanso, ya que la Corte incluso suspendió la feria invernal del 2020, durante la pandemia. En ese difícil escenario, teníamos que valernos de un sistema que no estaba preparado para la digitalización ágil de expedientes, como tampoco para soportar el trabajo remoto, esto para contextualizar el panorama. A ello se suma que la tarea no sólo se limitaba a la carga habitual relacionada con la privación de la libertad o casos que comprenden violencia de género, que no podían esperar, sino también una enorme cantidad de incidencias de prisión domiciliaria que resolver. Pudimos canalizar la atención no sólo telefónica sino con el uso del correo electrónico, que se responde en el día. De ese modo, optimizamos también los tiempos del personal, que puso sus propios insumos tecnológicos al servicio de la justicia. Fue un desafío la digitalización como medio para lograr un servicio de justicia más eficiente.
En el juzgado que tengo a mi cargo, pudimos lograr la digitalización completa de los expedientes, es decir, se eliminó completamente el papel. Teníamos una duplicación de acciones en nuestro fuero de Ejecución -así como sucedía en otros- con los expedientes digitalizados y replicados en el papel.
Por ello, esas acciones dieron sus frutos y nuestro juzgado pudo trabajar con continuidad, todos los días desde que empezó la pandemia. La virtualidad en las audiencias también hizo que se optimizaran los tiempos, en esta línea es importante destacar que las que se realizaban con las personas privadas de libertad, por vía remota, constituyó un avance impresionante y una herramienta fundamental de protección de derechos de justiciables y víctimas.
¿La tecnología llegó para quedarse al Poder Judicial tan criticado de obsoleto?
En ese sentido, tenemos que instrumentar mejor la forma de modernizar al Poder Judicial, qué herramientas ofrecer a magistradas y magistrados para que la tecnología sea parte de una justicia moderna. Estoy sorprendida por la buena recepción de los destinatarios, de las partes, ya sea por Whatsapp, correos electrónicos, o con los celulares -que hoy son muy importantes-. Gracias a la utilización de estas herramientas digitales, la mesa de entradas ya no se llena de gente, ganando así, capacidad operativa del personal. Es un momento de grandes desafíos para lograr una justicia eficiente y moderna.
¿Cómo se gestó su elección como candidata de la lista Compromiso Judicial?
Desde el inicio del espacio me sentí identificada con Compromiso Judicial. Con personas que conozco de mi historia de 30 años en el Poder Judicial. Es un espacio democrático, plural y sobre todo, que piensa permanentemente en la independencia judicial, en una justicia donde la política no se entrometa tan promiscuamente. Nos consolidamos como un espacio joven y prometedor. Es un honor para mí poder dar continuidad a la tarea de Leónidas Moldes y de Juan Manuel Culotta que, entre otras cosas, impusieron un trato cercano, llano y personalizado acercándose así con las diferentes problemáticas que sufre el Poder Judicial en todas las jurisdicciones.
Los espacios históricos de representación de la Asociación de Magistrados y Funcionarios fueron mutando, y muchas personas dejamos de sentirnos identificadas con ciertas cosas que, entendemos, no son aceptables. Los problemas políticos no pueden reflejarse en los estamentos del Consejo de la Magistratura, es inaceptable que esos problemas incidan, por ejemplo, en la elección de una magistrada o magistrado, para cubrir una vacante.
Tenemos que atender las necesidades de las y los juezas y jueces de todos los días, los edilicios, la administración eficaz de las unidades jurisdiccionales, la capacitación acorde a las exigencias actuales, así como también justamente dar celeridad a los concursos, para cubrir cuanto antes las vacantes. En esta línea de ideas sostenemos enfáticamente que ya que los recursos son escasos, deben ser repartidos equitativamente y acorde a las necesidades y no por amiguismos o cercanía con el oficialismo de turno.
¿Qué los diferencia de la listas Bordó y Celeste?
Creo que la primera diferencia tiene que ver con los espacios de conducción que han ocupado representantes de otras listas. No han rendido sus frutos, en cuanto a los objetivos por los que había que trabajar muy seriamente. Desde nuestro espacio siempre se trabaja y lucha por la despolitización del consejo, que ya no sea una brecha tan marcada donde queda desdibujada la verdadera función de la institución y así zanjar dichosa e insoportable grieta. Se brega por el compromiso absoluto con la independencia judicial. Tenemos posiciones fundadas y firmes, como el “No al traspaso”, con fundamentos de índole absolutamente jurídica y relacionados con la administración de justicia posible dentro de nuestro esquema institucional.
Nos caracteriza el compromiso de la cercanía con la magistratura y el funcionariado, porque priorizamos la comunicación, para entender la peculiar problemática en cada tribunal con asiento en las jurisdicciones federales del país. El Consejo tiene que llegar a todas y todos, con sus diferentes pretensiones y necesidades. De puertas abiertas.
Por otro lado, creo que existen diferencias con las candidatas de las otras listas. En mi caso, transcurro el 7mo. año en el ejercicio de la magistratura, luego de haber trabajado 20 de los 30 años de carrera judicial en la Cámara Federal de Casación Penal, cuando supo ser Nacional y abarcaba todas las competencias penales. Es hora de capitalizar esa experiencia, que fue de federalidad absoluta, aprendí a escuchar y conocer el trabajo y las realidades de los tribunales federales del país y claro, de la justicia nacional. Por mi rol actual, tengo vínculo asiduo con las jurisdicciones federales del interior. Todo ello será plasmado en esta nueva función.
He demostrado también con el trabajo en mi juzgado que la innovación no me paraliza, sino por el contrario, encaro el desafío de renovar las prácticas de intervención, la desformalización, con programas concretos como el Programa piloto de Justicia Terapéutica, las prácticas restaurativas, el modo de incorporar a la víctima, la oralidad, la modalidad interdisciplinaria de abordar las medidas de seguridad buscando el acuerdo de partes, entre otras.
¿Cuál es la posición de la lista sobre el cupo de género en la Justicia?
En Argentina tenemos una normativa vigente que inició un proceso de transformación en cuanto al reconocimiento de las desigualdades y al diseño acorde a la exigencia los organismos de protección de DDHH. Llevar adelante acciones positivas, con enfoque diferenciado, no solo para que se integren las unidades jurisdiccionales con la misma cantidad de mujeres que de varones, sino sobre todo, lograr la ansiada transformación, y generar y promover el cambio cultural, que se tiene que dar cuanto antes.
Las políticas públicas deben apuntar a ello y es necesario que entendamos que los marcos de decisión en los casos deben ser integrales, porque el género comprende todas las diversidades y singularidades, sólo así se obtendrá una mejorar calidad de respuesta de la justicia a este proceso de transformación de la sociedad. No solo pensamos en un cupo, sino una construcción en equidad del género, que va a demorar en consolidarse. Necesitamos caminar en conjunto con los varones y las personas diversas, que se integren también las nuevas masculinidades a la vida cotidiana y a la vida judicial. Llevará tiempo desarticular la estructura patriarcal y jerárquica de años. Pero de a poco los cambios están sucediendo.
De otro lado, vencer esas barreras servirá para ofrecer mejores respuestas a la cada vez mayor cantidad de casos que se presentan, para identificar adecuadamente la problemática de género en el trabajo cotidiano, en la resolución de los conflictos. No sólo deben preocuparnos las causas por violencia de género, el problema es cultural y atraviesa todos los procesos y espacios judiciales. Ese debe ser el primer objetivo a conseguir a través de la paridad: mejorar el servicio de justicia atendiendo las causas subyacentes de los casos que llegan a nuestros estrados. Comprender las verdaderas necesidades de las partes. Con mirada integral e interdisciplinaria.
El actual consejero por esta lista es el juez Juan Manuel Culotta..
¿Qué piensa de la actualidad del Consejo tras el fallo de la Corte por su composición?
Desde el estamento de jueces y juezas intentamos cumplir el fallo de la Corte Suprema con las elecciones previstas para el próximo 7 de abril. Creo que para el límite del 15 de abril tendría que estar resuelta la incorporación de la nueva integrante, que será jueza de primera instancia.
En relación a los otros estamentos, cada uno sabrá que quiere o puede hacer con su representatividad en el Consejo y con el interés de tener una silla más sobre su grupo de pertenencia. Nosotros intentamos cumplir con el fallo, aunque haya llegado con sorpresa y con tiempos escasos. Se abre una nueva discusión de reforma del Consejo de la Magistratura, ojalá sea para hacerlo más eficiente.
¿Están de acuerdo con la actual composición o con los 20 consejeros sumando al titular de la Corte Suprema al organismo?
No es un tema de cantidad en los órganos de decisión, sino que el problema es de representatividad y de porcentajes. De cómo incidiría la cantidad de representantes de cada estamento en una reforma posterior.
Nosotros estamos de acuerdo con una palabra fundamental, que es la despolitización del Consejo y sabemos que la designación de los magistrados y magistradas llega a partir de la actuación de los tres poderes del Estado en un acto federal complejo. Entonces, en esa lógica el Congreso tiene su momento de participación en la designación cuando interpela, así como el PEN elige y envía un pliego de un candidato entre tres opciones. Aquí parecería interesante reformar esta etapa de selección de los candidatos elevando por ejemplo la representación académica, o de estamentos que puedan centrarse efectivamente en evaluar las capacidades para llevar adelante un juzgado o un tribunal con eficiencia.
En este sentido, no hay otro camino que la despolitización, porque hemos aprendido, que no es posible tener que sufrir las consecuencias de las discusiones políticas de otro orden que afectan directamente a nuestro Poder Judicial y nada tienen que ver con él. Yo creo que el Congreso ya tiene su momento asignado en este proceso y es en el momento de la interpelación de los candidatos a jueces. Hay que revisar esos aspectos, si empañan el proceso de selección.
¿Entonces decís que los legisladores no tienen que ser parte del Consejo?
No digo que no tengan que ser parte, pues representan a la ciudadanía toda, sino que no deberían tener el mismo nivel de participación en la etapa inicial de selección, pues forman parte en otros actos fundamentales. Tal vez tenga que revisarse esa cuestión. Hay muchos modelos de Consejo para mirar, en las provincias argentinas y en el mundo, modelos donde participan los presidentes de los Superiores Tribunales y otros en los que no, modelos con mayor o menor cantidad de consejeros. Hay que dar un debate académico pensando cuál sería el modelo más acorde a las necesidades de este Poder Judicial federal y nacional y haciendo autocrítica sobre los aspectos que no han funcionado hasta ahora.
En definitiva, creo que hay que analizar un modelo que nos permita salir de las discusiones partidarias, y que sea un órgano que logre administrar eficientemente nuestras decisiones orgánicas como un poder independiente del estado. Los modelos que funcionan son los que no están trabados por las cuestiones políticas y donde se analiza en profundidad la administración de justicia eficaz y la selección cuidadosa de sus integrantes pensando en qué justicia se desea para la ciudadanía.
¿Qué piensa de la frustrada reforma judicial y del Ministerio Público Fiscal?
Creo que la última propuesta de reforma apuntaba a la Justicia Federal y si bien es la justicia que más aparece en los medios, no es la que transitan los ciudadanos todos los días. La sensación es que se dirigió hacia algo que no constituye el nudo del problema. Pienso que la falla en la comunicación provoca generalización, descalificación infundada a toda la justicia. Estas críticas a la ineficiencia tienen que ver con otro eje que defiende nuestra lista: los datos y la transparencia.
Es fundamental una innovación en la visibilidad de nuestro trabajo, que consten datos relevantes, jurisprudencia, novedades, de cada unidad jurisdiccional, en una plataforma web donde se vea con simpleza el producto del trabajo de los jueces y juezas de primera instancia, el trabajo real. Nosotros desde el fuero de Ejecución Penal mostramos nuestro trabajo siempre que se da la oportunidad y eso debería suceder a nivel nacional, mostrando la cantidad de los procesos, sistematizando los datos en forma sencilla y desde el Consejo de la Magistratura. Es la forma de contrarrestar, entre otras cosas, muchas fake news. No es tolerable que la ciudadanía no acceda a esa información, para saber qué situación transita el juzgado que tiene que atender su caso. Jueces, juezas y ciudadanos necesitamos que de ese paso, para consolidar así un aspecto muy importante de la democracia: la publicidad de los actos y la confianza en el servicio de justicia.
Otro eje de nuestra propuesta es el reemplazo del sistema Lex 100, porque es una herramienta que cumplió en su momento su propósito pero actualmente ya quedó obsoleta. Necesitamos aggiornarlo a las necesidades actuales de la Justicia. Propiciamos el desarrollo de una nueva herramienta desde Compromiso Judicial.
¿Qué piensa del traspaso de la justicia a la Ciudad y del intento de la Legislatura porteña de involucrarse de hecho en la cuestión con una ley contra la Justicia Nacional?
Estamos en contra del traspaso, no especialmente por una cuestión del funcionariado o de no ser jueces o juezas porteños, sino desde un análisis racional de los argumentos por los cuales hace años que no se logra el traspaso completo de la Justicia Nacional a la órbita de la C.A.B.A.
La justicia nacional tiene asiento en la Ciudad y lleva adelante procesos en los que son parte organismos públicos nacionales. Los litigios involucran organismos que no justifican la intervención de la justicia federal, sino de la nacional. Hay que realizar un análisis completo de cada fuero y de los expedientes, de los casos. No son sólo las competencias penales sino un problema más grande: causas laborales, civiles, comerciales, las de todos los fueros. Ello como vía de principio para poder entender las razones reales.
El traspaso no puede constituir un enfrentamiento político, sino un análisis de cada uno de los fueros a evaluar. En mi caso, uno de los problemas que se encuentra en discusión es que la ciudad no tiene cárceles propias, tampoco en la ciudad funciona un fuero de ejecución penal. Los Jueces Nacionales de Ejecución Penal tenemos a disposición un tercio de los detenidos en las cárceles federales de todo el país y tenemos jurisdicción sobre los 35 establecimientos penitenciarios federales. No es una función local. Los jueces laborales atienden litigios en los que es parte el Ministerio de Trabajo de la Nación, no son incumbencias locales. La pretensión del traspaso excede la órbita de una justicia local o provincial, por razones históricas. Lejos estamos de no querer ajustarnos a la Constitución Nacional. Pero el planteo debe ser otro, porque la dificultad es palmaria.
Sobre la intromisión de la Legislatura porteña, desde nuestro espacio no podemos estar de acuerdo con que un órgano legislativo se arrogue facultades que no posee, dado que la justicia nacional se regula por las leyes que dicta el Congreso Nacional. Creo que nos encontramos con una situación teñida de discusión política, no analizada por los operadores reales de la justicia. Me atrevería a decir, que caprichosamente se ignoran estas argumentaciones. Por último, lo que sucedió con el fallo del TSJ de la Ciudad genera inseguridad jurídica a los ciudadanos. Las vías recursivas deben estar codificadas y ser claras. Porque con la administración de justicia no se puede jugar de ese modo.
¿Qué piensa de la reforma jubilatoria a jueces y juezas impulsada por el Gobierno Nacional?
Creo que la comunicación de la Justicia está en crisis y tenemos que profesionalizarla. El dilema es la forma de abordar estos temas, con transparencia y eficiencia. En este sentido, creo que no se buscó establecer diálogo y consenso, sino que apareció una noticia de golpe, que sorprendió. No se encontraba el tema nuevamente en discusión.
Estas acciones constituyen una intromisión de un poder en el otro, porque toca además casos particulares muy sensibles. La reforma reciente que está vigente ha generado una tremenda litigiosidad y muchas situaciones de desprotección, que no se han dado a conocer públicamente en detalle, pero existen. Luego, hay que entender la diferencia de regímenes especiales, que nacen, entre otras cosas, por ejemplo, por las incompatibilidades para ejercer libremente la profesión y el comercio. Limitaciones que no tienen el funcionariado de los otros poderes.
Es muy estricto nuestro régimen, contempla aportes muy superiores a los demás estamentos, del 18% y sin topes. Hay que destacar también que la carrera judicial, en la mayoría de los casos supera los 40 o 50 años de aportes y más años aún. Personas que han trabajado desde los 18 años hasta los 75, pasando por todos los cargos y realizando un aporte diferencial. Por eso considero que es lógico que se hayan judicializado las situaciones complejas que han socavado derechos previsionales adquiridos, estas cuestiones tienen que ponerse en valor.
En resumen, esta discusión que se debería dar no es política, sino académica, porque la Constitución Nacional prevé la intangibilidad como garantía de la independencia judicial. Estos atropellos informales deben darse en una discusión de otro nivel académico, en el ámbito del derecho y de la economía. No estamos cerrados a los cambios, pero deben ser consensuados y respetuosos de la división de poderes. Eso pensamos desde Compromiso Judicial.
LISTA
7 de abril. Elecciones en el Consejo de la Magistratura de la Nación.
#SUMÁCOMPROMISO
Dra. María Jimena Monsalve | CONSEJERA
Dra. Macarena Marra Giménez | Suplente Primera
Dra. Moira Fulana | Suplente Segunda
Dra. Carolina Pandolfi | Suplente Tercera
Fuente: http://tiempojudicial.com/2022/03/09/somos-un-espacio-democratico-que-piensa-permanentemente-en-la-independencia-judicial/
